La pulseada para imponer un “aporte solidario y extraordinario” a las grandes fortunas personales está lejos de cerrarse, ya que el privilegio rechaza siquiera un roce a sus intereses y pretende cerrar el camino a cualquier intento de reforma fiscal progresiva e integral.
En estos días quedo nuevamente en evidencia la mezquindad del establishment local, virtudes y vacilaciones de un gobierno heterogéneo y las limitaciones que enfrenta el propio movimiento nacional y popular.
El Estado busca obtener a futuro unos 300.000 millones de pesos, modesto ingreso que lejos está de compensar los fuertes gastos que ya realizó en medio de una abrupta caída de sus recursos por la atroz pandemia mundial, la que agravó la destrucción económica que dejaron cuatro años de neoliberalismo macrista.
A la inversión en asistencia social o la destinada a recuperar y adecuar el demolido sistema de salud, se sumaron $ 490.000 millones que completaron parte del salario de los trabajadores de unas 200 mil empresas mediante los ATP ((Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción), y cubrir necesidades de los más postergados con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
Cuando la mentira es la verdad
La avaricia del bloque dominante es alabada sin originalidad ni vergüenza por el coro de sus voceros mediáticos, adulación de la que en Diputados se hizo cargo el bloque de Juntos por el Cambio, con inusuales dosis de falsedad e hipocresía.
Allí, repitieron textualmente falacias aportadas por las entidades que agrupan a las grandes corporaciones, según la cual nos esperan múltiples desgracias si 10 mil de los 45 millones de argentinos resignan una modesta cuota de sus riquezas.
Nada tendrá que aportar el 99, 88% de los argentinos, pero la exigencia al restante 0.02% provoca la indignación de la oposición política y mediática, sensibilidad ausente ante el drama de 21 millones de compatriotas sumergidos en la pobreza.
Argumentan que la contribución implica “doble imposición”, pese a que no se trata de un nuevo impuesto, y amenazan con frenarla por ser “confiscatoria”, aunque apenas pagarán entre el 2% y el 3,5% del patrimonio declarado ellos mismos.
¿Confiscatorio que lo paguen por única los diez residentes que en el país tienen fortunas que van de los 920 a los 5.400 millones de dólares? Confiscatorio es que a los trabajadores se le retenga el 21% de todos sus consumos, nada menos que $10.500 pesos mensuales, en el caso de que su salario llegue a $50.000.
Absurdo es que para llegar a los meritocráticos 5.400 millones de dólares que acumula la familia Bulgheroni, debería poder ahorrar el total de su salario, sin gastar un peso, durante 12.000 siglos. Si, doce mil siglos ¿Hay algo más injusto e irracional?
Jamás podrían probar en tribunales la confiscación y doble imposición que prohíbe nuestra Constitución Nacional, mucho menos que le produzca el “daño irreparable” que exige el derecho. En cambio, es cierto y comprobable el desconocimiento por décadas de los derechos consagrados en su artículo 14 bis, ese que nunca citan y que dispone la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas.
Al borde del delito, amenazan con una “rebelión fiscal” y se escandalizan ante la “discriminación” a los capitales en el exterior. Silencian que esos son activos financieros, mayoritariamente constituidos por ilegal plata negra que en su momento fugaron, y que solo tendrán una alícuota superior si rechazan repatriar un 30% de lo que tienen en el extranjero.
Afirman que se trata de un “castigo a la producción y al empleo”, que se obligará a “vender maquinarias y desprenderse de inmuebles” o incluso que se “fundirá a las Pymes”, pero fue su gobierno el ya fundió a 25.000 de ellas, castigó tanto a la producción como al empleo y obligó a rematar inmuebles.
Mienten a sabiendas. Este gravamen no ase aplica a ninguna empresa, ya que está destinado a los magnates y no a sus compañías. Y se calculará sobre el patrimonio neto, es decir del que resulta de descontar cualquier deuda, dentro del cual los inmuebles se consideran a su valuación fiscal, es decir aproximadamente el 10% de su valor real en el mercado.
Ocultan que solo el 5% del patrimonio de esta elite corresponde a inversiones en las empresas, como lo ponen en evidencia sus propias declaraciones juradas. La mayor parte del 95% restante está dolarizado y nada tiene que ver con la producción: está invertido en bonos, sobre todo del tesoro estadounidense, acciones en compañías extranjeras que trabajan en el exterior, o depositado en cuentas off shore.
