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Los medios legitiman nuestra dictadura liberal

El ejemplo de la reforma constitucional en España

Fuentes: Rebelión

Una prueba de que no vivimos en una democracia es la actitud de los medios de comunicación. Según la mitología periodística, los medios representan un contrapeso al poder establecido, pero realmente se integran en él con toda naturalidad y su papel es legitimarlo. El caso de la reciente reforma constitucional es un buen ejemplo de […]

Una prueba de que no vivimos en una democracia es la actitud de los medios de comunicación. Según la mitología periodística, los medios representan un contrapeso al poder establecido, pero realmente se integran en él con toda naturalidad y su papel es legitimarlo. El caso de la reciente reforma constitucional es un buen ejemplo de ello.

Con la excepción de Público, el único diario de gran tirada que a veces se acerca a la decencia periodística, no veremos en los otros el menor apoyo a que el pueblo pueda pronunciarse sobre la reforma de la Constitución, la norma jurídica suprema. Veamos ejemplos:

EL PAÍS

«Una iniciativa peligrosa. Un referéndum sería un factor adicional de incertidumbre que penalizarían los mercados»
(Editorial 29/8/2011)

Nuestro diario más progre sitúa por delante la dictadura de los inversores privados frente a la opinión del pueblo español, que se considera «peligrosa». Eso es compromiso con la democracia y lo demás son tonterías.

EL PERIÓDICO

«No faltan razones a los que reclaman someter a referendo el cambio constitucional, aunque socialistas y populares dispongan de dictámenes que avalan la decisión de aprobar la reforma con la sola mayoría de tres quintos en ambas cámaras.»
(Editorial 28/8/2011)

Una forma más sutil de rechazar el referéndum, legitimar que no se haga por la simple razón de que legalmente el PPSOE no tiene la obligación de consultar al pueblo.

LA VANGUARDIA

«Con todas las cautelas que se puedan poner, probablemente los impulsores de la medida estaban condenados a dar este paso. Lo han hecho de una forma muy poco política, escasamente pedagógica y sin ninguna concesión a la participación del resto de los grupos.»
(Editorial 31/8/2011)

Esto es lo más crítico que se muestra el diario. Desde su perspectiva burguesa catalana, La Vanguardia sólo concibe la «participación» en un sentido restringido, el de la «democracia de las élites», dejando fuera al vulgar populacho.

EL MUNDO

«Conviene detenerse un poco en la petición de referéndum, que puede resultar popular y populista en este momento, para poner en evidencia que la consulta no ofrecería mayores garantías democráticas que la aprobación por una mayoría muy reforzada del Parlamento.» (Editorial, 30/8/2011)

Por supuesto, ¿qué garantía democrática puede haber en una consulta al pueblo? Mucho mejor es dejarlo en manos de unas personas que, impunemente, se permiten hacer lo que quieren tras las elecciones, aunque sea lo contrario de lo que prometieron.

LA RAZÓN

«(…) salvo que 35 diputados y 25 senadores lo soliciten, no será necesario someterla a referéndum. No conviene, por tanto, dramatizar unos cambios que vienen exigidos por los socios europeos, pero que además son positivos para España. «
(Editorial, 24/8/2011)

Obedecer y creer. Obedecer lo que los «socios» europeos nos dictan y creer que los cambios son positivos para los españoles, sin derecho a opinar si los consideramos así o no. Tal discurso no pretende ni acercarse a lo que debería ser una democracia.

ABC

«Cualquier duda sobre la legitimidad de esta mayoría parlamentaria resulta gratuita, y no solo porque supera con creces la mayoría cualificada exigida por la propia Constitución, sino también porque está formada por los dos partidos nacionales con opciones de gobernar, que a su vez representan a más del 80 por ciento del electorado. Una reforma ajustada al procedimiento constitucional es formalmente irreprochable.»
(Editorial, 31/8/2011)

Al igual que El Periódico, pero con mayor contundencia, se identifica legitimidad con legalidad. También usa implícitamente el argumento de El Mundo, otorgando mayor legitimidad a los «representantes» del pueblo que al propio pueblo. Para empezar la cifra de 80% no es correcta, pues ignora a los más de 9 millones de ciudadanos que eligieron no votar; realmente sólo votó al PPSOE el 61,5% de los electores, lo que en nuestro «representativo» sistema les otorga el 92% de los escaños. Aun así, si es cierto que ellos son los representantes de la voluntad popular, ¿por qué no lo confirman tranquilamente en un referéndum? La respuesta es obvia.

PÚBLICO

El diario Público es el único que claramente se ha manifestado a favor del referéndum, tanto en sus portadas, como en sus informaciones y artículos de opinión. Público no hace editoriales, pero a modo de ejemplo citaré un par de artículos de opinión. El primero es del subdirector, Manuel Rico, quien empieza diciendo,

«Aunque algunos intentan despachar el debate sobre el referéndum calificándolo de «ruido innecesario», lo cierto es que la ausencia de una consulta sobre la reforma constitucional es un serio problema formal, añadido al error de fondo de constitucionalizar dogmas ultraliberales.» (31/8/2011)

El problema aquí es que la reforma no es un problema «formal» sino de principio, de legitimidad democrática. Formalmente pueden ignorar al pueblo, pero quien procede así al reformar la norma jurídica suprema de un estado, claramente no cree en la democracia.

El siguiente artículo, del mismo día, lo firma Fernando Luengo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense,

«A través del encaje parlamentario se podrá dar salida a esa reforma vulnerando el derecho de la población a expresarse en un referéndum sobre una cuestión tan crucial.»

Aquí se dice claramente que la población tiene ese derecho, el derecho de expresarse y decidir si quiere reformar algo tan importante o no. Es la postura de un demócrata, quien además tiene estas palabras para toda la propaganda tecnicista alrededor del déficit,

«Continuamente, se invoca la autoridad de los mercados, como si estuvieran gobernados por una racionalidad indiscutible y como justificación de que no hay alternativas. Pero, en realidad, el término ‘mercados’ oculta los intereses de operadores financieros, inversores institucionales, fondos de alto riesgo, empresas transnacionales y grandes fortunas que, cada vez con más desparpajo, fijan la agenda de gobiernos e instituciones.

(…)

Pero el asunto desborda con mucho los confines de la economía. Tras un debate que algunos pretenden técnico o gobernado por la pura lógica económica, al que está llamado un selecto grupo de especialistas, se encuentran los intereses de aquellos grupos cuya estrategia consiste en ocupar el Estado. De ahí la necesidad de debilitarlo y convertir en negocio, en su negocio, el sector social público. Por esa razón, por todo lo que está en juego, no podemos aceptar que ese debate quede atrapado en el lenguaje técnico y muchas veces opaco de los especialistas.»

Tal como dice un experto en economía, que por razones obvias no es del grupo «selecto», no estamos ante una cuestión técnica sino ideológica, al servicio de unos intereses muy concretos. Y como no vivimos en un estado democrático, tampoco hay el menor interés por crear un sistema educativo que forme a los ciudadanos y les permita formarse su opinión sobre las cuestiones económicas. Al contrario, lo que tenemos son unos medios de comunicación que, de forma abrumadora, adoctrinan a la población en la ideología dominante. Si la propaganda surte efecto, dejaremos que la gente se exprese «libremente»; en caso contrario, mejor que se queden calladitos, por si acaso.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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