Prácticamente desahuciada por las políticas neoliberales, la lucha por la democratización de la comunicación se presenta hoy con singular vitalidad en sintonía con los cambios políticos que vive América Latina desde la década pasada. Ya no se trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o indirectamente a la comunicación, sino de […]
Prácticamente desahuciada por las políticas neoliberales, la lucha por la democratización de la comunicación se presenta hoy con singular vitalidad en sintonía con los cambios políticos que vive América Latina desde la década pasada. Ya no se trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o indirectamente a la comunicación, sino de una causa asumida por cada vez más actores sociales, puesto que ventila el futuro mismo de la democracia.
La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. Por lo mismo, es consustancial a la vida democrática de la sociedad, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Bajo la hegemonía neoliberal, esta aspiración democrática se ve seriamente constreñida pues colocar al mercado como eje del ordenamiento social implica diluir todo sentido de ciudadanía, para dar paso a la figura omnipresente de consumidor/a, con la particularidad que la comunicación pasa a constituirse en soporte clave de tal proceso. Esto es, la comunicación, por el acelerado desarrollo de tecnologías y técnicas que registra, no sólo que es objeto de sustantivos cambios internos, sino que se convierte en uno de los sectores más dinámicos, con profundas repercusiones en todos los órdenes de la vida social.
En tanto proyecto global, se pone a la orden del día la imposición de políticas de liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones, para eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, y de normativas orientadas a lograr que de una vez por todas la información y la producción cultural sean consideradas meras mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales, bajo los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre aquellos de interés público.
Al calor de la mundialización económica, es en el campo de la comunicación donde con mayor virulencia se ha desatado la dinámica de concentración empresarial y transnacionalización, que se ha traducido en el aparecimiento de megacorporaciones -vía fusión de medios impresos, cadenas de televisión, TV cable, cine, software, telecomunicaciones, entretenimiento, turismo, entre otros-, con ramificaciones en todos los rincones del mundo.
Bajo estos parámetros, los medios de difusión multiplican su capacidad para gravitar en la configuración del espacio público y de la ciudadanía, por su mayor incidencia sobre los entornos sociales y la propia cotidianidad. La predominancia que ahora ostentan respecto a otras instancias de mediación social -partidos, gremios, iglesias, establecimientos educativos, etc.- es tal que éstas para prevalecer precisan recurrir a ellos sistemáticamente.
De hecho, lo que sabemos resulta cada vez menos de las experiencias de primera mano, y cada vez más por lo que nos llega de la realidad construida por los medios; o sea, la materia prima que sirve para configurar las realidades en las que nos desenvolvemos, las pautas de la agenda pública que determinan en torno a cuáles temas opinar, con quiénes identificarnos o no, etc. De modo que es esta construcción mediática la que les da ese peso específico en la sociedad y por lo mismo es que tiene tanta o mayor importancia los silencios que guardan, los mecanismos de invisibilización. De ahí que para la salud democrática resulta clave garantizar la pluralidad y la diversidad de medios.
En clave de Derecho a la Comunicación
Como las políticas neoliberales agravaron seriamente los problemas sociales que supuestamente iban a resolver, las propuestas de cambio levantadas desde las resistencias sociales y políticas encuentran un sustantivo respaldo por parte de la ciudadanía, pese a que ellas habían sido objeto de una descalificación sistemática por parte de los medios hegemónicos. Y es así que a inicios del nuevo milenio, particularmente en Suramérica, se produce un giro en el mapa político que se presenta marcado por compromisos para profundizar la democracia, cuando no para avanzar hacia democracias participativas.
En este nuevo contexto «renace» la demanda por la democratización de la comunicación, que hasta hace no mucho por razones de «política correcta» (cuando menos para mantener la ilusión de algún momento ser considerado en un espacio mediático) incluso sectores progresistas la habían puesto de lado. Cabe recordar que en los ’80, cuando se procesaban los retornos constitucionales en una buena parte de países de la región, la proclama: «sin democratización de la comunicación, no hay democracia» hacía parte de las plataformas reivindicativas, siendo que las corporaciones mediáticas se afianzaron con el favor y amparo de las dictaduras.
Vale precisar que en un primer momento varios gobiernos de esta corriente de cambio prácticamente dejan fuera de agenda este tema, debido a que con un sentido «pragmático» se inclinan por buscar «entendimientos» con los pesos pesados del poder mediático hegemónico. Pero como los cambios exigen afectar intereses que tocan a los poderes fácticos, estos «entendimientos» se diluyen, al tiempo que se hace evidente que los medios hegemónicos asumen un rol articulador de las fuerzas de oposición, ocupando el espacio resultante del generalizado descalabro de los partidos políticos tradicionales(1).
