El juicio por el asesinato del camarógrafo español José Couso Permuy, muerto a los 37 años en Bagdad 2003, avanzó constantemente en España durante toda esta década a pesar del boicot de los gobiernos del Partido Popular (PP) y del Partido Obrero Socialista Español (PSOE). «La causa internacional contra los homicidas estadounidenses del cámara Couso, […]
El juicio por el asesinato del camarógrafo español José Couso Permuy, muerto a los 37 años en Bagdad 2003, avanzó constantemente en España durante toda esta década a pesar del boicot de los gobiernos del Partido Popular (PP) y del Partido Obrero Socialista Español (PSOE).
«La causa internacional contra los homicidas estadounidenses del cámara Couso, asesinado desde un carro blindado en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003, ha seguido avanzado constantemente en España», informaron en Madrid el abogado Enrique Santiago Romero, a cargo de la acusación particular ejercida por la familia y Javier Couso, hermano de la víctima y también periodista.
El juez español Santiago Pedraz renovó el 4 de octubre de 2011 las órdenes internacionales de búsqueda y captura libradas por primera vez en 2005 contra el sargento Thomas Gibson, comandante del carro de combate y autor del disparo; el capitán Philip Wolford, jefe de la unidad de carros de combate que autorizó a Gibson a disparar; y el teniente coronel Philip De Camps, quien autorizó al comandante Wolford a ordenar el disparo en su condición de jefe de la brigada acorazada en que actuaban los carros de combate. El magistrado fijó además una fianza de un millón de euros a estos tres imputados por responsabilidades civiles, ordenando el embargo de sus bienes en caso de no depositarse la fianza.
Pedraz también imputó, en el mismo auto de procesamiento de octubre 2011, a dos superiores en la cadena de mando de estos tres militares procesados, al general Bufort Blount, jefe del cuartel general y comandante de la 3ª División de Infantería de Ejercito Estados Unidos, y al Jefe de la 2º Brigada de la 3ª División, coronel David Perkins.
La querella contra los militares de Estados Unidos responsables del asesinato de Couso fue introducida por su familia en la Audiencia Nacional de España a un mes de cometido el crimen, por «delito contra personas internacionalmente protegidas» por las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH), reconocido por el Art. 611 del Código Penal español, como un delito de asesinato tipificado en el articulo 139 del mismo texto legal.
Los avances en 10 años de juicio han fructificado por el empeño de la acusación particular ejercida por la familia Couso y el compromiso con la justicia del juez instructor Santiago Pedraz. «La causa ha ido avanzando hasta ahora con dificultades, pero de forma constante hasta este momento», dijo el abogado Santiago. Las «dificultades» aluden a una década de oposición legal de la Fiscalía General del Estado, bajo todos los gobiernos, desde José María Aznar (PP, 1996-2004), José Luis González Zapatero (PSOE, 2004-2011) y Mariano Rajoy (PP, 2011-????). «Con el gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía mantiene la misma actitud de ignorancia del proceso, cuando no de oposición al mismo», dijo Enrique Santiago. El gobierno, la Fiscalía y ciertos sectores judiciales sirven abiertamente a la Embajada de Estados Unidos.
Decenas de mensajes de la Embajada de Estados Unidos en Madrid al Departamento de Estado de Estados Unidos que sacó a la luz WikiLeaks en diciembre 2010 describen la coordinación con las autoridades políticas españolas para hacer abortar el «Caso Couso». Como colaboradores de la Embajada de Estados Unidos y las autoridades estadounidenses aparecen varios ministros, Vicepresidenta del Gobierno, el Fiscal General del Estado, fiscales y jueces de la Audiencia Nacional. «Del contenido de los telegramas difundidos se aprecia que en la práctica la Fiscalía General del Estado [a cargo de Cándido Conde-Pumpido] ejercía como asesoría legal de la Embajada de Estados Unidos para conseguir el cierre de la causa, actitud ignominiosa y servil de los poderes públicos españoles ante una potencia extranjera que han difundido una imagen de España como colonia bananera de Estados Unidos», denunció Enrique Santiago.
Crímenes del Hotel Palestina
El asesinato del camarógrafo Couso, de la cadena Tele5, ocurrió a las 11.15 AM del 8 de abril de 2003, a la luz del día, durante la invasión ordenada por el gobierno de Bush hijo. El cámara fue fulminado junto al periodista ucraniano Taras Protsyuk, 35 años, de la agencia Reuters, por un obús de 120 mm disparado por un carro de combate Abrams M1 del ejército de Estados Unidos contra los pisos 14, 15 y 16 del Hotel Palestina donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad desde tres días antes porque así lo dispuso el Pentágono, que expresamente ofreció garantías de seguridad a los corresponsales si residían en ese hospedaje, recordaron Enrique Santiago y Javier Couso.
Tres horas antes del ataque al Hotel Palestina, esa misma mañana del 8 de abril 2003 Estados Unidos dio muerte al periodista Tarek Ayoub, 35 años, de la cadena árabe de televisión Al Jazeera, de Qatar, cuando atacó las sedes en Bagdad de esa red y de la cadena Abu Dabi TV, de los Emiratos Árabes Unidos.
Estados Unidos negó siempre su relación con estos hechos. El ejército de Estados Unidos cambió en 10 años constantemente su explicación para justificar los ataques, recordaron Santiago y Couso. «El propio Collin Powell [entonces secretario de Estado de Estados Unidos] atribuyó estos crímenes a un ‘error’, mientras el Pentágono justificó el ataque diciendo que los tanques de Estados Unidos fueron atacados desde el hotel, y posteriormente, a la vista de que más de 200 periodistas internacionales alojados en el hotel y decenas de televisiones vieron, fotografiaron y grabaron el ataque del carro de combate, negaron taxativamente este hecho y optaron por argumentar -también falsamente- que en el Palestina se alojaba una unidad de observación y dirección de tiro del ejercito iraquí», resumió Enrique Santiago.
Enrique Santiago y Javier Couso entregaron estos pormenores del litigio en dos encuentros en Madrid. Uno, en la cafetería del Círculo de Bellas Artes, y el otro, en el legendario Bar El Chicote de la Gran Vía, famoso la década de 1930 por haber sido frecuentado por Hemingway, corresponsales de guerra y gente del cine. Según Santiago, este bar estaba tan cerca del frente de Madrid que muchos combatientes republicanos de la guerra civil, en vez de irse a dormir a sus casas paraban allí sus vehículos militares para conversar sus horas de licencia hasta que el amanecer los regresaba a sus puestos. Ahora se denomina Museo Chicote. (Continuará).
Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.