Organizaciones sociales pro gubernamentales festejaron hoy frente al Congreso la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de retenciones móviles -con modificaciones en este caso- a las exportaciones de soya enviado por el Ejecutivo, después de un largo conflicto con cuatro entidades del campo, lo que mantuvo en vilo al país durante más de […]
Organizaciones sociales pro gubernamentales festejaron hoy frente al Congreso la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de retenciones móviles -con modificaciones en este caso- a las exportaciones de soya enviado por el Ejecutivo, después de un largo conflicto con cuatro entidades del campo, lo que mantuvo en vilo al país durante más de tres meses por un paro patronal, calificado aquí como «destituyente» o «golpista».
La norma fue aprobada con 129 votos favorables contra 122 en contra y dos abstenciones.
Se ratificó así el sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos, con nuevas compensaciones agregadas a las que ya había dispuesto el gobierno para los pequeños y medianos productores y otras medidas que benefician a éstos, y se creó el Fondo de Redistribución Social para la inversión en construcción de hospitales y escuelas.
Las cuatro entidades del agro manifestaron nuevamente su desacuerdo con el proyecto, aunque destacaron que estaban «satisfechos» por la fuerte discusión que hubo en el Congreso aunque algunos no descartaron volver a las rutas, bloqueos con que amenazaron antes y después de la votación,
También manifestaron «esperanzas» sobre la próxima votación del proyecto en el Senado, como lo dijo Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que estuvo comprometida con todos los golpes de Estado en el país, quien además señaló que «aún queda el camino de la justicia».
A su vez, Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, consideró como «gran apoyo» los 122 votos logrados, y aunque habló de esperar con calma no se descartó nuevas medidas de fuerza de los ruralistas.
Esta organización tuvo fuertes debates internos y algunas figuras se alejaron ante las duras posiciones tomadas debido a las alianzas con los terratenientes.
El proyecto va ahora al Senado, después de varios días tensos y de una dura pelea, porque en la sala no sólo se debatieron las retenciones sino que fue una lucha política donde la oposición de todo el arco de la derecha y otros sectores intentaron derrotar al gobierno de Cristina Fernández, en defensa de lo que llaman «campo» aunque sólo se trata de cuatro entidades que reúnen a los grandes productores y terratenientes con medianos y pequeños agraristas.
También resurgió durante la discusión la vieja «interna» del peronismo gobernante.
Al finalizar la votación, el diputado Agustín Rossi, presidente de la bancada del oficialista Frente para la Victoria, afirmó que con este medida se había «gravado a quienes concentran económicamente el negocio» y que a su vez se lograron nuevos cambios en favor de los medianos y pequeños productores del campo.
También consideró que el avance de los proyectos sobre arrendamientos rurales y la aplicación del impuesto a la ganancia a los pools organizados a través de fideicomisos favorece a los pequeños productores.
El anuncio presidencial sobre estas retenciones en marzo pasado unificó a las cuatro entidades que durante años estuvieron enfrentadas y rápidamente se decidió un paro patronal. A pesar de algunas treguas, nunca abandonaron las rutas tomadas en todo el país, lo que llegó a provocar desabastecimiento, aumentos de precios y un agresivo conflicto.
Éste fue apoyado por la mayoría de los medios de comunicación, que responden a los antiguos poderes económicos y a intereses extranjeros que intentan presionar al gobierno de Fernández para romper sus lazos con el Mercado Común del Sur y sus derivaciones integradoras.
El Estado argentino y sectores públicos fueron afectados económicamente en cifras millonarias, en momentos em que el país se encontraba en fuerte crecimiento.
Por estas razones, militantes de organizaciones pro gubernamentales decidieron mantenerse en la Plaza del Congreso desde el pasado viernes, «en defensa de la democracia y la institucionalidad», que consideraron amenazadas.
Se conoció en los últimos tiempos que la mayoría de los correos electrónicos que instaban a la sublevación, a los cacerolazos y a los cortes de rutas provenían de ex militares y ex servicios de inteligencia de la pasada dictadura, que además estuvieron en todas las manifestaciones del «campo».
Así, el voto favorable fue visto por las organizaciones sociales como «victoria de la democracia» y una «derrota del golpismo subyacente», las que llamaron a respetar el voto del Congreso señalando que el debate fue abierto y democrático, «aunque nada parece conformar a los dirigentes rurales».
En referencia a esta situación, la reconocida analista política Sandra Russo señaló hoy en su columna en Página 12 que «el antikirchnerismo es una cosa, el golpismo en Argentina es otra. Limar las instituciones, desconocer leyes, correr todos los días las propias condiciones, volver a amenazar con cortes de rutas, volver a amenazar en consecuencia con el conflicto y el caos social que crearon ellos (las entidades rurales), a esta altura es actuar aquello que se desprendía, desde un primer momento, del «clima destituyente».
Russo sostiene que «está a la vista que lo que hubo y hay es resistencia a vivir en una democracia que supone reglas de juego», y advierte que los ruralistas no van a aceptar las reglas del juego democrático (…) y no se detendrían si para deshacerse de la resolución maldita debieran deshacerse de la democracia».