Hace una semana El País condenó a Wikileaks en un editorial muy revelador (parecido al que dedicó al Che). La causa: haber publicado íntegros, sin editar, los documentos del Cablegate de los que el diario había tenido la exclusiva en español. La sentencia: «un peligro para los derechos humanos». Así se revela la distancia entre […]
Hace una semana El País condenó a Wikileaks en un editorial muy revelador (parecido al que dedicó al Che). La causa: haber publicado íntegros, sin editar, los documentos del Cablegate de los que el diario había tenido la exclusiva en español. La sentencia: «un peligro para los derechos humanos». Así se revela la distancia entre un «periódico de prestigio» y quienes denuncian al Imperio y las guerras (in)humanitarias. Las militares y las diplomáticas.
Cada párrafo del editorial, tres en total, coloca a cada cual en su sitio. Revisándolo se entiende por qué los medios corporativos atacan ahora a Wikileaks. Se distancian de quienes han construido y defienden la Red (la información, en general) como contrapoder.
Rezaba el primer párrafo:
– Wikileaks se convirtió en un eficaz instrumento para las organizaciones de derechos humanos y para todos aquellos ciudadanos cuyas demandas eran contrarrestadas con el secreto de Estado y la opacidad. La afirmación indigna. ¿Qué rendición de responsabilidades impulsó El País? No pidió la dimisión de la vicepresidenta que presionó a la Audiencia Nacional para que abandonase el caso Couso. Y tampoco exigió el cese de la ministra Sinde, cuya infausta «ley» se fraguó con más de cien cables en los que la industria estadounidense pedía cerrar Internet a los «piratas» españoles. Nótese que se menciona a las «organizaciones de DDHH» y a los «ciudadanos» como impulsores de la transparencia. No a los profesionales de la comunicación. Siquiera cuando saben del encubrimiento de un crimen contra un compañero de profesión. No sé ustedes, pero yo creo a quien se la juega por mí; por lo menos, en cuanto a crímenes de guerra y a ficheros compartidos (considerados también un crimen) se trata.
Pasemos al segundo párrafo:
– Las fuentes que aparecen citadas en los cables pasan a ser, de inmediato, víctimas potenciales de los mismos atropellos que se decidieron a denunciar, con lo que Wikileaks deja de ser un instrumento a su favor y se convierte en un arma en su contra. ¿Puede ser esto cierto? No. Tras casi un año entero de circulación de los cables sin editar (fueron publicados por un periodista de The Guardian) y de filtraciones entre los propios medios (p.e. a 20minutos de su filial noruego), ¿no se han puesto a resguardo los informantes? La cuestión es más de fondo. El periodismo profesional no respeta que Wikileaks rechace como obligación proteger a «nuestros» ejércitos y a sus colaboradores. Los considera mas blindados que la población civil, como demuestran las cifras de muertos que reveló. Wikileaks toma partido, pero no las armas: está con las víctimas. No las «potenciales», sino las reales. Las que otros no cuentan o llaman «colaterales».
Último mazazo de los editorialistas togados:
– El error de Wikileaks no consiste en haber renunciado a servir de fuente a algunos de los principales diarios y semanarios del mundo […] consiste en haber abandonado luego la deontología por la que se rige el periodismo con el que están comprometidos esos medios. Una sentencia y un cargo sin fundamento. Ornamento y delito. Assange y su equipo sirvieron mucho más que de fuentes. Y un código para profesionales no puede imponerse a quien no lo es.
Wikileaks sin cobrar nada a cambio (ni una campaña promocional, tal como van las cosas se le prepara la hoguera), ayudaron a los cinco medios impresos de «más prestigio» a descifrar bancos de datos valorados en millones de dólares. Les propusieron trabajar de modo colaborativo, algo inconcebible con las exclusivas. Les diseñaron un marco transnacional, que aseguraba impunidad para revelar secretos de estado. Si el New York Times publicaba primero, gracias a la Primera Enmienda, el resto lo haría sin represalias. En suma, Wikileaks introdujo en la vieja prensa algunos principios de la cultura digital y, en concreto, hacker. El flujo de información ha de ser gratuito, colaborativo, transnacional y alegal. Son requisitos para luchar contra los think tanks que alimentan gratis a los medios, y contra quienes actúan fuera de la legalidad o la cambian a su antojo, como las transnacionales y los ejércitos.