En las circunstancias particulares de los diversos países, varios gobiernos asumen la necesidad de establecer normativas legales para democratizar la comunicación en sintonía con planteamientos procesados por una multiplicidad de actores sociales comprometidos con esta causa, uno de cuyos ejes es la demanda por la implementación de mecanismos para la regulación de los medios de comunicación desde un paradigma de derechos humanos, a través de políticas públicas orientadas a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces y a garantizar condiciones de igualdad en el acceso al debate público, y por lo mismo, también para revertir las asimetrías existentes. Esto es, la diversidad y el pluralismo considerados como presupuestos básicos del Derecho a la Comunicación.
El Derecho a la Comunicación recoge todos los demás derechos adquiridos en el devenir histórico(2), a la vez se torna extensivo para responder a los tiempos presentes. Dos son los principales ingredientes que gravitan en esta esfera: uno, el consenso que se ha ido estableciendo en la comunidad de naciones respecto al imperativo de profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestión que remite a la necesidad de potenciar la diversidad y pluralismo en el mundo mediático; y, dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la matriz de la convergencia digital, que entre otras cosas establece condiciones operativas de interactividad.
Medidas democratizadoras
El primer país en tomar cartas en el asunto es Venezuela, donde tras el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (abril de 2002) se da paso al tratamiento de la «Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión» (conocida como ley Resorte), que es sancionada en diciembre de 2005, y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios. En la Asamblea Nacional se encuentra el anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos, aprobado en primera discusión en noviembre 2012, que fue presentado con el respaldo de más de 26 mil firmas bajo la figura Pueblo Legislador, que permite a la ciudadanía proponer proyectos jurídicos.
En donde sí se ha establecido una reglamentación del «Servicio de Radiodifusión Comunitaria» es en Uruguay, con la sanción de la Ley 18232 en diciembre de 2007, que establece para las emisoras comunitarias al menos un tercio de las frecuencias disponibles en todas las bandas de radio y televisión, analógicas o digitales. También se han sancionado varios decretos ejecutivos en esta materia, como el expedido el 31 de diciembre de 2012 que dispone: «El total de abonados de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares en todo el país…». Y se prevé que el gobierno del presidente José Mujica ponga a consideración del Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que es resultado de un proceso implementado con el mecanismo de los Comités Técnicos Consultivos conformados con representantes de organizaciones sociales y del empresariado.
En Ecuador, la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 contempla el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector. Pero la Ley de Comunicación encargada de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna, calificada por los grandes medios empresariales como «ley mordaza» antes de que se inicie su redacción y objeto una campaña millonaria antes nunca vista, se encuentra trabada en la Asamblea Nacional.
La nueva Constitución boliviana reconoce igualmente a la comunicación como un derecho humano. En materia legislativa, el 8 de agosto de 2011 se promulga la «Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación», Nro 164, que, entre otras disposiciones, establece la distribución del espectro radioeléctrico en los siguientes términos: «1. Estado, hasta el treinta y tres por ciento. 2. Comercial, hasta el treinta y tres por ciento. 3. Social comunitario, hasta el diecisiete por ciento. 4. Pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete por ciento».
Tras un amplio debate a nivel nacional que repercutió en una amplia movilización social, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprueba la «Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual», que divide el espectro radioeléctrico en tres tercios: comercial, estatal y organismos sin fines de lucro. Debido a que uno de los componentes de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, el poderoso grupo Clarín, secundado por otros conglomerados, no solo que desata una campaña demoledora sino que de manera sistemática recurre a medidas cautelares para no acatar la norma.
En Brasil también se encuentra en disputa la democratización de la comunicación. Tras varios meses de debates animados por diversos sectores de la sociedad, del 14 al 17 de diciembre de 2009, en Brasilia, tiene lugar la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom) que concluye con la aprobación de 665 propuestas. Aunque la propia realización de la Confecom es considerada como una victoria de los sectores sociales, por el carácter pedagógico de la fase preparatoria, sus directrices se han diluido paulatinamente bajo el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ante la presión de los grandes medios para que ellas mueran en el papel. En este contexto destaca la campaña «Para expresar la libertad – Una nueva ley para un nuevo tiempo» impulsada por el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) a fin de sostener la movilización y presión social.
* Documento completo en http://alainet.org/active/6190
Notas:
(1) Es muy ilustrativo el rol que jugaron los grandes medios, particularmente la televisión, en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el 11 de abril de 2002, por lo que diversos analistas coinciden en señalar que se trató de un «golpe mediático».
(2) Inicialmente se registra el reconocimiento de derechos a los propietarios de los medios de difusión, luego a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia en ellos, y, finalmente, a todas las personas, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, lo consigna como el derecho a la información y a la libertad de expresión y opinión.
Este texto corresponde a la introducción del libro » Democratizar la palabra: Movimientos convergentes en comunicación», publicado por ALAI en enero de 2013 y disponible en versión impresa y digital (http://alainet.org/publica/de