La Cámara Federal de Argentina confirmó ayer la detención preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla en la causa que juzga aquí los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Operación Cóndor, que permitió la coordinación de las dictaduras del Cono Sur (1970-80) para intercambiar ilegalmente prisioneros políticos, secuestrar, asesinar y torturar en acciones conjuntas […]
La Cámara Federal de Argentina confirmó ayer la detención preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla en la causa que juzga aquí los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Operación Cóndor, que permitió la coordinación de las dictaduras del Cono Sur (1970-80) para intercambiar ilegalmente prisioneros políticos, secuestrar, asesinar y torturar en acciones conjuntas de militares y policías de varios países.
Asimismo, el juez Norberto Oyarbide dictó la anulación de los indultos que el ex presidente Carlos Menem decretó en 1990 en favor de los ex ministros de la dictadura (1976-1983) de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y del Interior Albano Harguindeguy. Ambos podrán ser juzgados por el secuestro extorsivo de dos empresarios, Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto (1976-1977), para presionarlos a firmar contratos que favorecían los intereses de los acusados.
Cientos de detenidos-desaparecidos en Argentina fueron obligados a firmar la venta de negocios, campos, casas, antes de ser asesinados, y además en los procedimientos ilegales los militares se robaron los bienes de las víctimas.
En ambos casos, organismos de derechos humanos actuaron para solicitar a los jueces el cumplimiento de la justicia y esta resolución sienta otro precedente para que se decrete la anulación definitiva de los indultos que entre 1989 y 1990 dejaron en libertad a los mayores responsables de la dictadura.
En el caso de Videla se consideró que el ex dictador -quien cumple prisión domiciliaria- podría obstaculizar la investigación, haciendo desaparecer pruebas si es liberado, al coincidir los camaristas con el juez actuante en que habiendo sido en su momento la «máxima autoridad de la dictadura militar», debe tener conocimiento del destino de miles de desaparecidos y saber dónde guardaron documentos, archivos o registros sus subordinados.
También hay otros militares imputados en la causa Cóndor como Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Ernesto Alais y otros, después de un análisis muy preciso sobre las características de la «la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia» de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
La solicitud del fiscal Miguel Osorio para elevar la causa a juicio oral puso a todos estos procesados en la posibilidad de estar sentados en el banco de los acusados, como sucede en La Plata, lo que de alguna manera reproduce las escenas de los históricos juicios contra las Juntas militares (1985).