Bush firmó silenciosamente la Ley de Autorización de Defensa 2007 (Defense Authorization Act of 2007) el 17 de octubre de 2006, conjuntamente con la Ley de Comisiones Militares (Military Commissions Act,), a fin de facultar al Presidente para movilizar tropas militares adonde desee, dentro de Estados Unidos, e incluso tomar el control de las […]
Bush firmó silenciosamente la Ley de Autorización de Defensa 2007 (Defense Authorization Act of 2007) el 17 de octubre de 2006, conjuntamente con la Ley de Comisiones Militares (Military Commissions Act,), a fin de facultar al Presidente para movilizar tropas militares adonde desee, dentro de Estados Unidos, e incluso tomar el control de las bases y unidades estatales de la Guardia Nacional, todo esto sin requerir el consentimiento del gobernador del Estado, ni de las autoridades locales, y con el fin de ‘suprimir desórdenes públicos’.
Revisando los dos siglos de vigencia de la Ley de Insurrección (Insurrection Act), la nueva legislación efectivamente abroga la Ley Posse Comitatus, que prohíbe terminantemente la participación militar en la aplicación de la ley nacional. Esta norma de 1878 expresa que ‘excepto en casos y circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución o por el Congreso, quienquiera que utilice voluntarios de cualquier rama del Ejército o de la Fuerza Aérea en tareas de policía o resguardo de la ley será multado bajo este título o encarcelado por dos años, o ambas’.
Como el único estatuto criminal de EEUU que proscribe las operaciones militares dirigidas contra ciudadanos estadounidenses, la Ley Posse Comitatus ha sido nuestra mejor protección contra la tiranía fundamentada en leyes marciales, el sistema rígido de normas que se ponen en práctica cuando los militares toman el control de la administración normal de justicia. Históricamente, la ley marcial ha sido impuesta por varios gobiernos durante tiempos de guerra u ocupación para intensificar el control de la población sin tomar en cuenta el aumento del malestar. En épocas modernas ha sido utilizada más comúnmente por gobiernos autoritarios para hacer cumplir normas impopulares.
La Sección 333 de la Ley de Autorización de Defensa de 2007, titulada ‘Importantes emergencias públicas y su interferencia con el estado y la ley federal», indica que «el presidente puede emplear las fuerzas armadas, incluyendo la Guardia Nacional y los servicios federales para restaurar el orden público y hacer cumplir las leyes de Estados Unidos cuando, como resultado de un desastre natural, epidemia, u otra emergencia seria de salud pública, o ataques o incidentes terroristas, u otra condición en cualquier estado o posesión de Estados Unidos, el presidente determinará que ha ocurrido violencia nacional hasta un punto en que las autoridades constituidas del estado o de la posesión son incapaces (o ‘rechazan’ o ‘fallan’) de mantener el orden público a fin de suprimir, en cualquier estado, cualquier insurrección, violencia doméstica, asociación ilegal o conspiración’.
Así, una simple ley del Congreso anula el Acta Posse Comitatus y pavimenta el camino hacia un estado policial, concediendo «legalmente» al presidente la facultad omnímoda de inundar las calles de EEUU con tropas federales y dirigir operaciones militares contra los ciudadanos estadounidenses bajo la fachada de la «imposición de la ley».
El Acta de Autorización de Defensa concede al Pentágono 532,8 mil millones de dólares para la puesta en práctica del nuevo estatuto que además facilita la militarización de la policía contra manifestantes llamados «ilegales extranjeros», «terroristas potenciales» y otros «indeseables» para detenerlos en nuevas prisiones ya contratadas y en proceso de construcción (véase Proyecto Censurado 2007, historia 14) y permite al Pentágono transferir a las unidades de policía local armamento de última tecnología diseñado para suprimir disidentes.
El periodista Frank Morales observa que a pesar de la naturaleza impactante y sin precedentes de esta ley, no ha habido protestas en los grandes medios norteamericanos y poca reacción de nuestros legisladores elegidos para el Congreso. El 19 de septiembre de 2007, un senador solitario -Patrick Leahy, demócrata de Vermont- observó que la Ley de Autorización de Defensa 2007 contiene ‘una disposición extensamente opuesta a no prohibir al presidente más control sobre los cambios de la Guardia Nacional, al adoptar cambios de la Insurrection Act que harán más fácil que éste o cualquier presidente futuro utilice a los militares para restaurar el orden doméstico sin el consentimiento de los gobernadores de la nación».
Algunas semanas después, el 29 de septiembre, durante el trámite de la nueva ley en el Congreso, Leahy manifestó que tenía «graves reservas sobre ciertas provisiones para el ejercicio del Año Fiscal 2007 demandadas por la Ley de Autorización de Defensa», cuyo contenido -dijo- resulta «subversivo para el sólido estatuto de muchos años de la Ley Posse Comitatus que prohíbe la incursión de los militares en la aplicación de la ley interna, haciendo de este modo más fácil que el presidente declare la ley marcial». Leahy dijo que esta derogación de la Posse Comitatus ‘había sido deslizada’ en la ley ‘como una añadidura muy poco estudiada», mientras «otros comités del Congreso con jurisdicción sobre estas materias no tuvieron ninguna ocasión de comentar o debatir esta legislación».
