‘Mientras en las noticias de la tarde rodaban las imágenes de Saddam revisándose los piojos en su cabeza, se firmó subrepticiamente la ley de presupuesto del Intelligence Authorization Act (Ley de Autorización de Inteligencia) para el año fiscal 2004″. (1) Con poca fanfarria y ninguna cobertura de grandes medios, el 13 de diciembre de 2003 […]
‘Mientras en las noticias de la tarde rodaban las imágenes de Saddam revisándose los piojos en su cabeza, se firmó subrepticiamente la ley de presupuesto del Intelligence Authorization Act (Ley de Autorización de Inteligencia) para el año fiscal 2004″. (1)
Con poca fanfarria y ninguna cobertura de grandes medios, el 13 de diciembre de 2003 el presidente George W. Bush convirtió en ley la controvertida Intelligence Authorization Act, mientras que la mayoría del país festejaba la victoria de las fuerzas de EEUU en Irak y la captura de Saddam. Ninguna de las grandes corporaciones de prensa cubrió la firma de esta legislación, que incrementó el financiamiento de las agencias de inteligencia, amplió dramáticamente la definición de instituciones financieras «vigilables» y autorizó al FBI a obtener sin autorización judicial los expedientes privados de individuos sospechosos de presunta actividad criminal. Las libertades civiles estadounidenses estuvieron de nuevo bajo ataque.
La historia proporcionó los precedentes para tales acciones: a lo largo de los años 90 fueron erosionándose las protecciones jurídicas. Como parte de la Ley Contra el Terrorismo de 1996, adoptada en la estela del bombardeo de Oklahoma y cuando la fechoría se relacionó con los deberes oficiales de los trabajadores, el departamento de Justicia fue conminado a publicar retrospectivamente estadísticas desde 1990 sobre amenazas y crímenes reales anti federales o contra el Estado y datos de los empleados locales y sus familiares inmediatos. La pesquisa estadística, que debía continuar desde entonces hasta la fecha, motivo reparos de miembros del Congreso (2) a la amenaza que este tipo de legislación planteaba a las libertades civiles americanas, que podían extremar mucho más las disposiciones legales, incluyendo una mayor tolerancia para las escuchas telefónicas.
Maraña de espionaje ciudadano
La ‘atmósfera del miedo’ generada por los recientes ataques terroristas, extranjeros y domésticos, proporcionó a las administraciones la ayuda necesaria para adoptar una nueva legislación rigurosa. En respuesta a los ataques del 11 de septiembre, se crearon nuevas agencias, programas y burocracias. Por ejemplo, la Oficina de Información Total (Total Information Office) es una rama de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa del Pentágono (Defense Advanced Research Projects Agency). Tiene como misión ‘imaginar, desarrollar, aplicar, integrar, demostrar y trasladar información tecnológica, componentes y prototipos, circuitos cerrados, sistemas de información que respondan a amenazas asimétricas para alcanzar conocimiento de información total’.(3) Otra entidad gubernamental recolectora de inteligencia, la Oficina del Conocimiento de la Información (Information Awareness Office), tiene la misión de recopilar tanta información como sea posible sobre cada quien en una locación centralizada para facilitar la lectura atenta del gobierno de EEUU. La explotación de la mina de la información se ha convertido en negocio del gobierno.
En noviembre de 2002, el New Yor Times divulgó que la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) desarrollaba un sistema llamado «Total Information Awareness (Conocimiento Total de la Información, TIA), pensado para detectar terroristas analizando repeticiones de información. El sistema, desarrollado bajo la dirección de John Poindexter, entonces director de la Oficina del Conocimiento de la Información del DARPA (Information Awareness Office), fue diseñada para facilitar el acceso a la aplicación de la ley de datos confidenciales a ciudadanos privados sin sospecha de fechorías y protegidos por las garantías civiles (4). El nombre del programa TIA fue cambiado por Terrorist Information Awareness (Conocimiento de Información Terrorista) el 20 de mayo de 2003 ostensiblemente para clarificar el intento del programa de más bien abrir expedientes de ciudadanos de EEUU que recopilar información sobre presuntos terroristas.
