El presidente Milei acaba de entregar a Starlink, la empresa de Elon Musk, la conectividad de 6.000 escuelas rurales de nuestro país. El acuerdo “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina» (Resolución 663 de Enacom) dispone que el Fondo de Servicio Universal (FSU) destine 22 millones de dólares para ese fin, provenientes de una donación a cargo de Starlink, de 6.000 kits de servicio de conectividad satelital (dispositivos, logística y servicios) por valor estimado en 10 millones de dólares y 12 millones que aportaría el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) durante dos años.
Al cabo de los dos años, por un año más, las provincias y los municipios deberán afrontar el pago mensual por escuela de 160 U$S por un servicio que, hasta la fecha, ARSAT, empresa del estado argentino de soluciones satelitales, brinda por solo 60 U$S, casi un tercio del costo del servicio de Starlink. Actualmente la empresa argentina provee de este servicio a 1.845 escuelas rurales e interviene en la provisión de conectividad para otras 11.000 por redes terrestres de fibra óptica. Señalemos que el estado nacional le adeuda a ARSAT 60 millones de dólares, como parte de su famoso equilibrio fiscal. A su vez, la empresa de Musk podría deducir su donación del 1% que debería aportar mensualmente al FSU según el Reglamento que rige para las empresas de telecomunicaciones.
No queda claro de lo publicado qué sucede al cuarto año, si las provincias y municipios deberían seguir atadas al contrato con Starlink, y si en caso de discontinuarlo qué sucede con la dependencia tecnológica que este contrato supone.
Starlink presentó la propuesta el 15 de julio y en 9 días el gobierno de Milei firmó el acuerdo express, sin concurso ni subasta. Hablamos de cifras que son migajas para este gigante tecnológico. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el verdadero interés de Musk? Claramente, contratar a una empresa que controla las comunicaciones satelitales con casi 8.000 satélites que orbitan nuestro planeta y atraviesan nuestro espacio aéreo, supone el desfinanciamiento de la empresa estatal nacional, ARSAT, que disputa el derecho de nuestro país a tener un lugar soberano en las comunicaciones satelitales.
Por otra parte, ¿qué ocurrirá con los conocimientos que podrían subirse a este sistema de comunicación? ¿Podrá la docencia subir aplicaciones de elaboración propia con contenidos como, por ejemplo, la soberanía de Argentina en Malvinas, la contaminación ambiental de la Inteligencia Artificial no regulada, o el ordenamiento geopolítico militar al que EEUU e Israel están sometiendo a los países de América del sur y el Caribe? ¿O también controlará Musk los contenidos de lo que enseñan nuestras escuelas?
Agreguemos a esta pérdida de soberanía, el extractivismo de datos de nuestras jóvenes generaciones a las que se expone nuestro país con esta entrega. Los datos son el insumo de la construcción de conocimiento que las empresas requieren para el diseño de sus políticas económicas, sociales y militares. Hoy los gigantes tecnológicos se disputan la extracción de datos del mundo para el control en un Gran hermano mundial que pone en peligro la independencia de los pueblos y abre interrogantes de su uso para el futuro de la humanidad.
El programa de la docencia, defensora de la educación pública en esta etapa histórica, debe sumar la lucha contra la injerencia imperialista en nuestras escuelas. Promover por una educación que desarrolle el pensamiento crítico, al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares, de una nación soberana, en el camino hacia una sociedad sin explotados ni oprimidos, que, a su vez, cuide el planeta para las generaciones futuras.
Fuente: https://enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2026/res663.pdf
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