El Presidente anunció la reglamentación de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014. Prometió que se destinarán 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reconoció que el agronegocio “se llevó todo puesto, se llevó puesto los árboles y los colegios rurales”.
Ocho años y medio después de su sanción en el Congreso, y un año y medio después del primer anuncio hecho por el actual Gobierno; el presidente Alberto Fernández presentó ayer la reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. El mandatario ubicó a la agricultura familiar como parte de la “nueva economía que llamamos economía popular”, reconoció –sin críticas al actual modelo del agronegocio– que “la humanidad no está produciendo los alimentos más sanos» y señaló que el sector alcanzado por la demorada norma es el que puede producir “alimentos ecológicos” para “un mercado enorme en el mundo”. Para la puesta en marcha, el Presidente anunció que se destinarán 100 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial.
El acto se realizó en el Centro Cultural Kirchner en el marco del segundo encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, donde Fernández subrayó la importancia del cumplimiento de la normativa para el arraigo: “Duele mucho cómo está construida esta Argentina, con un centro muy rico y dos regiones periféricas, el norte y el sur, a las que les cuenta mucho crecer”. Traducido en números, según el último censo agropecuario, se expresa así: los pequeños productores producen la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, pero sólo el 13% de la tierra está en sus manos, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.
A su lado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reconoció que “tenemos otro campo que se llevó puesto todo”, pero sostuvo que como ministro «defiende la producción argentina» y celebró las ganancias récord del modelo agroexportador, que desde enero de este año llevan liquidados 15.329.592.490 de dólares, según las cámaras del sector.
Sobre los 100 millones de dólares que se destinarán a la agricultura familiar y a un posible plan de ejecución, Fernández enumeró algunos casos modelos de producción de miel, leche y ganado y habló de la necesidad de dar crédito para la compra de herramientas y maquinaria para “empoderar” a los “sectores débiles”.
Respecto del financiamiento, la norma –que atravesó todo el gobierno de Mauricio Macri sin ser reglamentada– fue modificada en un punto crítico en aquella sanción de 2014, cuando se modificó su artículo 33, que aseguraba un financiamiento anual de 1500 millones de pesos (con un dólar a 8,5 pesos) asignado por Presupuesto.
El Presidente estuvo acompañado en la presentación por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y referente de Frente Agrario Evita, Miguel Ángel Gómez; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico; y la referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina, Mercedes Taboada. En la reunión del Consejo también hubo representación del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Somos Tierra, mientras que no estuvo presente la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
Más allá del clima de celebración por la concreción de la demorada reglamentación –el Gobierno había presentado un plan en septiembre de 2020–, Diego Montón, del MNCI-Somos Tierra, lamentó que la convocatoria al Consejo Nacional de la Agricultura Familiar haya dejado “anuncios pocos sustanciosos, y sin que las propuestas y críticas de las organizaciones sean puestas en valor”.
“Las organizaciones no hemos visto la versión definitiva de la reglamentación, además de que se había anunciado en abril de 2020, y que es una ley de 2014 que requiere alguna actualización. Otras herramientas como monotributo social agropecuario –eliminado durante la gestión Luis Etchevehere– aún no llegan a todas las organizaciones y menos al sector que no está organizado en el interior del país”, resumió Diego Montón.
Una reglamentación que sostiene dos miradas sobre “el campo”
El ministro Domínguez destacó la decisión del Presidente de avanzar con la reglamentación para ayudar al “otro campo”, con el que dijo estar identificado por su historia familiar, y habló del “coraje de reglamentar esta ley” que “viene a completar la visión del campo argentino”. “Tenemos otro campo que se llevó todo puesto. En estos últimos 20 años, se llevó puesto los árboles, los colegios agropecuarios, los colegios rurales… Se llevó puesto todo el modelo de desarrollo”, reconoció Domínguez, pero insistió: “Hay que reconocerlo. Yo defiendo la producción argentina, lo que significa el campo para la Argentina sino no sería ministro, pero a esta pata le falta la pata social que el Presidente viene a restablecer”.
Luego, Domínguez retomó la línea de trabajo más fuerte de su gestión al repasar que llegaba de participar en “Agroactiva 2020”, en Santa Fe, “esas actividades que hacen a la zona núcleo” y volvió sobre los números del “campo” para rechazar las críticas de los sectores del macrismo y el agronegocio. “Dijo que nosotros hostigábamos al campo, pero se aumentó la producción en 12 millones más de hectáreas en rendimiento y los negocios del sector nunca alcanzaron este nivel”, sostuvo Domínguez, quien días atrás contradijo al Presidente ante una posible suba de retenciones.
El secretario de Agricultura Familiar –dependiente del Ministerio de Agricultura–, Miguel Gómez, habló de “la tarea de reconstrucción de la secretaría que había sido vaciada” durante la gestión de Mauricio Macri y destacó poder haber incorporado a 400 de los 1200 trabajadores despedidos, en un contexto en el que la realidad de la agricultura familiar sigue siendo de emergencia. El Secretario pidió “repensar la ruralidad y repoblar el campo y garantizar que los que hoy están en el campo no se vayan”.
Gómez también habló de la capacidad del sector para producir alimentos sanos y crear mercados de cercanía y ferias de productores para “bajar los precios de los alimentos con ferias populares y mercados de cercanías de alimentos sanos”.
Esa línea de trabajo fue retomada por el Presidente en su discurso en otro código: “Hay un mercado enorme en el mundo para vender productos ecológicos. Representa una enorme oportunidad para la Argentina y que quien puede producirlos es la agricultura familiar”.
En ese tono, el mandatario consideró que “los seres humanos nos hemos dado cuenta que estamos destruyendo el planeta y que, en busca de producir más alimentos, no estamos produciendo los alimentos más sanos”. El mismo Presidente que refuerza políticas que impulsando la agricultura intensiva atada al paquete agroquímico, como la reciente y celebrada aprobación del trigo HB4. El avance de las semillas transgénicas deja latente la intención de las empresas de biotecnología de modificar la Ley de Semilla, a contramano de otro de los puntos centrales de la norma reglamentada ayer que es el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena).
La Ley de Agricultura Familiar y el acceso a la tierra
Para que el arraigo y la producción local sean posibles, la Ley 27.118 contempla la creación de un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar a partir de un relevamiento de tierras fiscales nacionales, provinciales o de donaciones. “Tenemos una enorme problemática que es la situación de los cordones hortícolas, donde los productores no son dueños de la tierra. Con el banco de tierras vamos a trabajar para que quienes quieran producir alimentos tenga su tierra”, confió el Secretario de Agricultura Familiar.
Ese es un punto central de la normativa y que el propio Presidente había mencionado tiempo atrás respecto a un “plan de tierras fiscales a los que quieran trabajarlas”. Luego se había comprometido con la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra, que avanzaba en la creación de créditos para la adquisición de tierras privadas, pero perdió estado parlamentario en febrero pasado.
Sin embargo, ni el ministro Domínguez ni el Presidente retomaron la problemática del acceso a la tierra en sus discursos. Otro de los puntos clave de la Ley frente al conflicto de tierras es la suspensión de las sentencias de desalojos campesinos por tres años –debería ser prorrogado–, una realidad que sigue vigente para las familias campesinas a lo largo y ancho del país.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-gobierno-reglamento-la-ley-de-agricultura-familiar/