La Historia de Panamá nos enseña que durante todo el siglo XX cada vez que el pueblo panameño debía, de alguna manera, expresar su opinión con relación al Canal de Panamá, su libertad de expresión y su derecho a la información se vieron restringidos o suspendidos. El ejemplo más claro de lo anterior lo encontramos […]
La Historia de Panamá nos enseña que durante todo el siglo XX cada vez que el pueblo panameño debía, de alguna manera, expresar su opinión con relación al Canal de Panamá, su libertad de expresión y su derecho a la información se vieron restringidos o suspendidos.
El ejemplo más claro de lo anterior lo encontramos en las acciones perpetradas por la dictadura militar para «la aprobación» mediante plebiscito de los Tratados Carter-Torrijos: intimidaciones, censura, cárcel, torturas y destierros estuvieron al orden del día. Y todos sabemos (ellos y nosotros), que dichos instrumentos jurídicos jamás fueron objeto de un verdadero debate y menos de una discusión con plena participación de la población. Las libertades democráticas fueron cercenadas tempranamente y sólo algunas de ellas, restituidas bien tardíamente.
Aquello de que «el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos», y de que «cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático», no forma parte de la cartilla de la mayoría de quienes han venido ejerciendo funciones gubernamentales durante los últimos lustros y, lamentablemente, tampoco es convicción de la mayoría de quienes dirigen, manejan o controlan los medios de comunicación en Panamá.
El megaproyecto de construcción de un tercer juego de esclusas, presentado recientemente por el gobierno nacional, tras muchos años de secretismo en sus estudios y confección, no ha terminado de comenzar a ser conocido por la población cuando ya han comenzado los embates directos y sin rodeos a la libertad de expresión y al derecho a la información que deberíamos poder ejercer sin ningún tipo de aprehensión todos los habitantes de nuestro espacio nacional.
La ciudadanía ha podido, tempranamente, ser testigo del manejo, la manipulación y el control que sobre la información del megaproyecto, sus verdaderos autores, promotores y beneficiarios, sus estudios técnicos o no, documentación, etc., se viene desarrollando descaradamente por parte de las principales autoridades del Organo Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Las disparidades y desigualdades que ya genera la descomposición de la información pone de manifiesto los graves peligros que se ciernen sobre la frágil libertad de expresión existente.
La Fiscalía Electoral que, por mandato constitucional (artículo 144 numeral 1), tiene la función de salvaguardar los derechos políticos de la ciudadanía y el Ministerio Público que debe «Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos (Artículo 220, numeral 3), han optado por guardar un silencio cómplice ante las violaciones que se perpetran por parte de los funcionarios del gobierno y de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.
Así, según informaciones que han circulado, por instrucciones del embajador de Panamá en Washington DC, Federico Humbert Arias, (quien previamente fungió como Presidente de la Junta directiva del Diario La Prensa de Panamá, el director actual de dicho medio Fernando Berguido envió, el 9 de mayo, una carta a la periodista Maribel Cuervo de Paredes en la cual le prohíbe poder publicar su columna semanal que mantenía en dicho diario.
Con la prohibición, los directivos del diario La Prensa aumentan la larga lista de conocidos periodistas, académicos, intelectuales y profesionales panameños a los cuales no les permiten ejercer la libertad de expresión en sus páginas. La decisión tomada es, sin duda, un atentado más al derecho a la información y a la libertad de expresión y a la propia Declaración de Principios de la Relatoría para la Libertad de Expresión y a la Declaración de Chapultepec, que perpetran los directivos del Diario La Prensa de Panamá, quienes han dejado atrás los valores que un día dijeron profesar en materia de libertad de expresión y de derecho a la información.
La periodista Maribel Cuervo de Paredes fungió hasta hace poco menos de un año como directora del Centro Latinoamericano para Periodistas (CELAP) y como conductora del programa televisivo Confrontaciones en la televisora de la Iglesia Católica FE-TV, donde se le clausuró el programa por diligencias realizadas para tal propósito por el actual Gobierno panameño, como en su momento se dio a conocer.
La censura y expulsión de la periodista Maribel Cuervo de Paredes por parte de los directivos del Diario La Prensa de Panamá, interviene en momentos en que en Panamá crece la fuerte campaña propagandística por parte del Gobierno panameño para imponer un SI en el referéndum que preparan para lograr la aprobación que permita la construcción del megaproyecto de construcción de un tercer juego de esclusas por el Canal de Panamá, proyecto apoyado desde el primer momento por los directivos del diario La Prensa y que viene siendo adversado por la periodista Cuervo de Paredes.
Este atentado contra la libertad de expresión, perpetrado por los directivos del diario La Prensa, evidencia una dinámica gubernamental que buscar acallar a quienes adversan el proyecto del tercer juego de esclusas y cuestionan los planteamientos gubernamentales defendidos principalmente por los directivos del diario La Prensa y por lo cual, solo en las dos últimas semanas han recibido más de trescientos cincuenta mil dólares ($350.000) en concepto de publicidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.