El Golpe de Estado en Paraguay fue impulsado a partir de una supuesta crisis de gobernabilidad. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una de las claves para entender el nivel de incidencia de este relato. Podría ser trillado decir que los medios de comunicación son un actor político para nada […]
El Golpe de Estado en Paraguay fue impulsado a partir de una supuesta crisis de gobernabilidad. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una de las claves para entender el nivel de incidencia de este relato.
Podría ser trillado decir que los medios de comunicación son un actor político para nada neutral en los conflictos por el poder. Con el golpe de Estado en Paraguay, la historia se repite: los medios hegemónicos paraguayos rápidamente actuaron, tras la masacre de Curuguaty, para construir un relato de crisis política de gobernabilidad que estigmatizara a los campesinos y que responsabilizara al presidente Lugo de lo ocurrido, para destituirlo sólo una semana después.
El ataque
Viernes 15 de Junio, en una zona rural de las más afectadas por el agronegocio dentro del distrito de Curuguaty, un violento desalojo en una tierra del Estado de la cual esgrime supuesta «propiedad» uno de los terratenientes más importantes del Paraguay, Blas Riquelme, dio como resultado la muerte de once campesinos y seis policías.
En uno de los diarios de tirada más grande del país, ABC color, se pudo leer en los días siguientes a la masacre cómo se tildó a los campesinos de «invasores» y se santificó a los policías muertos. También se habló de «supuestos campesinos», como si estos no fueran tales, y además se los asoció con otros episodios de violencia, entrenamiento militar y armamentismo. El nombramiento por parte de Lugo de un nuevo comandante de las fuerzas policiales, involucrado como responsable del operativo en Curuguaty, aparece recurrentemente en todas las crónicas como aditamento sobre la responsabilidad del primer mandatario en los hechos.
Así como un 80% de las tierras de Paraguay se concentran en un 2% de los propietarios, la desigualdad económica también se replica en la propiedad del espectro radioeléctrico: un 98% se encuentra en manos de medios comerciales y sólo un 2% se reserva para medios públicos. Si indagamos un poco de cerca los nombres que figuran como accionarios dentro de ese 98%, podremos ver las conexiones entre el poder político heredado de la dictadura de Alfredo Stroessner, los grandes terratenientes paraguayos y los medios de comunicación.
El diario ABC, fundado durante la dictadura de Stroessner por Aldo Zuccolillo -quien también es, actualmente, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa-, es parte del Grupo Zuccolillo, socio de Cargill Paraguay, una de las transnacionales más importantes del agronegocio en el mundo. No es casualidad, entonces, esta fuerte arremetida del medio de comunicación en contra del gobierno, ya que sólo un par de semanas antes un organismo estatal -el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal- había prohibido la introducción de una semilla Monsanto al país. La liberalización de estas semillas traería un enorme beneficio económico a ese 2% de propietarios que concentran la tierra.
Los diarios comerciales que le siguen en importancia (y ventas) a ABC son Última Hora y La Nación. El primero pertenece al grupo empresario que lidera Antonio Vierici. Este grupo ostenta además el canal de TV Telefuturo, una cadena de supermercados y la licencia de Burger King en Paraguay, entre otras empresas. El Grupo Clarín de Argentina posee, desde 2007, el 40% de las acciones de Última Hora y actúa en el país con diversos canales de televisión, la empresa de cable Cablevisión, Fibertel y los derechos de transmisión del fútbol. La Nación, por su parte, es propiedad del político Osvaldo Domínguez Dibb, miembro del Partido Colorado. El grupo Dibb tiene además en su poder el diario Crónica, varias radios y la tabacalera Boquern.
Una vez puesto en marcha el juicio político, estos medios de comunicación mantuvieron un rol fundamental en la construcción del consenso: la medida se presentó como un procedimiento legal y legítimo que pone en camino de reconstituir el orden social en Paraguay. Desde el exterior se vieron acompañados por sus socios, que ya han mostrado su rol en otros países -apoyando el golpe en Venezuela (2002), en Honduras (2009) y en Ecuador (2010)-. En la mayoría de los casos se ha hablado de «destitución», resaltando la legalidad del proceso. Así como también se ha hecho hincapié en cómo las cosas «han vuelto a la normalidad» luego de la manifestación del viernes 22 de junio.
La defensa
La televisión pública paraguaya, inaugurada recién en mayo del 2011 como uno de los canales más modernos de Paraguay, fue junto con los medios alternativos una trinchera de la resistencia desde el día del juicio político a esta parte. Los manifestantes antigolpistas encontraron a partir del «micrófono abierto» la posibilidad de expresarse y manifestarse, y durante los días siguientes al golpe se reunieron de forma masiva en la puerta del canal. Sin embargo, los medios comerciales no mostraron estas imágenes y se detuvieron sólo en aquellas manifestaciones a favor de la asunción de Franco.
La respuesta oficial a este esbozo de participación popular no tardó en hacerse oir: en estas horas se están empezando a denunciar los primeros intentos de censura y de intervención por parte del nuevo gobierno en el canal público. Aún cuando el micrófono ha estado abierto también a personas que defienden el gobierno de Franco.
Por otra parte, a nivel internacional los medios de comunicación públicos de varios países realizaron una cobertura en defensa de la democracia paraguaya y denunciando el golpe. Tal es el caso de Venezolana de Televisión (Venezuela), Televisión Pública Canal 7 (Argentina) y la cadena latinoamericana de noticias Telesur.
El porvenir
Es en los momentos de mayor confrontación política donde los medios de comunicación muestran «la hilacha», como sucedió en 2008 en la confrontación «entre el campo y el gobierno» en Argentina.
Sin embargo, la deconstrucción de la hegemonía de estos medios de comunicación no depende únicamente de analizar sus conexiones con el poder político y económico. La construcción de una fuerza social y política popular que pueda dar la disputa en la resistencia por la defensa de la democracia tiene que ir indefectiblemente de la mano de la construcción de nuevos medios de comunicación, que tengan otra estructura interna, fuera de las lógicas comerciales, pero con capacidad de disputar y generar un discurso antagónico al que quieren imponer «los de arriba».
Es interesante analizar el proceso que se vaya a dar con la televisión pública: si la participación popular antigolpista efectivamente logra aglutinarse en ese espacio en el corto y mediano plazo, esta puede potenciarse y multiplicarse en todo el país.
La perspectiva a largo plazo tiene más que ver con el devenir político de Paraguay en general, pero sin dudas la lucha por la democratización del espectro radioeléctrico tiene que ser una de las disputas fundamentales del pueblo paraguayo si efectivamente se propone la pelea por la democracia.
Nota publicada originalmente en www.marcha.org.ar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.