Cuando pensábamos que ya estaba dado el derecho de los pueblos a estar debidamente informados, en ese marco de derechos generales establecidos en papel -bien sea mediante la Constitución nacional o las cartas de organismos internacionales-, el mundo marcha en evidente retroceso con el escamoteo de la verdad mediante subterfugios que, en esencia, persiguen mantener […]
Cuando pensábamos que ya estaba dado el derecho de los pueblos a estar debidamente informados, en ese marco de derechos generales establecidos en papel -bien sea mediante la Constitución nacional o las cartas de organismos internacionales-, el mundo marcha en evidente retroceso con el escamoteo de la verdad mediante subterfugios que, en esencia, persiguen mantener la ignorancia como divisa.
Y no hablamos de naciones arropadas todavía por las tinieblas de ignorancia que impusieron en un momento los antiguos colonizadores, sino de pueblos altamente desarrollados que permanecen parados frente al abismo de la manipulación informativa. Con esto se contribuye a sistematizar prejuicios y violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en la práctica tornan casi inoperantes organismos de la naturaleza de las Naciones Unidas, incapaz de evitar que la barbarie se imponga por sobre la razón, debido a las manipulaciones que ejercen las naciones más poderosas en lo económico y militar.
Así tenemos que en los últimos años, específicamente desde el fatídico 11 de septiembre de 2001 -cuando la ciudad de Nueva York perdió sus emblemáticas Torres Gemelas, símbolos del capitalismo imperial, mediante un inimaginable ataque terrorista con sendos aviones de pasajeros, se inició un vertiginoso proceso con el objetivo de limitar las libertades individuales, pero cuyo primer blanco fue la libertad de información.
El manejo interesado -y controlado- de la información, como ha ocurrido tantas veces en tantas circunstancias, sembró en la sociedad estadounidense, primero, y en el ámbito internacional, después, una indolencia brutal hacia situaciones de marcadas violaciones a los derechos civiles y humanos, tal como los concebimos en el último medio siglo.
Increíblemente, los más influyentes medios de comunicación en Estados Unidos, tanto electrónicos como impresos, entendieron como una obligación transformarse en auténticos propagandistas del gobierno del presidente George W. Bush, que con los sucesos del 11 de septiembre de 2001 consiguió el mejor justificativo para aglutinar en su entorno fuerzas políticamente contrarias, que le habían aborrecido por el fraude cometido en el estado de la Florida para hacer posible su elección en noviembre de 2000.
Jorge Gestoso, periodista uruguayo que durante 16 años fue el presentador del noticiario estelar de la cadena norteamericana CNN en español, acaba de dejar su puesto en este importantísimo medio y ahora confiesa lo siguiente:
» …yo me he quedado sorprendido, por buscar una palabra, cuando después del 11 de septiembre, de pronto el gobierno empieza a mezclar el patriotismo con los deberes de la prensa. Y lo plantea de tal manera que cuestionar al gobierno es sinónimo de antipatriotismo. Y de pronto -esto es mi percepción- la prensa en general, empieza a sentir este mensaje fuerte: ‘Hablar en contra de lo que estamos haciendo es ser un mal estadounidense’. Y enseguida, casi como un sentimiento de autocensura de la prensa: ‘No voy a hablar de determinados temas porque al hablar me voy a tirar tierra encima, me van a percibir como un tipo desleal, como un antipatriota'». (Entrevista en el diario El País, Uruguay, 26/junio/04)
De este modo se pasó de la manipulación informativa a ocultar la verdad o, lo que es peor, a la construcción de una verdad falsificada, como preámbulo justificador de las acciones militares contra Afganistán, invadida en octubre de 2001. El bombardeo masivo a Iraq, a partir del 20 de marzo de 2003, y su posterior ocupación, vino precedido de un abrumador cañoneo propagandístico disfrazado de noticias. Se advertía en los medios informativos de Estados Unidos, y de prácticamente todo el mundo, un supuesto contubernio entre los regímenes afgano e iraquí, mientras dejaban de lado las muertes de cientos de miles de inocentes producto de la ofensiva militar aérea indiscriminada sobre la población civil iraquí, principalmente.
Quien tuviera una mínima noción de política internacional sabía que era una garrafal mentira la existencia de un contubernio entre el régimen talibán de Afganistán y el de Sadam Husein, y que en realidad se pretendía el control de la nación iraquí, poseedora de la segunda mayor reserva de petróleo del mundo.
