Esta semana El País se hace eco de las informaciones que desde Nicaragua llegan acusando al presidente Daniel Ortega de adquirir una cadena de televisión crítica con su Gobierno, el Canal 8. Según el diario se han disparado las alarmas de la libertad de expresión al haber sido comprado por una empresa vinculada al presidente […]
Esta semana El País se hace eco de las informaciones que desde Nicaragua llegan acusando al presidente Daniel Ortega de adquirir una cadena de televisión crítica con su Gobierno, el Canal 8.
Según el diario se han disparado las alarmas de la libertad de expresión al haber sido comprado por una empresa vinculada al presidente este canal, en el que tenía dos programas, uno diario y otro semanal, Francisco Chamorro, uno de los más fervientes opositores al Gobierno nicaragüense. Este hombre ha sido el principal denunciante de la compra, empezando por afirmar que deja los espacios que dirige en el Canal 8 porque no quiere «ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos ni en sus negocios políticos, que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria».
Sin embargo lanzar esta acusación al aire es un asunto más comprometido de lo que parece. Para empezar, es la prensa contraria al gobierno de Ortega la que ha lanzado la noticia sin aportar pruebas fehacientes de que sea la empresa Albanisa, participada por una filial de la empresa Petróleos de Venezuela y la empresa estatal nicaragüense Petronic, la que se haya hecho en efecto con la cadena de televisión. Albanisa declara no tener en sus cuentas ningún negocio relacionado con la compra del Canal 8 y ya el propio gobierno de Nicaragua ha puesto en marcha una auditoría para comprobar que esto sea cierto, ya que las leyes de telecomunicaciones del país prohíben que una empresa de propiedad extranjera (Albanisa está participada mayoritariamente por la empresa petrolífera venezolana) controle un medio de comunicación. Asimismo el vendedor, Carlos Briceño, no ha hecho público el nombre de la empresa compradora.
Aun sin pruebas, El País no duda en acusar, basándose tan solo en testimonios de medios controlados por la oposición nicaragüense, al gobierno de Ortega de quebrantar su propia ley de telecomunicaciones e intentar un control mediático que pasa por acallar las voces de sus críticos. Parece no ser un hecho relevante para el redactor el que el propio Chamorro haya admitido que la cadena le ha permitido seguir con sus programas, incluso hablando de una próxima renovación, a lo que Chamorro se ha negado.
El periódico aprovecha para denunciar otras situaciones que a su juicio son sospechosas como el hecho de que las denuncias de las organizaciones opositoras no prosperen y que los periodistas son denunciados a menudo por injurias y calumnias. Por supuesto, tratándose de un gobierno de izquierdas, el entramado mediático de la oligarquía liberalista no puede otra cosa que pensar en el mal mayor y explica dicha situación acusando al presidente de Nicaragua de sobornar y controlar al sistema judicial para que le protejan y pone como fuentes, como siempre, a los medios en poder de los grupos opositores. ¿Para qué plantearse que puede que la prensa nicaragüense exceda los límites de la libertad de expresión?
La respuesta como todas las semanas es sencilla: la guerra está abierta y todo desgaste a los responsables de la revolución socialista latinoamericana es bienvenido. Los medios españoles se han convertido en los principales valedores del sistema establecido y en unos fieles escuderos de los intereses económicos de sus propietarios en estos países.
El más mínimo rumor de corrupción es suficiente para acusar y desacreditar a un Gobierno cuando a este lado del charco hemos sido testigos de casos constatados y contrastados de hechos reales idénticos a la acusación infundada que sostiene este artículo, ¿o nadie recuerda ya cómo el Gobierno de Aznar consiguió eliminar de la parrilla el programa Caiga Quien Caiga autorizando que su gran amigo Berlusconi se hiciera con el control de Tele5, necesitando una reforma de nuestra ley de medios de comunicación que se hizo sin pestañear? Daniel Ortega es presentado en El País infundadamente como el enemigo de la libertad de expresión mientras deja claro que él mismo es el mayor enemigo de la libertad de información.
Fuente original: http://laboratoriodenoticias.es/spip.php?article52
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