Algunos -con argumentos serios- lo atribuyen a que las elecciones presidenciales recalientan el caldero político y entonces se disparan, casi incontrolables, las líneas de fuego del narcotráfico y de otros sectores de la industria del crimen; armando una sostenida ronda de violencia, interminable. Cuestión que, como en cualquier otro país, recrea el juego de biombos […]
Algunos -con argumentos serios- lo atribuyen a que las elecciones presidenciales recalientan el caldero político y entonces se disparan, casi incontrolables, las líneas de fuego del narcotráfico y de otros sectores de la industria del crimen; armando una sostenida ronda de violencia, interminable. Cuestión que, como en cualquier otro país, recrea el juego de biombos y espejos que ocultan la verdad y agigantan la impunidad.
En un hervidero de buen tamaño los periodistas mexicanos siguen estando en la mira, sumando -desde mediados de los años ochenta a esta parte- 54 profesionales de la prensa muertos, más dos desaparecidos. La lista en cuestión es llevada con exactitud por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), la cual en las personas de su presidente, José Antonio Calcáneo y su presidente vitalicio, Teodoro Rentería, entre otros, no ceja en plantar bandera de denuncia, llegando a los más elevados estrados judiciales, a las principales autoridades políticas del país y a la mismísima sociedad. A esta última a través de una extensa y perseverante labor profesional.
Rentería, quien también es vicepresidente por México de la Federación Latinoamericana de Periodistas, viene sosteniendo, con tenacidad, que la impunidad es el pase directo, la vía rápida, para amenazar y asesinar, dado que «jamás» -asegura- se ha avanzado en la identificación y sanción a los responsables: «Ninguno de los 54 crímenes contra periodistas, ni las dos desapariciones, dejaron saldo alguno en el orden investigativo. Nada de nada».
Este México violento no es la excepción en el reino del caos y el salvajismo que se vive en toda la región. Pero sí, y muy por encima de las presidenciales de antes de fin de año, México se ha puesto a la cabeza de las agresiones contra periodistas. En el sonado caso de las amenazas y humillaciones cometidas contra la periodista y luchadora social, Lydia Cacho Ribeiro, el comportamiento de un gobernador, el del Estado de Puebla, Mario Marín, y el de un empresario apodado «el Rey de la Mezclilla», explica, con escuchas telefónicas incluidas, de qué hablamos cuando hablamos de impunidad y sus componentes perversos, obscenos y deshumanizados.
Entre otras aberraciones, los personajes en cuestión se solazan, mediante el teléfono, contra la periodista diciendo que irá a parar a la cárcel y que allí se crearán las condiciones para que otras reclusas la sometan a violaciones.
Cabe recordar que Lydia Cacho Ribeiro viene denunciando la existencia de una red de pederastas y asumiendo, en su calidad de militante en defensa de los derechos humanos de las mujeres, una lucha de la que ella misma dice no será apartada. Aun cuando su vida corra peligro. Como lo corre.
Este caso y otros que les han significado la muerte a trabajadores de la prensa han puesto desde hace tiempo a la FAPERMEX a dar una verdadera batalla por la vida. En tal estado de situación se enmarcaron recientemente las declaraciones del Jurista Jorge Abdó Francis, ante los integrantes del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la organización nacional de los periodistas mexicanos, reclamando que desaparezcan «por ineficientes e inoperantes la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República». Ambas instituciones, según Abdó Francis, se han convertido en «entes burocráticos».