Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras. El llamado ´boom minero […]
Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras. El llamado ´boom minero argentino´ que atrae a las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo. La nueva ´fiebre del oro´ se inició durante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado hasta hoy con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer territorio en la Cordillera de los Andes mediante el ‘Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno’ de 1997.
Pueden sorprender estas afirmaciones; pero el tema de la explotación minera y la legislación que la ampara, no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación. Es raro encontrar un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del planeta o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y decenas de metales poco conocidos pero de valor estratégico, que se estiman en la suma de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la Nación (S.M.N.) sostiene: ‘La oportunidad que presenta el potencial geológico de la Argentina radica en que el 75% de la áreas atractivas para la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, yacimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajo prospectivo del Estado’ (1).
Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado. Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgravaciones impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del cerro de Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada ´gran minería´ en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera, y una gravísima contaminación ambiental. Sin embargo, tales consecuencias han atravesado el Congreso Nacional, la Justicia, los organismos del Estado y se mantienen en el gobierno de Néstor Kirchner sin haber provocado reacción alguna por parte de las dirigencias políticas (2).
Las leyes de Menem y el plan de las corporaciones
El 29 de marzo de 2006, en una entrevista que me concediera el Ing. Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, él afirmaba: ‘Estamos inmersos en un fantástico boom prospectivo y exploratorio que nos hace formar parte del club de los países privilegiados del mundo. Decimos que Argentina se constituye en un ´top-ten´ en materia de afincamiento del negocio de riesgo y de la inversión para estos tiempos en el mundo.’ El llamado ´boom minero´ tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley Nº 23.698/89 de Reforma del Estado. No era otra de sus perversas iniciativas, sino la ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, británicas y australianas -entre otras- para apropiarse de nuestros recursos metalíferos frente a una demanda internacional incrementada por el crecimiento de China e India y las necesidades del emporio militar norteamericano. No es casual que en la misma década, la globalización promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países donde desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La búsqueda de nuevos ‘Eldorado’ se multiplicó ante la constante depreciación del dólar. El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos, e inclusive, participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional.
En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del subsuelo: ‘Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’ (Art. 124). Una reforma que, de hecho, invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminó con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación para beneficio del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa los entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 restantes donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta porque desde el descubrimiento del petróleo, en 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafecinos, entrerrianos, correntinos, misioneros, tucumanos o santiagueños, aportaron durante más de 80 años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.
En Chile fueron más frontales: legislaron contra su Constitución que plantea: ‘El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas’. Al final de la dictadura promulgaron una ley que permitía entregar las minas en propiedad privada y a perpetuidad. Lejos de derogarla, los gobiernos ´progresistas´ de la Concertaciónle sumarían facilidades que culminaron con el Tratado de Libre Comercio firmado con EEUU por el presidente Ricardo Lagos y la nueva privatización del cobre. Las empresas estatales que desde su nacionalización tenían casi el 100% de la producción, se convirtieron en productores minoritarios con poco más del 30%: la mayoría del cobre y la minería chilena, es hoy de las corporaciones norteamericanas (3).
La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina durante los años noventa, consiste en un escandaloso paquete de leyes que transfiere totalmente el riesgo al Estado y lo obliga a darles a las multinacionales estabilidad fiscal por 30 años, asegurándoles beneficios excepcionales. Estas leyes están vigentes y son la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. Era Secretario de Minería de la Nación Angel Maza -gobernador de La Rioja hasta hace poco- y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados el ultra-menemista José Luis Gioja, hoy fervoroso kirchnerista y gobernador de San Juan. El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en la Secretaría de Minería de la Nación a su co-provinciano Jorge Mayoral, no es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, la norteamericana- canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en marcha en los Andes sanjuaninos los mayores yacimientos auríferos del país: Veladero y Pascua Lama.
Notas:
1) Folleto ‘Diez Razones para Invertir en Minería Argentina’. Secretaría de Minería de la Nación-SMN- p 6.
2) Estas notas están basadas en informaciones oficiales, artículos publicados en la prensa nacional y testimonios grabados a especialistas, trabajadores y vecinos de las poblaciones aledañas a las minas.
3) El gobierno de Salvador Allende nacionalizó el cobre el 11/7/ 1971: ‘Hoy es el día de la dignidad nacional y la solidaridad. Es el día de la dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica’.