Vaticinan que se “ahuyentará las inversiones”, cuando fue durante su gobierno que las extranjeras retrocedieron a niveles del año 2000. Pese a la baja de impuestos al patrimonio, la apertura a las importaciones, la desregulación del mercado de capitales y el endeudamiento externo, hubo sequía en lugar de lluvia, y los capitales se fugaron masivamente.
Aducen que “no se aplican en ninguna parte del mundo” y que “son parte de un pasado superado”, cuando este tipo de medidas están hoy en pleno debate internacional, particularmente en los países más desarrollados; que las promueven estudiosos, grandes empresarios y organismos multilaterales, incluido el propio FMI, a cuya derecha se sitúan cómodamente.
Es sabido, pero silenciado, que Europa grava las rentas individuales con tasas de entre el 40 y el 55%, muy por encima de las argentinas y que los tributos extraordinarios se impusieron más de una vez en su historia. También que se proponen en Brasil o Chile, mientras Joe Biden planteó que EE. UU eleve al 39,6% la alícuota anual en concepto de ingresos personales.
La encrucijada del gobierno
La miseria en Argentina no surge de la pobreza de millones, sino que es consecuencia de un modelo de renta y rapiña, que a costa del sufrimiento de muchos permite la obscena riqueza de unos pocos.
El actual rechazo del establishment excede la propuesta en análisis, para convertirse en una muestra de hasta donde están dispuestos a llegar si se concreta la promesa de una reforma tributaria, que recaude donde corresponde lo que hay que recaudar, y de forma regular y permanente.
El fin de la decadencia tiene como uno de sus prerrequisitos terminar con el regresivo sistema tributario actual, que lejos de diferenciar las distintas capacidades económicas (y por lo tanto contributivas de individuos y empresas) esquilma a los que menos tienen: el 30,5% del total de los ingresos del fisco proviene del IVA, un impuesto al consumo, mientras menos del 1% proviene del único impuesto nacional que existe sobre el patrimonio, Bienes Personales.
Es alentador que el gobierno avance con este proyecto en medio de la crisis y los estragos de la pandemia. Y que lo haga luego que el violento desalojo de las familias que reclamaban una tierra para vivir en Guernica.
Algunos interpretaron ese día como un punto de inflexión en la confianza de parte de su propia militancia, preocupada ante el retroceso en la expropiación a los estafadores de Vicentin, el incremento de apenas 7% a trabajadores estatales que vienen de perder un 37, 2% con el macrismo, o una fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicará sin actualizar la mínima por encima de la línea de pobreza y la posibilidad de acceder a una canasta básica de subsistencia.
El maltratado concepto de solidaridad, que se aplica indistintamente a un mínimo aporte de los multimillonarios como a recortar beneficios de los que están un poco menos mal, para compensar a los que están peor, expresa algo más grave: incomprensión de quien, y cómo, debe pagar el costo de la crisis; o lo que es peor, la fortaleza del pensamiento liberal en el propio gobierno.
Es el caso de una inaceptable definición del ministro de Trabajo, según el cual “sueldo digno es el que estemos en condiciones de pagar y sostener”, dejando de lado la discusión acerca de donde provienen los recursos para conjugar ambos verbos. Claudio Moroni elude encarar el tema desde cualquier concepto de justicia social, incluido el que sostuvo la decisión de Juan Perón de instituir el “salario mínimo, vital y móvil”, pero también exhibe deprecio por el papel del salario como dinamizador del mercado interno, único motor virtuoso de la recuperación económica.
Sin despejar sombras, con el “aporte solidario” se retoma una dinámica y una agenda que incluye las iniciativas parlamentarias para impedir el deterioro ambiental y la especulación con la quema de campos, la prohibición de endeudar al país para financiar gastos corrientes, o de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ante esta compleja encrucijada, y en medio de una pulseada que lejos está de definirse, todavía cabe preguntar si ¿se cree, o se confía, en que la actual relación de fuerzas se puede mejorar limitándose a búsqueda de acuerdos superestructurales o de mayorías en las cámaras legislativas?
La desfavorable relación de fuerzas, que pese al triunfo electoral se mantiene a favor del bloque dominante, solo puede modificarse con protagonismo y organización del pueblo en defensa de sus derechos y la demanda un modelo de país realmente inclusivo.