A despecho de este cambio conocido, la comisión de Asignaciones de Defensa del Senado aprobó por unanimidad, el 18 de julio de 2003, negar expresamente el financiamiento a las investigaciones TIA. En respuesta, el Pentágono propuso el Multistate Anti-Terrorism Information Exchange, o MATRIX (Intercambio de Información Anti-Terrorista Multiestatal), programa ideado de largo tiempo por el amigo de la familia Bush Hank Asher como un esfuerzo piloto para incrementar el enlace e intercambio de datos de terrorismo sensible y otra información criminal entre el ámbito local, el estado respectivo y las agencias federales de aplicación de la ley. El MATRIX, según lo ideado por el Pentágono, es una herramienta generadora de información para operar en los estados, y soslayar de ese modo la preocupación del Congresos respecto a la asignación de fondos federales para desarrollar esta controvertida base de datos. Aunque la mayoría de los estados rehusaron adoptar esas estrategias orwellianas, Ohio, Pennsylvania, Connecticut y Florida optaron por subirse al vagón del TIA.
De cualquiert manera, después del aparente éxito en desmontar el TIA y la preocupación expresada por los representantes Mark Udall de Colorado, Betty McCollum de Minnesota, Ron Paul de Tejas y Dennis Moore de Kansas, y pese al aumento de la conciencia pública sobre el MATRIX, la ley Acta de Autorización de Inteligencia (Intelligence Authorization Act) fue firmada el 13 de diciembre de 2003 (5).
Big Brother Control
El jueves, 20 de noviembre de 2003, la representante de Minnesota Betty McCollum dijo que ‘el liderazgo republicano insertó una disposición controversial en la autorización de fondos de inteligencia FY04 Informe Autorización de Inteligencia (Intelligence Authorization Report) que expandirá más la gran envergadura ya de suyo grande de la Ley Patriótica (Patriot Act) de EEUU, amenazando erosionar todavía más nuestras caras libertades civiles. Esta disposición otorga al FBI el poder de exigir, sin autorización de ningún juez, expedientes financieros y de otra naturaleza, desde las oficinas de correo, corretajes de propiedad inmobiliaria, distribuidores de automóviles, agencias de viaje, corredores bursátiles y muchos otros negocios. Esta disposición fue aprobada con poco o nada de debate público, sin incluir tampoco ninguna consideración de parte del Comité Casa Judicial (House Judiciary Committee), que es el organismo de jurisdicción. Llegó como una sorpresa para la mayoría de los miembros de este cuerpo’. (6)
Según LiP Magazine, las ‘agencias gubernamentales y de aplicación de la ley y los contratistas de MATRIX a través de la nación tendrán un amplio y extenso acceso, sin precedente, a los expedientes financieros, los expedientes médicos, los expedientes de las cortes, registros de votantes, historial de viajes, grupo y afiliaciones religiosas, nombres y direcciones de miembros de la familia, compras y lecturas de libros’. (7)
Peter Jennings exploró las aplicaciones comerciales de esta acumulación de información en un informe original de la cadena ABC. El periodista y escritor Peter O’Harrow, quien colaboró con ABC Noticias en el programa «Ningún lugar dónde ocultar» de Jennings dijo que «los estados, los vendedores, quizás ahora los investigadores del gobierno, podrán estudiar qué le gusta hacer a la gente, qué clase de actitudes tiene, qué compra en la tienda de comestibles y licores’. (8)
Aunque este programa ventiló el tema por una estación de televisión corporativa de primera línea, no hizo ninguna mención del potencial para el uso erróneo que ofrece esta red de información personal o de la controversia que rodea a las violaciones en el derecho a la privacidad y a la limitación de las libertades civiles que afectará por igual a ciudadanos y funcionarios. Una vez más la posesión compartida de esta clase de información personal no tiene precedentes.
