Dos organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron las dificultades que tienen los periodistas en Colombia para ejercer libremente su profesión, debido a la violencia y el conflicto que vive el país.
Los peticionarios aludieron, entre otros, a los casos recientes de los periodistas Hollman Morris y Jorge Enrique Botero, que en febrero pasado presenciaron la liberación de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Morris, corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI), estuvo presente cuando la guerrilla liberó a tres policías y a un militar, a quienes antes había entrevistado.
Tras la liberación, los rehenes dijeron en público que habían sido manipulados y presionados por la organización insurgente para hacer determinadas declaraciones al periodista. Altos funcionarios del Gobierno y el presidente colombiano, Álvaro Uribe, acusaron después al periodista de complicidad con el terrorismo.
Botero fue objeto de la ira del Ejecutivo porque la cadena Telesur informó desde Caracas que la misión de rescate había sido obstaculizada debido a vuelos del Ejército en la zona donde se llevaría a cabo la liberación. Esta información se basaba en un testimonio que, en exclusiva, facilitó Botero a esa cadena televisiva mediante un teléfono vía satélite.
En la audiencia, Liliana Ávila, de la Comisión Intereclesial, afirmó que en Colombia se vulnera la libertad de expresión y no existen garantías para el libre ejercicio de la profesión. Denunció los señalamientos y los escándalos de interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos a periodistas, entre otras personas afectadas, lo que viola el derecho a no revelar la fuente, a la libertad de expresión y divulgación de información, dijo.
En el turno de réplica, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, Carlos Franco, destacó que en Colombia hay muchos medios de comunicación, y que la mayoría son críticos con el Gobierno.
El Ejecutivo, afirmó, es consciente del papel que juega la prensa para el fortalecimiento de la democracia, y destacó que «la libertad de prensa y expresión en Colombia está probada con hechos».
Pese a ello, reconoció que «probablemente haya mucho que hacer» todavía en esta materia. Franco señaló que en Colombia, como en todas las sociedades, hay debates fuertes sobre los límites de la libertad de prensa, y apuntó que «lo que no parece entendible es que no se puedan cuestionar». Sobre las interceptaciones, expresó su esperanza de que la Fiscalía esclarezca quiénes estaban detrás de esas grabaciones.
Por último, reiteró la decisión del Ejecutivo de «mantener las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de todas las libertades» en el país y reconoció los errores que pudieran haberse dado por parte del Gobierno con respecto al ejercicio periodístico. Al respecto, Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial, pidió al Gobierno admitir esos errores públicamente.
Los peticionarios, entre ellos también Rafael Barrios del Colegio de Abogados José Alvear Restrepo, subrayaron que el hecho de que los periodistas denuncien ciertos hechos «no significa hacer apología al terrorismo».