Uno de los principios básicos para garantizar una sociedad democrática es la libertad de prensa, en Chile sigue sin estar vigente. Si el 11 de septiembre de 1973 día del golpe militar las voces democráticas sufrieron los azotes de la tortura, la mordaza, el exilio y la muerte, la transición restauradora debía resolver esta inquina. […]
Uno de los principios básicos para garantizar una sociedad democrática es la libertad de prensa, en Chile sigue sin estar vigente. Si el 11 de septiembre de 1973 día del golpe militar las voces democráticas sufrieron los azotes de la tortura, la mordaza, el exilio y la muerte, la transición restauradora debía resolver esta inquina. Mientras sobrevivió la tiranía expropió, intervino y cerró, liquidando, las empresas y medios de comunicación adheridas o simpatizantes al gobierno de la Unidad Popular. El caso mas claro fue expropiar el periódico de mayor venta en la historia de Chile y transformar sus oficinas en centro de tortura y mando de los servicios de inteligencia de Carabineros: El Clarín. Crítico con el gobierno de la Unidad Popular no dejó de apoyar a su presidente Salvador Allende. Su legítimo dueño Victor Pey, español republicano, lo adquirió a principios de 1973 comprandolo al periodista Volpone en el conocido mas tarde como protocolo de Estoril. Tras su adquisición moderniza sus instalaciones, pero el golpe frustra su expansión. Símbolo de la izquierda allendistista, pesa hoy sobre El Clarín una política consistente en evitar su vuelta a la escena nacional. Los gobiernos de la concertación en connivencia con el grupo empresarial monopólico El mercurio mantienen su secuestro y no reconocen los derechos de propiedad a su legítimo dueño.
Tras años solicitando su devolución y como era perceptivo según orden judicial, el estado chileno, no satisface dichas demandas. Para demostrar su nula voluntad de reponer la propiedad y cabecera, y sabiendo la importancia del problema, se inventa una sociedad a la cual hace propietaria de El Clarín y les otorga ocho millones de dolares para dar por zanjado el asunto. El escándalo llega hasta el parlamento y la acción judicial de sus verdaderos dueños traslada el caso al Tribunal Internacional de arbitraje del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, cuya sede se encuentra en el Banco Mundial. Chile seguro de su triunfo acepta su jurisdicción y la contraparte, Victor Pey y la Fundación presidente Allende se comprometen a acatar sus dictámenes .
El caso lleva en dicho Tribunal desde 1997. Su composición es de tres miembros dos a petición de partes y otro designado por el Presidente del Banco Mundial. Victor Pey y la Fundación Presidente Allende propusieron al Juez Bedjaoui, ex presidente del Tribunal internacional de Justicia de La Haya , el Banco Mundial propuso al Juez , catedrático de derecho Internacional Privado de la Universidad de Ginebra, Pierre Lalive. Mientras tanto, Chile, en un acto de mala fe y buscando garantizar un veredicto absolutorio, propuso en primera instancia, a un chileno enmascarado como mexicano el jurista Jorge Witker, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, exiliado y posteriormente nacionalizado. Este ardid, una vez desenmascarado, obligó a proponer en una segunda instancia al ex-ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador: Leoro Franco.
En estos años que dura el proceso, los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos intervienen presionado con todo tipo de artimañas y someten a un marcaje y acoso que no se diferencia de los métodos empleados por la DINA, policía secreta de la tiranía, a quienes trabajan en la defensa del caso. Sus acciones muestran el desprecio hacia la justicia, los derechos humanos y derechos civiles de quienes durante décadas han defendido y lo siguen haciendo la libertad de expresión y de prensa en Chile.
El chantaje implícito hacia los miembros del Tribunal, haciendo público el supuesto costo político y económico de una sentencia desfavorable dan muestra de su mala fe. Incluso, sus portavoces, señalan que puede constituir un atentado contra la estabilidad del orden social. En este sentido utilizan el argumento de insolvencia monetaria en caso de tener que hacer frente a la indemnización por el secuestro de El Clarín que dura ya treinta y dos años. Pero el gobierno chileno sabe que el problema de fondo es otro: la ruptura del monopolio informativo y la apertura a una prensa crítica y veraz fuera de su control. Por ello, sus objetivos son evitar la circulación de un periódico como El Clarín, cuyo regreso supone, en Chile, un cambio cualitativo en el hacer periodístico. Así, durante estos siete años que dura el proceso de arbitraje, Victor Pey y la Fundación presidente Allende batallan por romper el cerco informativo y mantienen un absoluto respeto al Tribunal de arbitraje y sus miembros. En esta lucha por recuperar la libertad de prensa, la edición digital del periódico es ya una realidad. Desde el 29 de agosto de 2005 se puede leer en internet. Edición modesta pero «siempre junto al pueblo» como rezó su cabecera en los años democráticos de Chile.
Mientras tanto, el tribunal Internacional, señala a mediados de agosto de 2005 que ya tiene un proyecto de resolución y que dicha lectura se hará pública próximamente en Nueva York. Ante este acontecimiento, el gobierno de Chile, de manera imprevista, opta por desconocer al Tribunal y a sus miembros, tras años de aceptar su pertinencia. ¿Qué ha sucedido?. Una lectura no ingenua es suponer que el Estado chileno conoce el veredicto y sabedores de su derrota jurídica, recurren para salvarse, como lo hicieran en el tirano Pinochet, a una recusación del tribunal y de sus miembros. Ricardo Lagos, presidente de Chile y en su nombre los abogados de la causa hablan de la inhabilitación de competencias. En otras palabras consideran que sus miembros no son aptos para desempeñar sus cargos y que la institución carece de jurisdicción. Estratagema de última hora para inhibirse y salir del atolladero sin coste alguno. Desvelar esta maniobra de quienes dicen defender la libertad de prensa pero se comportan como sus verdugos al negar su ejercicio, es un imperativo democrático. Para que en Chile reine la justicia se deben reintegrar a sus legítimos dueños los bienes incautados durante la tiranía. De no se así, no se podrá cumplir el anhelo de una sociedad mas justa, mas libre y democrática que inspiró la lucha de Salvador Allende. Hoy, una élite política que vive prisionera de su mentira no esta a la altura de un pueblo que ha mantenido su dignidad a pesar de ellos. La lucha por mantener secuestrado El Clarín es una de sus debilidades y lo saben.