‘Las consecuencias de un cambio de la Ley [Posse Comitatus] son enormes», observó Leahy. «Hay una buena razón -dijo- para que la fricción constructiva existente en la ley devenga en una declaración de la ley marcial». Utilizar a los militares para la aplicación de la ley doméstica va contra uno de los grandes principios fundamentales de nuestra democracia. Cuando hacemos más fácil que el Presidente declare la ley marcial, atropellamos la soberanía local y de los estados, fallamos nuestra Constitución y descuidamos los derechos de los estados»
El periodista Frank Morales afirma que «es particularmente irritante que el presidente Bush haga preparativos al efecto de declararse a sí mismo como dictador… en una coyuntura en que las encuestas muestran su punto más bajo de la historia… y con los demócratas tomando el control del Congreso».
Actualización de Frank Morales
El 24 de abril de 2007, el Mayor General Timothy Lowenberg, general adjunto de la Guardia Nacional en Washington y director del departamento militar de Washington, atestiguó ante el comité judicial del senado sobre el añadido a la legislación que modifica la Ley de Insurrección y el control de los estados sobre la Guardia Nacional (‘The Insurrection Act Rider and State Control of the National Guard’). Lowenberg habló contra la sección 1076 de la recientemente aprobada -en 2007- Ley de Autorización de la Defensa Nacional (National Defense Authorization Act (NDAA), que el Presidente Bush firmó reservadamente como ley el 17 de octubre de 2007. La ley abre el camino para que el Presidente, en el evento de una declaración ejecutiva de ‘emergencia pública’, ejecute la ley marcial, comande las unidades de la Guardia Nacional a través del país y autorice unilateralmente operaciones militares contra ciudadanos estadounidenses.
Esta movida hacia la ley marcial, que se entiende como facilitadora de medidas más eficaces de contra insurgencia en el frente doméstico, ocurrió, según Lowenberg, ‘sin ninguna audiencia o consulta con los gobernadores y sin ninguna articulación o justificación de la necesidad’. Esto, a pesar del hecho de que la sección 1076 de la nueva ley ‘cambió más de 100 años de relaciones estado-federales y civil-militares establecidas y equilibradas cuidadosamente». En otras palabras -dijo el general-, ‘ con un golpetazo de bolígrafo fTraducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)ueron cambiados cientos de años de ley y de política sin ningún conocimiento público o privado al autor o proponente de este cambio.’
Este «Plan federal para la implementación de la autoridad ampliada de la Ley Marcial» (‘Federal Plans for Implementing Expanded Martial Law Authority) será ejecutado a través del recientemente creado comando militar doméstico, el Comando Norte (Northern Command) o NorthCom. «Una asunción dominante del planeamiento de USNorthCom -dijo Lowenberg- es que el Presidente invocará los nuevos poderes de la Ley Marcial si concluye que el estado o las autoridades locales no poseen la voluntad o la capacidad suficiente para mantener el orden». En efecto, esta «asunción altamente subjetiva» -en palabras de Lowenberg- ha estado presente ahora en los trabajos. Según el general Lowenberg, el USNorthCom ya ha contratado por cierto tiempo el planeamiento deliberativo para la puesta en práctica de la Sección 1076 de la Autorización de la Defensa Nacional 2007. El CONPLAN 2502-05, del USNorthCom, fue aprobado formalmente por el Secretario de Defensa, Robert M. Gates, el 15 de marzo de 2007″.
Además, según el general, las provisiones de la NDAA 2007 ‘se podrían utilizar para obligar a las fuerzas de la Guardia Nacional a involucrarse en operaciones anti disturbios civiles bajo control federal’. En tal caso, NorthCom efectuaría su movimiento hacia la ley marcial mediante ‘CONPLAN’, que posee un acabado ‘plan anti disturbios civiles’, denominado Department of Defense Civil Disturbance Plan 55-2, cuyo nombre en código es Garden Plot (Diagrama del Jardín). El Mayor Tom Herthel, juez y abogado de la General School (Escuela General) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, presentó recientemente las ‘Reglas de Contratación y las Reglas para el Uso de la Fuerza’ durante la puesta en práctica del «Diagrama del Jardín», que según Herthel, contienen ‘el plan para proporcionar lo básico para toda la preparación, despliegue, empleo y cambio de frente de todas las fuerzas señaladas, incluyendo las fuerzas de la Guardia Nacional y llamados al servicio federal activo, para su uso en disturbios civiles domésticos, en una operación dirigida por el Presidente».
Entre otras cosas, las ‘reglas’ permiten el uso de la fuerza mortal durante ‘operaciones civiles domésticas anti disturbio’. Ese es el por qué de muchos que están impulsando al Congreso a abrogar la Sección 1076 de la NDAA 2007 con la promulgación inmediata de la cuenta 513 del Senado.
Introducido en febrero de 2007 y patrocinado por el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, el proyecto intenta abrogar, o como el Congreso lo decida, para ‘restablecer la autoridad anterior en el uso de las Fuerzas Armadas y de la milicia sin tratar interferencia con el estado o la ley federal, y para otros propósitos’, con la ‘abrogación de las enmiendas hechas por la Public Law 109-364-Section 1076 of the John Warner National Defense Authorization Act, aprobadas para el ejercicio económico 2007.’
Es crucial que la Cuenta 513 del Senado se convierta en ley y que nuestra lucha popular tenga éxito en abolir la tentativa del Presidente de legalizar todavía más su poderío inmoral y criminal del control del estado por la vía de movimientos lamentablemente poco aconsejables y dictatoriales orientados a la ley marcial y a la normativa militar.
Fuentes:
Uruknet, October 26, 2006
Título: ‘Bush Moves Toward Martial Law’
Autor: Frank Morales
Estudiantes investigadores: Phillip Parfitt and Julie Bickel
Evaluador de la Facultad: Andy Merrifield, Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)