Reporteros sin Fronteras hizo público con motivo de la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica un informe sobre la libertad de prensa en la región. El documento, que también se reprodujo en el diario El País en formato de artículo de opinión del presidente de la ONG Fernando Castelló el pasado sábado 20 de noviembre, confirma […]
Reporteros sin Fronteras hizo público con motivo de la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica un informe sobre la libertad de prensa en la región. El documento, que también se reprodujo en el diario El País en formato de artículo de opinión del presidente de la ONG Fernando Castelló el pasado sábado 20 de noviembre, confirma su obsesión con Cuba y Venezuela. Le indigna a esta organización, que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de dólares de origen desconocido pero sí imaginado, que la Constitución venezolana exija que la información sea «veraz, oportuna e imparcial», lo que consideran unas «adjetivaciones restrictivas». La Constitución venezolana fue aprobada hace cuatro años y refrendada por la mayoría absoluta de los ciudadanos en el libre ejercicio de su democracia. Nadie es quien para imponerle a los venezolanos otra ley diferente.
Se hace referencia en el artículo al gobierno de Chávez como «régimen venezolano» no sabemos muy bien por qué si se trata de un sistema de democracia representativa como el cualquier otro país occidental, con la diferencia, eso sí, de que el presidente no es del gusto de Estados Unidos.
Denuncian la «violencia verbal mostrada por el presidente de la República». Paradójico que la única libertad de expresión que consideran oportuno limitar sea la del presidente del país.
Entre las agresiones a la libertad de prensa en Venezuela denuncia Reporteros sin Fronteras el «control oficial de cambios», una medida económica legítima tomada por un gobierno y que nada tiene que ver con la expresión o la información. También se alarman por una «peligrosa ley sobre el ejercicio del periodismo» que exige titulación específica e inscripción en una asociación profesional, o sea, como cualquier otra profesión en cualquier otro país. Olvidan además que esa ley está vigente desde diciembre de 1994, cuatro años antes de que Chávez llegase al poder, pero sólo es ahora cuando parece resultar preocupante.
Denuncia el presidente de RSF que «una periodista está procesada por la justicia militar». Se refiere a Patricia Poleo, cuya causa fue archivada por la fiscalía militar el 1 de noviembre, es decir, 19 días antes de la publicación del artículo en El País. Me temo que a quien hay que proteger en muchas ocasiones no es a los periodistas sino a los ciudadanos de las mentiras de algunos periodistas.
Terminan cargando contra la ley de responsabilidad social de radio y televisión porque afirman que impone una censura previa y sanciones controladas por un «directorio» designado. La citada ley no está aprobada ni siquiera discutida en la Asamblea Nacional. Algunos de los artículos criticados, como el que RSF denomina de «censura previa» hace tiempo que fueron retirados. En cuanto a las sanciones, olvidan decir que lo que ellos llaman «controladas por un directorio» no son otra cosa que asociaciones de ciudadanos y colectivos profesionales.
Mal papel es el de Reporteros sin Fronteras en Venezuela, donde quienes mueren asesinados son los fiscales que investigan a los grandes medios de comunicación y su participación en golpes de Estado.
En cualquier caso, poco rigor se puede esperar de una organización que sitúa a Cuba en el penúltimo lugar del mundo en respeto a la libertad de expresión, muy por detrás de países como Colombia donde, como ellos mismos reconocen, un centenar de periodistas han sido asesinados en los últimos quince años. Eso sí, allí afirman que existe un «pluralismo informativo real», con el pequeño detalle de que «los periodistas lo pagan con su vida«.