Durante la pandemia las noticias falsas potenciaron su capacidad de daño y hoy son uno de los mayores riesgos que deben enfrentar las sociedades.
¿Qué vías de acción son eficaces para combatir la desinformación? ¿Cómo deberían intervenir los Estados? ¿Qué formas consensuadas y eficaces de política pública de comunicación pueden surgir a partir de esta crisis? Un análisis sobre medios, plataformas y las formas futuras de habitar la vida en democracia.
Si hay un tema que durante los últimos años monopolizó las discusiones académicas y periodísticas alrededor de los “nuevos medios” y su impronta política en las sociedades contemporáneas es el conjunto conformado por ciertas denominaciones del paso de un “ecosistema comunicacional industrial” al “ecosistema comunicacional informacional”. Posverdad, fake news y ahora también infodemia conservan marcas de continuidad con prácticas precedentes y, a la vez, expresan novedades que adquieren una nueva dimensión al incorporarse a la jerga cotidiana y de sentido común.
La noticia falsa o construida sobre hechos inexistentes apunta, en cierto sentido ontológico, a la idea de la desinformación. Su empleo como herramienta política o de manipulación no es novedoso. En ese uso, los medios de comunicación masiva fueron y son un espacio estratégico. Incluso pueden comprometerse en su diseño: un contenido que aparece en las redes digitales es, muchas veces, levantado, difundido y explotado por los medios tradicionales. Y viceversa: un contenido nativo de los medios puede viralizarse exponencialmente a partir del accionar de las redes.
La infodemia, una práctica informativa que genera pánico o promueve conductas incorrectas, es el fenómeno contemporáneo que mejor expuso estos riesgos. La Organización Mundial de la Salud lo empezó a usar en plena pandemia del COVID-19 y en la Argentina fue la Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti quien lo nombró por primera vez. Sus efectos profundizaron la erosión de los sistemas y gobiernos democráticos. Expliquemos por qué: las democracias liberales y los Estados modernos descansan en un complejo entramado de relaciones que no podría sostenerse si la ciudadanía no tuviera la certeza de que el poder político actúa respetando las normas. Ese es el principio básico del contrato social que las fake news y la infodemia corrompen. Al hacerlo, debilitan la confianza y erosionan la democracia. Para visualizarlo estadísticamente: un sondeo de opinión pública de marzo de 2019 realizado por la consultora Solo Comunicación mostró que el 61% de los entrevistados manifiesta chequear la veracidad de la información de actualidad que ve en portales de Internet pero el 26% dice no hacerlo. Una vez enterados de la eventual falsedad de una información que circula, casi la mitad (48%) decide ignorarla. Además, el 34% de los entrevistados dice no chequear la veracidad de la información compartida por WhatsApp. Incluso, el 21% manifiesta haber compartido información de la que luego se enteró de su falsedad.
Durante la pandemia proliferaron en Argentina algunos ejemplos de Fake News, incluso uno de ellos alertado por la plataforma de fact checking Contar (de la que hablaremos en detalle más adelante). El 28 de mayo Clarin.com y A24 mostraron un video en el que se veía a la dirigente social Milagro Sala bailando con otras personas. El contenido audiovisual fue compartido como “El baile de Milagro Sala en plena cuarentena” y generó indignación en gran parte de la sociedad. Más de 130 mil personas lo vieron en Facebook. El video es real pero no ocurrió en el marco de la cuarentena, sino que fue en diciembre del año pasado. La propia Milagro Sala desmintió lo ocurrido en una entrevista con Víctor Hugo Morales en AM 750.
Lo que nos interesa señalar del caso es la potencialidad de las fake news para el daño social, en tanto instrumentos de diseño para la intervención política. Pero, sobre todo, qué rol le cabe a los diferentes Estados y particularmente el argentino en un escenario como éste.
Durante los últimos años y al calor del incremento de las plataformas y redes digitales se multiplicaron los informes tematizados como fake news, a modo de clickbait literario. La mayoría de sus preocupaciones se centran en un sistema de alerta orientado hacia el debate público y el funcionamiento de las democracias centrado en: su incidencia electoral (Trump, Brexit, Bolsonaro) como forma de activación temática de una agenda de polarización; su continuidad con otras patologías mediáticas como las operaciones de prensa; definiciones y taxonomías vinculadas con la des-información y/o la manipulación: el accionar inconsciente de ciudadanos que viralizan información sin verificarla. En esa diversidad de agendas hay un común denominador: la dificultad que la mayoría de esas aproximaciones evidencia al referirse al rol del Estado en estos escenarios.
