Se ha iniciado en estas fechas en Ecuador el debate en torno a un proyecto de Ley de Comunicación. Las empresas privadas de comunicación, a través de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, además de, por supuesto, la gran patronal continental, la Sociedad Interamericana de Prensa, han […]
Se ha iniciado en estas fechas en Ecuador el debate en torno a un proyecto de Ley de Comunicación. Las empresas privadas de comunicación, a través de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, además de, por supuesto, la gran patronal continental, la Sociedad Interamericana de Prensa, han expresado su rechazo a las propuestas gubernamentales. Es de agradecer su sinceridad. Según las declaraciones publicadas en el diario La Hora el 19 de octubre, su «lista de quejas se empieza por el hecho de que la comunicación se quiera ver como un bien público y no como un derecho humano». Como si esto fuera incompatible, lo que es incompatible es precisamente lo contrario, que un derecho humano pudiera tener la forma y figura jurídica de propiedad privada. Es evidente que lo que es propiedad privada de Juan no puede ser nunca un derecho humano de Pepe.
Pero aún dijeron más. Concretamente, la Asociación Internacional de Radiodifusión «advirtió del riesgo (sic) de la proliferación de los medios comunitarios». Los que hasta ayer se presentaban como ardientes defensores de la libertad de expresión ahora consideran peligroso que las comunidades dispongan de medios de comunicación. Es decir, no son los gobiernos progresistas quienes quieren cerrar los medios privados, sino los medios privados quienes quieren prohibir los medios comunitarios. Continúa la información señalando que «las asociaciones ecuatorianas también dicen que la publicidad del Estado debe ser nula y que dichos medios (los comunitarios) deben subsistir de donaciones internacionales». De forma que la publicidad estatal sólo debe destinarse a las empresas privadas de comunicación, no a las cooperativas o instituciones sin ánimo de lucro. Éstas sí pueden recibir dinero pero de gobiernos extranjeros, no del gobierno de ese país que es el que verdaderamente representa a esa sociedad. Según su criterio, el gobierno estadounidense o español podría financiar la radio de una asociación ecuatoriana, pero nunca el gobierno de Ecuador, que debe destinar su dinero para contratar publicidad en las empresas privadas.
Verdaderamente, hablando se entiende la gente, no hay como escucharles con detalle para comprender sus intenciones.
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