En Afganistán, la determinación de Estados Unidos de combatir el trasiego de drogas -el régimen talibán había perseguido la siembra de amapola, de la cual se extrae el opio- es una promesa incumplida y se asegura que desde la invasión estadounidense se ha restablecido el cultivo de grandes zonas y se ha incrementado el tráfico hacia Europa.
De lo que estamos hablando es que en ambos casos, los medios de comunicación no han sido consistentes en poner en perspectiva que esas invasiones tienen como fin el control de importantes zonas geográficas, en un calculado expansionismo militar de Estados Unidos que persigue el dominio del Oriente Próximo y de Euroasia, inclusive de algunas antiguas repúblicas soviéticas en las cuales ya ha instalado bases militares.
En el caso particular de Iraq, 600 periodistas fueron «embalados» como parte de las tropas de ocupación y los despachos debían tener la aprobación de mandos militares, situación ésta reñida con los tradicionales principios del periodismo independiente que postula la sociedad norteamericana. Similar proceder se dio con los periodistas británicos al integrarlos a las fuerzas de ocupación del Reino Unido, aliado de Estados Unidos en estas acciones armadas para las que se ha puesto oídos sordos a los reclamos de los pueblos de prácticamento todo el mundo.
Las violaciones de los derechos civiles y humanos acallados incluyen el establecimiento de un campo de concentración en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, donde ciudadanos de diversas naciones están sometidos a las más humillantes vejaciones con el fin de establecer sus presuntos vínculos con la red terrorista Al Qaeda. También se ha visto con indiferencia asombrosa en los medios de comunicación estadounidenses el caso del boricua José Padilla, preso sin juicio desde que hace dos años -en mayo de 2002- el presidente W. Bush lo declarara combatiente enemigo.
Diarios tan prestigiosos como The New York Times y The Washington Post no han tenido más opción que pedir disculpas a sus lectores por haber sido parte de este entramado que ha llenado de desinformación al pueblo de la nación más poderosa del mundo. La cadena de televisión CNN, en cambio, ha guardado silencio a pesar de que sus despachos y comentarios, previo y durante la invasión, estaban sometidos a censura y todos sus analistas políticos en ese momento eran militares, miembros de la reserva o militares retirados.
La cadena de televisión NBC ha sido más determinante al despedir al periodista Peter Arnett por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión al calificar en la televisión iraquí de «fallidos» los planes militares iniciales de la coalición anglo-estadounidense, tal como trascendió el 31 de marzo de 2003 en un informe de la BBC de Londres.
NBC fue más lejos todavía al determinar como justificativo del despido del más famoso periodista de la televisión estadounidense que se trató de «un error de Arnett otorgar una entrevista al canal estatal iraquí especialmente en tiempos de guerra. Y también se equivocó al discutir sus observaciones personales y opiniones en esa entrevista», cito del cable de la BBC.
Es decir, que como periodista veterano de la llamada Guerra del Golfo en 1991, cuando trabajaba para la CNN, y conocedor periodístico del terreno en que se movía, Arnett a los 68 años de edad ni siquiera tenía derecho a una opinión personal, según la NBC. ¿Dónde queda la libertad de expresión y su derecho como periodista? Y si bien el tiempo le dio la razón en sus valoraciones a este periodista ganador de un premio «Pulitzer» por su trabajo como corresponsal de The Associated Press en la guerra de Vietnam, tuvo que hacer un mea culpa por su «estúpido mal juicio», como lo calificó.
Para la misma fecha en que Peter Arnett fue despedido, el Pentágono expulsó de Iraq al periodista de origen puertorriqueño Geraldo Rivera, de la cadena Fox News, según confirmó el teniente comandante Charles Owens, del mando central de la invasión ubicado en Qatar, por presuntamente comprometer la seguridad de las tropas estadounidenses.
Geraldo Rivera calificó las imputaciones de «una sarta de mentiras» de la competencia, por su presunta «buena relación» con los soldados.
Igual suerte corrió cuatro días antes el periodista Philip Smucker, que trabaja de forma independiente para The Christian Science Monitor, de Boston, y The Daily Telegraph, de Londres, expulsado a Kuwait por el Pentágono por informar la ubicación de una unidad de los infantes de Marina en una entrevista con la CNN.