El 12 de noviembre de 1999, Clinton firmó la ley Gramm-Leach-Bliley Act, que permite a las instituciones financieras compartir la información personal de sus clientes con los afiliados dentro de la compañía propietaria. El Intelligence Authorization Act of Fiscal Year 2004 amplió la definición de institución financiera «vigilable» para incluir a las agencias de propiedad inmobiliaria, las compañías de seguros, las agencias de viajes, los servicios proveedores de Internet, los correos, los casinos y también otros negocios. A causa de las fusiones corporativas masivas y la adquisición de volúmenes de nueva información incorporada, los datos personales del consumidor se han puesto fácilmente a disposición de cualquier agencia interesada en obtenerla, sea comercial o gubernamental.
Con el uso de nuevas tecnologías emergentes, tales como el chip de identificación de radio frecuencia y los chips de pequeñas computadora individuales capaces de comunicarse con una gran computadora receptora, se podrá literalmente seguir al consumidor desde el lugar en que hizo su compra hasta el armario de la cocina, y podrá ser supervisado por todas las partes interesadas.
«Dime qué lees para saber quién eres»
Actualización de Ana Miranda: EEUU están en riesgo de transformarse en una sociedad de vigilancia hecha y derecha. La enorme explosión de las tecnologías de vigilancia, combinada con el debilitamiento en curso de la protección legal de la privacidad, nos lleva hacia una sociedad de vigilancia. La buena noticia es que puede ser detenida. Desafortunadamente, por ahora el panorama es muy torvo. (9)
Quince disposiciones de la Ley Patriótica (Patriot Act) tenían fijado expirar a fines de 2005. Una enmienda, la ‘Disposición Biblioteca’, salió antes del Congreso, en junio. A pesar de la amenaza de veto del presidente Bush, los legisladores -incluyendo a 38 republicanos- votaron 238 contra 187 para acabar con la disposición, que previamente permitió a las policías [llamadas genéricamente»funcionarios de la aplicación de ley»] recabar y obtener información sobre libros solicitados a las bibliotecas sin necesidad de obtener antes una autorización judicial de búsqueda. Aunque las policías todavía tienen ‘derecho’ a buscar expedientes en bibliotecas, primero deben conseguir la aprobación de un juez.
El ministro de Justicia, Alberto Gonzales, informó al Congreso en abril que esta disposición nunca se utilizó para adquirir información, aunque la Asociación Americana de Bibliotecas reportó recientemente que las bibliotecas recibieron más de 200 peticiones de información desde que fue firmada la ley Patriot Act, en octubre de 2001.
El vuelco de la disposición sobre bibliotecas se interpreta como una pequeña victoria en la lucha por restablecer los derechos a la privacidad. La representante Saunders, quien fue responsable del éxito de la derogación de la disposición el año pasado, comentó que los ‘grupos conservadores han estado ensamblando progresivamente organizaciones para llamar por cambios’. (10)
Matrix
La lucha por los derechos a la privacidad continúa alcanzando más éxitos, como el cierre oficial del programa Matrix el 15 de abril de 2005. El programa, iniciado en 13 estados y solamente con cuatro estados faltantes antes de su eliminación, recibió financiamiento por 12 millones de dólares de los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Patria.
Utilizando un sistema llamado FACTS, Factual Analysis Criminal Threat Solution (Solución de Análisis de Amenaza Criminal Efectiva), los «funcionarios de la aplicación de la ley» de los estados participantes podían compartir la información unos con otros y utilizaron este programa como una herramienta de investigación para ayudar a solucionar y a prevenir crímenes. Según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, ‘entre julio de 2003 y abril de 2005 hubo 1.866.202 indagaciones con aplicación FACTS’. (11) Sin embargo, solamente el 2,6% de las averiguaciones implicaron terrorismo o seguridad nacional.
Aunque MATRIX ha terminado, los «funcionarios de la aplicación de ley» de Florida siguen aplicando y reconstruyendo continuamente el programa. Los funcionarios han enviado llamados para vender información iniciando un proceso de oferta competitiva.