Minusvalorar el papel de Wikileaks no legitima a quien le publicó lucrándose. Tampoco oculta su contradicción argumental. El País y los otros medios dijeron haberse mostrado indispensables para contrastar y contextualizar los cables. Negaron que Wikileaks fuese un medio de comunicación y Assange un periodista (lo que mejoraría su situación). Sólo los periodistas conferían rigor y credibilidad. Ahora reprochan, a quien no goza de sus privilegios legales, incumplir una deontología periodística que no casa con la baja estima social y los menguantes negocios de esta profesión.
Los cables fueron fragmentados en noticias domesticadas. El racionamiento de abusos trufados de chascarrillos nos hizo perder la insoportable visión de conjunto. Los enfoques domésticos, sobre escándalos nacionales, filtrados y compensados con declaraciones oficiales, devaluó las denuncias. Se demostró, en suma, que la mediatización de los escándalos resulta inocua para los poderes denunciados. Y que los medios corporativos no cumplen sus tratos. Habían convenido liberar los cables después de haber informado sobre ellos. Demuestran, a fin de cuentas, que actúan como PayPal o MasterCard. Sus transacciones permiten financiar la carrera de armamento, pero no a Wikileaks.
Imponiendo a los públicos cibernautas su deontología, los periodistas sueltan lo que pudiera ser su tabla de salvación: la ciudadanía empoderada en la esfera digital. Su alianza con gentes como Wikileaks abrió una vía clara de sostenibilidad, económica y deontológica. Los cinco medios que compartieron la exclusiva publicaron más denuncias que nunca, multiplicaron ganancias y audiencias. ¿Por qué criminalizan ahora al mensajero? Mientras, prosiguen la demolición de Assange y del supuesto filtrador, Bradley, como iconos de la libertad de expresión. Pensarán que los líos de faldas de uno y los «desequilibrios» del otro rendirán más beneficios. O que el Gran Jurado de Virginia que les espera generará crónicas inolvidables. Y que así nos harán olvidar que gracias a ellos constatamos la impudicia del emperador y las masacres que financiamos. Olvidan ellos que sabemos quién se la juega por nosotros, quién nos amenaza y quién nos niega como actores comunicativos de pleno derecho y una ética propia: la hacker.
Apelando a ella hubieran cabido las críticas a Assange desde una mayor comprensión de lo que está en juego. Wikileaks, al entregar los cables en exclusiva, vulneró el principio hacker de liberar con transparencia y neutralidad información crítica. Ha racionado sin rendir cuentas las filtraciones hasta que acabó el trato. Los diarios debían liberarlas tras haberlas utilizado. Aparte de esta, hay otras razones y de gran calado. Son las de los hackers. La Humanidad tiene derecho a construir un archivo global de su Historia. La información clasificada no podía seguir siendo patrimonio del millón y medio de militares y contratistas que viven del negocio de la guerra. Los datos ya circulaban por un error de Assange, por filtraciones entre los medios y de estos al público ( Micah L. Sifry ). Por último, la cifra de muertes provocadas por filtraciones semejantes de Wikileaks (p.e. los Papeles de Afganistán) es 0. Esta intrahistoria ha sido ocultada con otros relatos interesados , que anuncian otros peores. Porque los errores están repartidos ( Tom Watson y Jeff Jarvis ). Y porque los hechos que demuestran quién es quién. Quién ejerce por ahora, con sus contradicciones pero también con todas sus consecuencias, el (contra)poder informativo.
Víctor Sampedro Blanco es Catedrático. Departamento de Comunicación I de la Universidad Rey Juan Carlos.
Blog del autor: http://propolis-colmena.blogsp
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