Un tribunal de La Plata utilizó por primera vez esa figura al hallarlo culpable de seis homicidios y dos casos de secuestro y torturas. El ex policía besó un crucifijo y hubo disturbios con militantes de derechos humanos.En un fallo considerado histórico después de la anulación de las leyes del perdón, el Tribunal Federal Nº […]
Un tribunal de La Plata utilizó por primera vez esa figura al hallarlo culpable de seis homicidios y dos casos de secuestro y torturas. El ex policía besó un crucifijo y hubo disturbios con militantes de derechos humanos.
En un fallo considerado histórico después de la anulación de las leyes del perdón, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata incorporó la figura jurídica de genocidio para condenar a reclusión perpetua al ex Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz por crímenes de la última dictadura.
La lectura de la sentencia fue interrumpida por disturbios en la sala, cuando el ex policía se incorporó para besar un crucifijo y levantar la mirada al cielo. Tenía puesto un chaleco antibalas. Fue desalojado ante las corridas de un pequeño grupo de militantes de organismos de derechos humanos que arrojó bombas de pintura. Los jueces acaban de comprobar su responsabilidad en seis homicidios, y dos hechos de secuestro y torturas. Por primera vez, una jurado establece que estos crímenes fueron «en el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los años 1976 y 1983». Es decir, que estos delitos fueron parte de un plan de exterminio sistemático. «Soy un prisionero de guerra y un detenido político», alegó Etchecolatz antes de escuchar el veredicto.
En el primer juicio iniciado contra un represor tras la anulación de las leyes del perdón, el Tribunal -integrado por Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo- juzgó a Etchecolatz por los homicidios calificados de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio De Marco, Patricia Graciela Dell Orto, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. También por los secuestros y tormentos a Nilda Eloy y Jorge Luis López.
El ex policía estuvo sereno, con un repaso continuo de las cuentas del rosario que llevó entre sus manos y sin gestos de contrariedad. Una vez se levantó para el rutinario chequeo médico. A los 77 años se advierte un deterioro físico que no altera su alíneo y cierta postura distante de la ancianidad. Según el fiscal Carlos Dulau Dumm, fue responsable de episodios de «altísima criminalidad» con agravantes de «ensañamiento y alevosía» cometidos desde la función pública. Adjudicó «autoría funcional» a Etchecolatz por un plan sistemático de eliminación de personas.
La defensa no pudo instalar el criterio de «estado de guerra en el país» y la «convocatoria» del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón a las Fuerzas Armadas («para aniquilar a la subversión») como justificación histórica de los hechos posteriores al 24 de marzo de 1976.
En la etapa de los alegatos, el abogado Eduardo Boffi Carri Pérez refirió que «la subversión quiso imponer un régimen totalitario en el país apoyado por otros estados como el castrista». «El accionar subversivo -agregó Carri Pérez- fue contra el artículo 29 de la Constitución y cometieron delito de traición a la patria en grado de tentativa». La estrategia fue evasiva de los cargos.
No hubo mención a las imputaciones sobre los secuestros, las desapariciones y los episodios de tortura. «El Estado argentino no tenía campos clandestinos, tenía campos de prisioneros ocultos, como en todo conflicto bélico», explicó la defensa.
Etchecolatz tuvo competencia directa, en su carácter de segundo jefe de la Policía, de esos lugares que incluyeron comisarías. Por uno de ellos pasó Nilda Eloy, presente en la audiencia y testigo desde la sobrevivencia de aquel infierno. Julio López también aportó un testimonio valioso. Ayer, la Policía buscaba a este hombre que hace dos días tomó el micro para ir al municipio platense -donde se realizó el juicio- y todavía no aparece. Ambos declararon haber sido torturados por Etchecolatz. Y después de 30 años pudieron confrontar la mirada del antiguo carcelero.
Nada conmovió al comisario retirado: «Se que me van a condenar y que no tendrán vergüenza de hacerlo con un anciano enfermo, sin dinero y sin poder», se anticipó. «Este juicio fue instrumentado como un rompecabezas para niños bobos o bien grandes avivados porque participé de una guerra que ganamos con las armas pero que políticamente vamos perdiendo», dijo. Absolución, fue el pedido de la defensa.
Antes de abandonar la silla de acusado, Etchecolatz dirigió un mensaje al jurado: «No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan».
La mano derecha de Camps
Mano derecha del General Ramón Camps, el 24 de marzo de 1976 prescindió de su escuela policial para convertirse en soldado de una guerra inventada. Miguel Etchecolatz había sido ascendido a comisario mayor el primer día de ese año, cuando aún manejaba la Caja de Servicios Sociales de la Policía bonaerense. En mayo tenía mando sobre 20 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires.
En su momento, la jueza Ana María Bulacio estableció que «nunca manifestó complejo o culpa por haber matado» y destacó, «su fanatismo» al sostener que había sido convocado «por la patria» para la represión ilegal. Tanto apego a la solemnidad patriótica, no le impidió en 1997 debatir en público con el profesor Alfredo Bravo, sobre las ventajas de su detención. Bravo había denunciado que fue torturado por el comisario. Y después de recibir como respuesta «mentiroso», aguantó con dificultad otro agravio: «El tratamiento que nosotros le hicimos podía haberle curado de los callos y del pie plano», comentó Etchecolatz.
Acompañó el tramo más duro de la represión, hasta 1977, cuando Camps estuvo como jefe de Policía. Antes del alejamiento, Camps firmó su ascenso a comisario general, la máxima jerarquía en la fuerza. En 1999 solicitó el retiro activo.