¿Qué papel le cabe a los Estados nacionales en un contexto de potencial desinformación o información falsa permanente y a gran escala? ¿Son los espacios del llamado fact-checking los más propicios para prevenir, intervenir e interpelar la circulación de estas noticias? ¿Los medios estatales tendrían que formar parte de esas estrategias de desmentida? ¿Deben ser las máximas autoridades quienes se expongan al juego de la desmentida y contesten en primera persona las noticias falsas? ¿El registro de “denuncia” es el único posible frente a la difusión de noticias falsas? ¿O deben fomentarse otros en clave anticipatoria, crítica y pedagógica? ¿El Parlamento puede legislar para impedir, reducir y sancionar la producción y circulación de noticias falsas?
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Una de las formas de abordar la circulación de las noticias falsas y la infodemia fue la proliferación de un nuevo tipo de organización que se autoinstituye como instancia mediadora entre los acontecimientos, los discursos políticos, la prensa y la sociedad. Por lo general, son plataformas digitales las que llevan adelante la tarea del fact-checking o verificación de información, tanto desde el sector privado (Reverso) como las generadas por voluntad pública (Confiar).
Confiar es una de las iniciativas más completas y novedosas (aunque con escasa difusión) del sector público. Propone despejar dudas en torno a las fuentes de desinformación acerca del coronavirus y, para ello, verifica información al mismo tiempo que provee a los ciudadanos de herramientas y criterios para diferenciar la calidad y veracidad de las noticias. Confiar se suma a otras experiencias internacionales con impulso público, como EFE verifica, el sitio de fact checking de la agencia española EFE, o las que poseen otras agencias de noticias internacionales como AFP, AP y Reuters.
Estas experiencias sin duda representan un avance sobre el escenario problemático, pero implican una verificación a cargo del usuario, y en dispositivos (del gobierno o de los medios tradicionales) cuya autoridad suele también relativizarse.
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Desde el inicio del devenir del COVID-19 han circulado diversos tipos de fake news que hacen referencia a cuatro ejes: las posibles conspiraciones sobre el origen del virus; las modalidades de diseminación y contagio; los síntomas y tratamientos; y la eficacia de las medidas gubernamentales. Estos aspectos actúan sobre predisposiciones en la recepción como que la cura sea posible y cierta o que una intención política impulsó la creación del virus.
El rol de los organismos especializados, los medios de difusión y cualquier otra forma de comunicación institucional regida por deontologías profesionales debe ir más allá del aporte informativo y de su sesgo ideológico. Debe ser también excepcional: debemos exigir que al rigor periodístico sumen acciones concretas que para contener las fake news. Pongámoslo a la inversa, ¿es posible pensar formas consensuadas y eficaces de política pública a partir de la ventana de oportunidad que ofrece la pandemia? Por ejemplo, avanzar en el diseño de pautas de ética periodística que orienten la actividad en los medios de carácter público, y que puedan constituirse como una guía para el conjunto del sistema de medios. El documento Ética Periodística en la Era Digital elaborado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) con la cooperación de la Oficina de Montevideo de la UNESCO, sugiere: “Ante el dilema frecuente: o noticias al instante, o noticias producidas sin prisa, la diferencia la hace la voluntad de servir a la audiencia antes que al negocio. La prisa por la verdad inmediata afecta la verdad. También la afecta, y ¡en qué forma!, la violencia ambiente”.
También existen un conjunto de rutinas integradas al programa de la comunicación profesional que podrían adaptarse al estado de excepción que transitamos. Por ejemplo extremar el ajuste de la comunicación de crisis al momento de difundir una política pública, donde debería trazarse una narrativa de continuidad que vaya desde el anuncio a la aplicación efectiva de la política, desde la asignación de recursos hasta la distribución de los productos o servicios. Pueden sugerirse estas y otros cientos de acciones particulares. El problema sigue siendo la compleja relación entre ciertas culturas políticas y mediáticas.
Dentro de la tradición sobre Manuales o Códigos de Ética Periodística, cabe destacar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística.
Además del reconocimiento de los deberes tradicionales del ejercicio
periodístico y de la importancia de los medios de comunicación en las
sociedades contemporáneas, el documento plantea cuestiones éticas en
relación al rol de los medios. Por ejemplo, señala que “los
medios de comunicación efectúan una labor de ‘mediación’ y prestación
del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con
la libertad de información, están en función de los destinatarios que
son los ciudadanos”. Por otra parte, establece un párrafo que conecta bien con el actual contexto: “La
emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las
actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad
en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no
deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las
noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los
hechos y datos”.
