Primero quienes despedían trabajadores, a los que Alberto Fernández calificó como “infames”, continuaron despidiendo, violando una ley y burlándose del enojo presidencial.
Después, los estafadores de la cerealera exportadora Vicentin, que iban a ser expropiados, siguieron con lo suyo.
Más tarde, la presión de los supuestos dueños de la tierra logró el desalojo y la represión estatal de centenares de familias indefensas en la localidad bonaerense de Guernica.
Luego, la Corte de Suprema de INJusticia confirmó de hecho traslados ilegítimos de jueces y desconoció las decisiones de un instituto de la Constitución (el Consejo de la Magistratura) y los otros dos poderes de la Republica: el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo.
Mas adelante, una Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspende el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, confirmado por el Congreso, que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable, con lo que dejó a 18 millones de usuarios a merced de los tarifazos de Clarín-Telecom, y a los más postergados sin derecho alguno.
Hoy la Corte de INJusticia, desconoce la emergencia nacional aprobada por el Congreso y un DNU presidencial que busca defender la salud pública, la vida de los argentinos, en medio de miles de muertos por la pandemia.
La lista está lejos de ser taxativa, pero si lo es la falta de una reacción equivalente a la agresividad del bloque dominante.
Inevitable recordar el poema adjudicado a Bertolt Brecht y a otros autores.
Imprescindible recordar la dolorosa experiencia de la vacilación y retrocesos de gobiernos de origen popular en Argentina y en Latinoamérica: las fatales consecuencias que su desplazamiento trajo para nuestros pueblos, desde los sangrientos golpes de Estado a las restauraciones del privilegio por vías judiciales, seudo institucionales, o por las mismas urnas.