Una grave amenaza se cierne sobre los «patriotas» y «democráticos» broadcasters, peruanos, y es que el ya anticuado e inoperante Estado pretende exhalar uno de sus último respiros y tiene la osadía de hacer valer un derecho del pueblo: Ejercer la Ley de Partidos Políticos, vigente desde noviembre del 2003 y que precisa que los […]
Una grave amenaza se cierne sobre los «patriotas» y «democráticos» broadcasters, peruanos, y es que el ya anticuado e inoperante Estado pretende exhalar uno de sus último respiros y tiene la osadía de hacer valer un derecho del pueblo: Ejercer la Ley de Partidos Políticos, vigente desde noviembre del 2003 y que precisa que los medios de comunicación privados brinden un espacio gratuito a las agrupaciones aptas para participar en las próximas elecciones, entre ellas, el Movimiento Nueva Izquierda MNI. Ante ello, los empresarios pretenden enarbolar la bandera de la propiedad privada por encima de los intereses nacionales.
Y si de intereses hablamos, recordemos que en el año 2000 el gobierno de Alberto Fujimori -actualmente de turismo por Chile- recurrió a sus servicios como principal anunciante, otorgándoles 60 millones de dólares para retirar de su programación, en toda la primera vuelta electoral, el debate político, favoreciendo escandalosamente su candidatura y minimizando o distorsionando las respuestas de los demás candidatos. Los mismos medios que cinco años después protestan contra la «imposición» del Estado, se negaron casi hasta el final de la primera vuelta a pasar publicidad pagada de los candidatos opositores a Fujimori.
Pokemón irradiando energía, el Chavo del Ocho pegándole al señor Barriga y Laura Bosso pagándole a una madre de familia por lamer axilas y pies fueron el perfecto reemplazo al fraude electoral, la Marcha de los Cuatro Suyos y las carretillas de dinero que salían del Servicio de Inteligencia Nacional SIN, con rumbo a los bolsillos de los dueños de Panamericana Televisión y América Televisión, además de los propietarios de la prensa sensacionalista.
Este fue un periodo que debe ser recordado para extraer lecciones, es necesaria una constante disposición al diálogo con los poderes, hacerse escuchar y reclamar derechos como cumplir deberes. Pero muchos mass medias no están dispuestos a recordar el grave daño que le ocasionaron al pueblo peruano y cuando se trata de la defensa del capital, no hay patria que valga ni pueblo que lo rechace.
La ley electoral establece que del 9 al 24 de marzo del 2006, los partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones accederán a 10 minutos en la televisión; del 25 de marzo al 2 de abril, tendrán 20 minutos en la pantalla chica y del 3 al 7 de abril, se les otorgará media hora, entendiendo que los comicios generales se realizarán el 9 de abril como se prevé.
De otro lado, la ley prohíbe a un partido contratar publicidad por un tiempo mayor a los cinco minutos sea en una estación de televisión o en una radio. Además, sostiene que las tarifas por publicidad no podrán ser superiores al monto promedio que se cobra normalmente.
Los broadcasters argumentan que el Estado se entromete en la propiedad privada al no haber consultado al momento de elaborar el nuevo reglamento, pero esa prensa privada no debe olvidar que si bien es dueña de la infraestructura, la ley 28094 la compensa con una reducción proporcional en el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico; debe quedar en claro que el espacio aéreo es del pueblo peruano, de ese pueblo al que no consultaron a la hora de elaborar su programación. Ahora es el Estado quien debe poner mano dura contra los que se enriquecen a costa de la información del pueblo.