La trascendencia y poder que está adquiriendo el modelo comunicacional vigente debería ser motivo de preocupación social y de aplicación de medidas correctoras urgentes. No hace falta ser muy perspicaz para percibir cómo los intentos de presencia e influencia en los medios de comunicación están siendo prioritarios y desplazando a los contextos e instituciones diseñadas […]
La trascendencia y poder que está adquiriendo el modelo comunicacional vigente debería ser motivo de preocupación social y de aplicación de medidas correctoras urgentes. No hace falta ser muy perspicaz para percibir cómo los intentos de presencia e influencia en los medios de comunicación están siendo prioritarios y desplazando a los contextos e instituciones diseñadas para desarrollar el juego democrático. Este comentario surge tras comprobar cómo el pasado 28 de noviembre un grupo político en la oposición de una diputación provincial convocó una rueda de prensa para hacer una determinada denuncia y a los pocos minutos el vicepresidente de esta institución convoca otra para responder a las acusaciones. Es decir, la exposición de posiciones y el correspondiente debate fue desplazado de su foro legítimo, el Pleno de la Diputación o la Comisión correspondiente, para irse detrás de las grabadoras y micrófonos de los medios de comunicación. De un plumazo desaparece el procedimiento democrático de debate y legislación para ser ocupado por el show. Ni contraste de pareceres, ni regulación por parte de presidente alguno, ni actas, ni ningún otro elemento que, mediante una larga trayectoria legislativa, ha ido conformando el funcionamiento de una institución.
En realidad la culpa, a mi entender, no es de los políticos, sino del modelo informativo dominante que hace tiempo que abandonó la cobertura informativa de las instituciones, y por tanto el derecho ciudadano a estar informado de lo que allí sucede, para imponer su propio formato de ruedas de prensa y declaraciones. Todos sabemos que en el desarrollo de los plenos de la mayoría de las administraciones no hay medios de comunicación recogiendo lo que allí se debate y decide.
Algo similar sucedió al día siguiente en Madrid, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, declaró en la Audiencia Nacional acusado de un delito de injurias y calumnias graves contra el presidente del gobierno. Su comparecencia ante el juez fue breve y se negó a declarar ante el abogado de los querellantes, sin embargo sí lo hizo ante los periodistas que le preguntaron a la salida del tribunal y durante más tiempo del que dedicó al juez. Es ahora el poder judicial el que se ve suplantado por el poder de los medios.
Estos ejemplos son elocuentes de hasta qué modo el denominado cuarto poder, puede, si no desplazar a los otros poderes, sí condicionar sus reglas de funcionamiento, lo que viene a ser de una gravedad similar.
Si a ello le añadimos que prácticamente todos los poderes de la sociedad tienen su correspondiente contrapoder más o menos eficaz -frente al gobierno, la oposición; frente al empresario el sindicato; frente a las empresas, las asociaciones de consumidores, etc…-, sólo nos queda constatar que no hay contrapeso alguno de control democrático a los medios de comunicación. Los códigos de autorregulación no están siendo cumplidos, el control sobre la veracidad de los contenidos no existe y la pluralidad no posee ningún reglamento que la garantice.
Quizás este panorama puede ayudar a explicar que en países como Bolivia o Venezuela grupos indignados de ciudadanos descarguen su ira e indignación contra las sedes de televisiones y periódicos, son el mismo pueblo que pedía la cabeza de los monarcas absolutistas en Francia. Y tenían razón.