Cuando uno llega a países como Ecuador comprende por qué el debate sobre los medios de comunicación se encuentra en el centro de la actualidad. Allí es evidente el divorcio entre realidad por un lado y agenda y contenido de los medios por otro. Basta observar los periódicos nacionales que nos ofrecen en el avión […]
Cuando uno llega a países como Ecuador comprende por qué el debate sobre los medios de comunicación se encuentra en el centro de la actualidad. Allí es evidente el divorcio entre realidad por un lado y agenda y contenido de los medios por otro. Basta observar los periódicos nacionales que nos ofrecen en el avión o en el hotel y descubrir entre sus protagonistas y modelos más rubios y rubias que en la prensa sueca. Si un extraterrestre tuviese acceso a estos periódicos nunca se imaginaría que se ocupan de lo sucedido en una sociedad como la ecuatoriana.
La humillación al pueblo ecuatoriano es constante en numerosos ámbitos. Para empezar en el hecho de que el hotel donde me alojo -de capital extranjero- no dispone de versión en castellano en su página web. El racismo que rezuman algunos medios de comunicación sería delito en otro país. Basta como ejemplo un chiste que encuentro en la prensa del 19 de octubre (Diario Expreso de Guayaquil). Trata sobre una comida que ofrece el nuevo presidente de Ecuador para celebrar su triunfo electoral. Ante la indecisión de una indígena, el presidente electo le pregunta: «Compañera, ¿menestra de qué quiere?» Y ella responde: «Yo, menestra de Relaciones Exteriores». Este intento de ridiculización del indígena del gobierno que les ofrece algún papel protagonista en la vida pública debería ser delito.
Respecto a la clase política, algunos medios se presentan como vigilantes de la democracia mediante el mecanismo de denunciar hechos como la decisión de la Asamblea Legislativa (Parlamento) de asumir los gastos de la comida de los diputados cuando se encuentren en su trabajo (Diario Hoy, 20-20-2009). Ello supondrá un coste para las arcas públicas de 3’5 euros por comida, sin que se amplíe a asesores o ayudantes. No parece ningún gasto desorbitado ni un menú de lujo, pero sirve como cruzada contra el gobierno.
El seminario en el que he participado en Quito, bajo el título «Periodismo, ética y democracia» y organizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina (Ciespal) ha mostrado a lo largo de tres días una especial sensibilización y una aguda polémica por el papel del periodismo y los medios de comunicación. Sin duda, mucho más agudizado por los debates que se están produciendo ahora de varios borradores de Ley de Comunicación en la correspondiente comisión legislativa de la Asamblea ecuatoriana. Una discusión similar se dio en los últimos meses en Argentina con motivo de la aprobación de la Ley Audiovisual. En el centro de la polémica se encuentran la sensación generalizada de que las empresas privadas de comunicación no están respondiendo a sus obligaciones de garantizar un información plural y veraz, y una apasionada reflexión sin precedentes de cuál debe ser la responsabilidad del Estado ante los medios públicos y comunitarios. Hoy Ecuador ha pasado de no tener jamás en toda su historia una televisión pública a tenerla junto a un diario también de propiedad pública.
Para quienes venimos de Europa, este asunto, poco o nada discutido en nuestro continente, es otra prueba más de que es en América Latina donde existe una sociedad dinámica y activa, frente a la nuestra, adocenada y aburrida.
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