Se va demostrando que el periodista cochabambino se encontraba en plena jornada laboral el momento en que fue detenido por el organismo antidroga dependiente de la Embajada Norteamericana. La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia califica el hecho como un secuestro. La brigada parlamentaria del MAS a la cabeza de Leonilda Zurita, abrió una investigación convocando al Fiscal que exigió el encarcelamiento del periodista en la Cárcel de San Sebastián y a los policías que lo incomunicaron y torturaron en celdas de la FELCN.

A mucha insistencia, finalmente el subteniente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) René Vargas Rodrígez, hijo del ex diputado de la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR) René Vargas Meruvia, devolvió al periodista Wilson García Mérida los materiales de prensa y un credencial laboral con que fue detenido la madrugada del domingo 23 de abril. Entre las pertenencias devueltas el viernes mediante acta firmada por el fiscal Weimar Barea figuran varios CDs con información periodística, fotografías de una entrevista, un folleto del CESU (UMSS) con datos de la Asamblea Constituyente e inclusive un cinturón que le fue despojado durante su detención y con el que presuntamente García Mérida intentó suicidarse.

Sin embargo, García Mérida denunció que René Vargas se niega a devolver un directorio telefónico, cédula de identidad, la suma de 3.000 bolivianos y su teléfono celular, que el policía arguye están incautados como parte de la «investigación» sobre supuestos nexos del periodista con el narcotráfico.

La Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha denunciado la detención como un impune secuestro ya que no se le prohibió llamar por teléfono a su abogado y su familia, abuso además cometido en plena jornada laboral del periodista, con la intención de forzar su remisión a la cárcel de San Sebastián y provocar su eliminación física con participación de sicarios ligados a la FELCN, extremo del cual la víctima pidió a la Defensoría del Pueblo una minuciosa investigación.

El 23 de abril, García Mérida fue inicialmente acusado de intentar «robar un auto» a denuncia de una pandilla juvenil que interceptó su paso sobre la calle Esteban Arze, y luego la «denuncia» se transformó en acusación de narcotráfico por lo que fue remitido a la FELCN donde fue incomunicado y torturado, con un intento de ahorcamiento inclusive por parte de un efectivo antinarcóticos.

Al habérsele privado de sus documentos de identidad y de contactos con su familia y abogados, García Mérida fue calificado por el fiscal Barea como un «peligroso narcotraficante con riesgo de fugar del país al no haber demostrado que tiene familia, ni domicilio ni trabajo conocidos», por lo cual el representante del Ministerio Público exigía la reclusión del periodista en una cárcel de alta seguridad «mientras dure la investigación».

A pesar de la insistencia del fiscal Barea para el encarcelamiento del periodista, la juez Celina Herbas ha determinado la flexibilización de las «medidas sustitutivas» que evitaron su remisión a San Sebastián; aunque prohibían su salida de Cochabamba. En audiencia celebrada el pasado martes, la juez cautelar dispuso que García Mérida puede salir de Cochabamba libremente, e inclusive del país previa solicitud judicial. Asimismo ya no se presentará ante la Fiscalía cada siete días para firmar un «libro de arraigo», sino a partir de hoy cada 20 días.

A raiz de sendos pronunciamientos de la Confederación nacional y Federación local de Trabajadores de la Prensa, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara baja representados por los diputados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Iván Canelas, Leonilda Zurita y José Guzmán, además del senador masista Franz Gonzáles, iniciaron formalmente una investigación del caso convocando tanto al Fiscal como a los policías que intervinieron en la detención, secuestro y torturas del periodista.

Los primeros informes recabados por los legisladores establecen en alto grado la responsabilidad del teniente René Vargas y otros oficiales de la FELCN en los abusos cometidos contra García Mérida.

La FELCN es actualmente uno de los pocos organismos estatales de seguridad y represión que depende directamente de la cooperación norteamericana a través de una oficina de la embajada de Estados Unidos denominada NAS, la cual financia y controla tareas de inteligencia e interdicción. Asimismo los fiscales antidroga operan con amplia autonomía respecto a la estructura oficial del Ministerio Público y responde a directrices emanadas directamente desde la Embajada norteamericana que hasta hace pocos años pagaba incluso los sueldos de estos funcionarios.

Según los parlamentarios del MAS, estos organismos tienden a cometer abusos y violaciones de los derechos humanos, bajo una lógica punitiva alentada por los financiadores norteamericanos y amparados en la draconiana Ley 1008 que prejuicia la culpabilidad de cualquier ciudadano incriminado como narcotraficante a simple denuncia anónima.