Identificación y Tecnología RFID
El presidente Bush firmó secretamente -el 10 de mayo de 2005- la ley de identificación llamada REAL ID Act, requiriendo a los estados para que emitan las tarjetas federales aprobadas de identificación electrónicas dentro de los próximos tres años. El REAL ID Act pasó sin escrutinio ni discusión del Congreso por estar añadido como enmienda a una cuenta de financiamiento de emergencia para las tropas en Afganistán e Irak.
El hurto de la identidad es uno de los principales temores que despierta la tarjeta de identificación electrónica. El mandato de la ley dispone que las cédulas contengan medidas contra la falsificación, tales como una tira magnética legible electrónicamente o un chip de tecnología RFID. Los defensores de la privacidad alegan que los chips RFID se podrían leer en exploradores ‘no autorizados’, permitiendo que terceros, o el público en general, recopilen y/o roben la información privada sobre un individuo. En medio de una preocupación cada vez mayor por el hurto de la identidad, el REAL ID Act no otorga ninguna consideración a esta desventaja.
Otra preocupación de privacidad que concita la tarjeta de identificación electrónica es el riesgo de uso de su información por parte de terceros, una vez que hayan explorado las tarjetas y accedido a la información. En este sentido, la ley no especifica qué se puede hacer con la información. Una compañía o una organización que explore una tarjeta de identificación podría potencialmente vender esa información personal si el mandato de la ley no asigna pautas terminantes sobre qué hacer con la información.
La inhabilidad de conformidad de identificación amenaza con dejar paralizados durante los próximos tres años a los ciudadanos y residentes de EEUU. Las tarjetas de identificación que no se ajusten a los estándares federales asignados por el mandato legal no serán aceptadas como identificación para viajar, ni para abrir una cuenta bancaria, recibir cheques de la Seguridad Social, o acceder a ventajas que otorgue el gobierno, entre otros impedimentos.
Notas:
1) LiP Magazine. http://www.lipmagazine.org/.
2) The Washington Post December 01, 1997, Final Edition.
3) http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Information_Awareness.
4) Electronic Privacy Information Center http://www.epic.org/privacy/profiling/tia/. Information Awareness Office, See HR 2417.
5) Ibid.
6) Congressional Record: November 22,2003 pg.E2399. http://www.fas.org/irp/congress/2003_cr/h112203.html.
7) LiP Magazine. http://www.lipmagazine.org/.
8) ABC News. http://abcnews.go.com/Technology/Primetime/story.
9) http://www.aclu.org/Privacy/PrivacyMain.cfm.
10) http://bernie.house.gov/documents/articles/20050406114413.asp.
11) http://www.fdle.state.fl.us/press_releases/20050415_matrix_project.html.
Fuentes:
Information Management Journal, Mar/Apr 2004
Título: «PATRIOT Act’s Reach Expanded Despite Part Being Struck Down»
Autor: Nikki Swartz
LiP Magazine, Winter 2004
Título: «Grave New World»
Autor: Anna Samson Miranda
Capitol Hill Blue, June 7, 2004
Título: «Where Big Brother Snoops on Americans 24/7»
Autores: Teresa Hampton y Doug Thompson
Evaluador: Facultad John Steiner, Ph. D.
Estudiante Investigador: Sandy Brown, Michelle Jesolva
(*) El Proyecto Censurado (Project Censored) de la Universidad Sonoma State, California, ofrece todos los años un estudio sobre las 25 grandes noticias más ocultadas por la gran prensa de EEUU. Estas «25 historias top» sobre grandes temas sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía actualizada de la sociedad estadounidense, cuyo conocimiento permite comprender mejor los designios del imperio. Ver textos completos (en inglés) en http://www.projectcensored.org/censored_2006/index.htm#1
(**) Títulos y subtítulos del traductor
Traducción de Ernesto Carmona** (especial para ARGENPRESS.info)