El manejo arbitrario de la publicidad oficial está adquiriendo dimensiones de arma letal en las provincias argentinas, por su creciente poder para decidir la muerte o la supervivencia de medios locales de comunicación. «Hay una nueva de amenaza a la libertad de expresión que aparece en forma virulenta en las provincias y que limita a […]
El manejo arbitrario de la publicidad oficial está adquiriendo dimensiones de arma letal en las provincias argentinas, por su creciente poder para decidir la muerte o la supervivencia de medios locales de comunicación.
«Hay una nueva de amenaza a la libertad de expresión que aparece en forma virulenta en las provincias y que limita a medios grandes, pequeños, alternativos o comunitarios, y es el manejo de la pauta publicitaria», dijo a IPS la directora ejecutiva de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente – Periodistas, Mabel Moralejo.
Utilizada como política de premios y castigos, la publicidad oficial se dirige masivamente a medios estatales, propiedad de los gobernantes o de amigos de los gobernantes. En cambio, los avisos nunca llegan o se retiran abruptamente de medios de comunicación independientes.
Según muchos casos observados por Periodistas, gobernantes provinciales blanden la amenaza del retiro de la publicidad para lograr que el medio de comunicación cambie de sección a un periodista molesto o elimine columnas o notas editoriales críticas a la administración.
Así lo admiten a la Asociación propietarios de empresas periodísticas que viven esta sólo en apariencia sutil forma de limitación de la libertad de prensa.
Esa forma de asfixia financiera que se ejerce contra periódicos, radioemisoras o canales de televisión fue denunciada por periodistas y medios en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, San Luis, Neuquén y Buenos Aires, aunque se registra en casi «en todas las provincias», aseguró Moralejo.
Aunque es «muy difícil» saber en qué proporción las empresas periodísticas dependen de los espacios contratados por el Estado, «la publicidad es la principal fuente de financiamiento de los medios», dijo Moralejo.
«Los editores se comprometen a darnos ese dato, pero no cumplen, y tampoco contamos con una ley de acceso a la información pública que los obligue a responder», comentó. De todos modos, la incidencia de la publicidad oficial es «muy alta» en los medios locales, en especial a partir del colapso económico de 2001.
En esos espacios contratados por la administración pública, no sólo se incluye publicidad de las obras de gobiernos, sino los llamados a concursos y a licitaciones, los cronogramas de pagos de sueldos y pensiones, información judicial, resultados de loterías provinciales, etcétera.
Esta mecánica coexiste con otras vías de recortar el derecho a la información y a la libre expresión, como la censura, las amenazas y las agresiones físicas a periodistas, moneda corriente en casi todo el país, con algunos focos graves.
De acuerdo con un estudio realizado por el investigador Fernando Ruiz, de la Universidad Austral, entre las 10 zonas «más peligrosas» para ejercer el periodismo en América Latina dos se encuentran en Argentina: la norteña provincia de Santiago del Estero y el área sur y oeste del cordón industrial que rodea a la ciudad de Buenos Aires.
El estudio de Ruiz, asesor del Programa Democracia y Libertad de Expresión del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, fue realizado entre octubre de 2003 y abril de 2004, con un enfoque novedoso, porque descartó los promedios nacionales para observar la realidad al nivel local.
«La definición nacional muchas veces iguala regiones de performances periodísticas muy diferentes», dijo Ruiz. Por ejemplo, «Argentina puede calificar bien en un análisis nacional de libertad de prensa, pero en el nivel local tiene muy serios problemas», agregó.
Según un informe redactado por una delegación de Periodistas que visitó Santiago del Estero en 2003, la libertad de expresión está «en estado de emergencia» en esa provincia de 720.000 habitantes, cuyo gobierno gastaba tanto en publicidad oficial como su presupuesto de salud.
Los periodistas trabajan en un clima de intimidación y censura, son blanco de agresiones, amenazas, hostigamiento, espionaje y persecución judicial.
Ese clima «de terror» descrito en el informe no desapareció, pero «se calmó» con la intervención federal dispuesta por Buenos Aires en abril de este año, a raíz de graves denuncias contra la gobernadora Nina Aragonés y su esposo, el caudillo provincial Carlos Juárez, que controlaron Santiago desde 1948.
Por otra parte, el reporte de Ruiz da cuenta de agresiones físicas, secuestros, procesos judiciales y amenazas contra periodistas en la zona urbana que rodea la ciudad capital argentina.
Moralejo también se refirió a los medios de comunicación bajo control directo de las autoridades. «Nosotros apoyamos que existan medios públicos, pero la concepción que tienen algunos gobernadores en las provincias es que el medio público es una herramienta de propaganda», objetó.
«El manejo que se hace de la información pública es tan grande y está tan naturalizado que los propios funcionarios rechazan la idea de una ley de acceso a la información argumentando que ‘cualquiera podría pedirla’, razón que es justamente el propósito buscado» por esa reclamada ley, señaló Moralejo.
En la central provincia de San Luis, gobernada por el clan Rodríguez Saá desde hace décadas, el único periódico de circulación provincial es El Diario de la República, propiedad de la familia.
La movilización popular consiguió este año que en San Luis se derogara una ley que permitía encarcelar a editores o secuestrar ejemplares de publicaciones que promovieran la «sedición, subversión o calumnias».
Entre tantas restricciones, una iniciativa logró trascender con éxito la barrera de la censura. El periodista Néstor Gauna, quien trabajó casi 20 años en el diario El Tribuno de la septentrional provincia de Salta, puso en la calle un periódico independiente que sobrevive y prospera.
Gauna inició el Nuevo Diario de Salta tres años atrás, únicamente con el respaldo de otro periodista y de algunos avisos comerciales. Tenía apenas ocho páginas y una tirada de 750 ejemplares. El mismo armaba los periódicos y los distribuía gratuitamente, dijo a IPS en diálogo telefónico.
Su diario tenía una agenda informativa distinta de la de El Tribuno, propiedad de la familia del gobernador Juan Carlos Romero. «La gente necesitaba un medio de expresión libre, donde se practicara el periodismo independiente, no atado a la publicidad oficial, y allí encontré un nicho», sostuvo.
El Nuevo Diario de Salta tiene ahora 20 empleados e imprime 7.500 ejemplares diarios. «Antes salíamos de lunes a viernes y ahora también los domingos, y con una revista», se aumentó a 40 páginas y ya no es gratis, relató Gauna.
El «diarito», como lo pide el público aludiendo a su tamaño, provocó una caída en las ventas de El Tribuno de 15.000 a 7.500 ejemplares. Ahora el mercado se reparte entre ambas publicaciones. «Sin querer, nos convertimos en competencia del diario del gobernador», comentó.
Las autoridades y actores políticos buscaron diferentes maneras de desalentar o controlar al nuevo medio de comunicación, según Gauna. Intentaron presionar a distribuidores y a anunciantes y ofrecieron publicidad oficial, para luego retirarla. Opositores a Romero emprendieron gestiones infructuosas para comprarlo.
«No queremos ser oposición pero tampoco ‘compramos’ la versión de que Salta es Alicia en el país de las Maravillas», ironizó. «El diario tiene éxito porque denunciamos la realidad, porque contamos lo que pasa», resumió a modo de receta de éxito.