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Frente al estado de excepción, debemos pensar desde una mayor complejidad la dimensión pública e institucionalizada de la ética informativa. Por ejemplo, impulsar a los gobiernos a incrementar los niveles de transparencia de manera de comprometer también al sector privado de medios a sostener mayores niveles de calidad y claridad en el manejo informativo, aspecto que resulta históricamente resistido. Es indispensable fortalecer los sistemas públicos o comunitarios, históricamente marginados. Y también resulta necesario generar una iniciativa a nivel nacional, una propuesta desde el Estado, que interpele pública y directamente a los grandes medios comerciales.
Sabemos que se requiere un compromiso democrático excepcional para superar las malas prácticas de ciertas culturas políticas y mediáticas, hoy digitalmente potenciadas. Las formas institucionales que se relacionan con estas problemáticas en otras regiones suelen concentrarse en ecosistemas propios del estado (organismos de control, defensorías, cuerpos consultivos) o del sector privado (formas de autorregulación, colegiaciones, colaboraciones corporativas).
El esfuerzo cultural y político consiste en combinar ambos espacios y podría institucionalizarse bajo la forma de un Consejo plural orientado a la ética y la responsabilidad en el tratamiento de la información pública. Una instancia compartida entre medios comerciales de difusión, organizaciones civiles, plataformas y agencias del estado. Un Consejo de estas características tendría como objetivo avanzar sobre un sistema de acuerdos de buenas prácticas, con la finalidad de contribuir a un debate público respetuoso de las diferentes legitimidades pero claramente orientado a desplazar cualquier forma de violencia simbólica.
En dicho cuerpo colegiado todos los convocados deberían asumir responsabilidades orientadas a: resguardar el derecho humano a la comunicación, moderar el tono del debate público, vehiculizar acciones positivas del Estado que no colisionen ni restrinjan la libertad de expresión; precisar procedimientos sobre noticias falsas, construir consensos en procura de la defensa del interés general, fortalecer y promover códigos de ética y modelos de autorregulación y colaboración; educar a las futuras generaciones en una cultura informativa para los ecosistemas digitales; entre otras.
Respecto a los antecedentes sobre iniciativas de este tipo, es posible mencionar el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile creado en 1990. Si bien fue concebido con lógica autorregulatoria por parte de los medios privados (fue promovido por la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile sin participación estatal) constituye un espacio desde donde se emiten resoluciones con pedido de mejoras sobre el ejercicio periodístico y el rol de los medios. Aquí una de las últimas respecto a los medios en el contexto de pandemia.
En definitiva, abordar el problema de las fake news mediante formas regulatorias conlleva también el riesgo de habilitar el abuso por parte de gobiernos con tendencias autoritarias, creando las condiciones para un nuevo tipo de censura.
Es un debate abierto en diferentes estados, y en algunos de ellos existen normas que pretenden atenuar sus efectos. En Francia desde 2018 se sancionó una ley por la cual se puede recurrir a un juez para que detenga la difusión de informaciones falsas durante los tres meses anteriores a un proceso electoral. El Reino Unido enfoca su intervención regulatoria desde la Autoridad de Competencia y Mercado (CMA) planteando condiciones de competencia para las plataformas online y publicidad digital, instando al cumplimiento de códigos de conducta basados en principios de buenas prácticas a la vez que se contemplan penalidades financieras por incumplimiento.
Brasil dio media sanción en el Senado a un proyecto de “Fake News” muy objetado por diferentes organizaciones sociales que lo señalan como un riesgo para la vigencia de derechos fundamentales como la privacidad, protección de datos, acceso a Internet y libertad de expresión.
Las iniciativas mencionadas forman parte de experiencias internacionales, pero aún no se constituyeron como reclamos de colectivos vinculados a la comunicación. Tampoco forman parte de la agenda inmediata del gobierno actual que recorre otras preocupaciones más urgentes vinculadas con la pandemia de coronavirus. Si la crisis se nos presenta como una oportunidad, usémosla para construir acuerdos colectivos al respecto: a partir de ella podemos pensar las formas futuras de habitar la vida en democracia.
Ilustración María Elizagaray Estrada
Fuente: http://revistaanfibia.com/ensayo/desarmar-la-infodemia/