Los pragmáticos abrazos entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez deberían concretarse ya (y no mañana) en la inmediata puesta en libertad de Fredy Muñoz Altamiranda, corresponsal en Colombia de la venezolana Telesur. Fredy fue detenido en días pasados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el más militarizado de América Latina. Fredy trabaja en […]
Los pragmáticos abrazos entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez deberían concretarse ya (y no mañana) en la inmediata puesta en libertad de Fredy Muñoz Altamiranda, corresponsal en Colombia de la venezolana Telesur. Fredy fue detenido en días pasados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el más militarizado de América Latina.
Fredy trabaja en su propio país, Colombia, donde a pesar del cambio en la «correlación de fuerzas» en las pasadas elecciones, el terrorismo de Estado y el asesinato de periodistas continúa siendo moneda corriente. Por tanto, su detención (o su eventual sometimiento a torturas o asesinato) no ha sido «noticia» en los Diarios de América de la SIP, el Miami Herald, El País de España y los «equilibrados» programas de «opinión» de Andrés Oppenheimer, Jaime Bayly, Televisa o CNN.
La policía colombiana (leáse CIA) acusa al corresponsal de Telesur de haber participado en atentados con explosivos en 2002. Sin embargo, la propia fiscalía colombiana aceptó que las pruebas se fundamentan en declaraciones de testigos que a cambio de beneficios penitenciarios aseguran haber reconocido a Fredy a través de sus crónicas en Telesur.
Meses atrás, cuando en esta columna comenté acerca de la trágica situación de Colombia, el señor Luis Guillermo Giraldo (embajador en México) manifestó airadamente que su país es un «Estado democrático y autónomo, donde las formas de pensar y expresarse están reconocidas como básicas en la construcción de la civilidad y el desarrollo» (La Jornada, 8/7/06). Bien. Le tomamos la palabra y aprovechamos la ocasión para preguntar al señor embajador si Fredy Muñoz engrosará la nómina de 121 periodistas asesinados en Colombia desde noviembre de 1987 a septiembre de 2006.
En su misiva, el señor Giraldo me acusó de «pluma desinformada» y «sesgada en sus apreciaciones», negando que el Congreso de su país esté integrado en sus tres cuartas partes por diputados y senadores vinculados a los cárteles del narcotráfico y los paramilitares.
Pregunta uno: ¿qué hacemos entonces con el senador Miguel de la Espriella y la ex parlamentaria Eleonora Pineda, primeros de los 50 líderes políticos colombianos que acaban de admitir haber suscrito un documento en respaldo a una propuesta de los líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)?
Pregunta dos: ¿es o no verdad que durante el primer gobierno de Alvaro Uribe (2202-06) fueron asesinados 18 periodistas; siete de octubre de 2002 a octubre de 2003; cinco a octubre de 2004; dos a octubre de 2005 y tres a octubre de 2006?
Pregunta tres: ¿es o no verdad que muchos periodistas colombianos han optado por el exilio como única forma de preservar sus vidas ante las amenazas de muerte proferidas en su contra, como en los casos de Fernando Garavito y Daniel Coronel, este último amenazado por los hijos de Uribe Vélez desde el computador personal del narcotraficante Carlos Náder, amigo personal del presidente?
La detención de Fredy Muñoz debe ser entendida en un contexto más amplio que el de la siniestra «seguridad democrática» a la que asegura responder Uribe. Si a Colombia le molesta Telesur es porque le molesta «la Venezuela de Chávez». Estamos, pues, ante una maniobra que al decir de Aram Aharonian, director de la televisora, no es aislada.
«Todo indica dice Aharonian que lo que se pretende es criminalizar a Telesur y el trabajo de la corresponsalía en Bogotá, fundamentado en el rigor y la veracidad periodística. Quizás haya gente que busca provocar una nueva crisis entre Colombia y Venezuela, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales en este país y, a la vez, poner una cortina de humo ante la crisis institucional que se vive en Colombia.»
En ese sentido, el problema del gobierno colombiano con periodistas serios como Fredy consiste en dar cuenta de hechos que silencian los medios gatunos del sistema: por ejemplo, el falso atentado con coche bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio pasado, poco antes de la relección de Uribe. La Fiscalía General colombiana calificó de «grosero montaje» la realización de aquel acto terrorista, atribuido en su momento a la guerrilla por parte de un mayor y un capitán interesados en escalar posiciones. Terrorismo de Estado que los expertos en «seguridad democrática» de Uribe califican de «falsos positivos». «Y por lo cual recuerda el ejecutivo de Telesur el Partido Liberal, de oposición, pidió la cabeza de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa».
Cerca de un millar de personalidades y organizaciones del mundo están pidiendo por la libertad del joven corresponsal y el fin de la criminalización de Telesur. Firmas en las que no figuran los «éticos» empresarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ni los mercenarios de Reporteros sin Fronteras, ni los intelectuales «tolerantes» y «democráticos» que en segundos hubiesen armado un escándalo de madre y señor nuestro en caso que el detenido hubiese sido «disidente», en Cuba o Venezuela.