Esos son algunos episodios de la mediatización de la libertad de prensa. Mas no se trata sólo de esto, sino de que por semanas los medios de comunicación estadounidenses -considerados los adalides de la libertad de prensa y ejemplo para periódicos y periodistas en el mundo- callaron por solicitud de los altos mandos militares y del Pentágono las horribles torturas y vejaciones a que eran sometidos, al igual que en Guantánamo con los presuntos miembros de Al Qaeda, los prisioneros de la cárcel Abu Ghraib en Bagdad en abierta violación a los derechos humanos y a los acuerdos de Ginebra.
Y es que, como dijera en octubre de 2003 en Oviedo (España) el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, premio «Príncipe de Asturias de las Comunicaciones», «se ha introducido un nuevo estilo de conflicto armado sin víctimas que tiene una primera etapa de limpieza del terreno enemigo». Las imágenes de la televisión, añadimos, sólo presentan los fuegos artificiales, no los destrozos humanos causados por los misiles lanzados indiscriminadamente en zonas citadinas en un abierto desprecio al más fundamental de los derechos humanos: la vida.
Visión de la FELAP
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), a la que está afiliada la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), en el preámbulo de su «Código latinoamericano de ética periodística» hace suya la resolución 59 (I) de la asamblea general de las Naciones Unidas, adoptada en 1946, cuando expresa: «La libertad de información requiere como elementos indispensables la voluntad y capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa».
Y es que, recuerda la FELAP, «La información concebida como bien social concierne a toda sociedad a la que corresponde establecer normas morales que rijan la responsabilidad de los medios de comunicación colectiva. El periodista, en su condición de intermediario profesional, es factor importante del proceso informativo y su ética profesional estará orientada al desempeño correcto de su oficio, así como a contribuir a eliminar o reducir las actuales deformaciones de las funciones sociales informativas».
Al establecer las normas deontológicas del periodista latinoamericano, la FELAP recalca que se concibe la libertad de prensa «como el derecho de nuestros pueblos a ser oportuna y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos», por lo cual «el periodista tiene responsabilidad política e ideológica derivada de la naturaleza de su profesión, que influye en la conciencia de las masas, y que esa responsabilidad es insoslayable y constituye la esencia de su función social».
El código de ética de la FELAP es taxativo en la lucha por la paz y la discriminación cuando en su artículo segundo establece en parte:
«El periodismo debe contribuir al fortalecimiento de la paz, la coexistencia, la autodeterminación de los pueblos, el desarme, la distensión internacional y la comprensión mutua entre todos los pueblos del mundo; luchar por la igualdad de los seres humanos sin distinción de raza, opinión, origen, lenguaje, religión o nacionalidad. Es un deber ineludible del periodista latinoamericano contribuir a la independencia económica, política y cultural de nuestras naciones y pueblos».
En ese contexto se inscribe la defensa de la libertad de prensa y el derecho al ejercicio, libre de presiones, de la profesión periodística, que en los últimos tiempos ha estado sometida a un lamentable acoso en Puerto Rico por el liderazgo del Partido Nuevo Progresista (PNP), principal de oposición.
Lo que hemos experimentado en las últimas semanas es el desenlace de una política hostil incubada por ese liderazgo y diseminada por sus comentaristas y columnistas de turno para convertir a los periodistas que no responden a sus intereses particulares en objetos de difamación y ataques verbales, lo que no es nuevo.
Precisamente, durante la administración del gobernador Pedro Rosselló se produjeron situaciones nunca antes vistas en la historia puertorriqueña del último medio siglo. No hablamos sólo de las presiones a que fueron sometidos los periodistas, al acoso constante en las conferencias de prensa, al despido incluso de periodistas por hacer uso de sus derechos civiles, como el derecho a organizarse y a la libre expresión, como ocurrió en el periodo de ocho años con el entonces presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, sino a intentar silenciar a un medio de comunicación mediante el estrangulamiento económico, tal como sucedió con el diario El Nuevo Día.
Este caso es muy interesante, porque del gobierno de Rosselló haber ejercido esa acción contra un medio sin la capacidad económica de El Nuevo Día, contra el que todavía se mantiene una campaña con pegadizos en los automóviles, posiblemente el país lo hubiera visto desaparecer de los estanquillos.
Lo irónico es que todo esto se ha hecho a nombre de la libertad de expresión, entonces como ahora. Las acciones destempladas, los insultos, contra los periodistas Oscar J. Serrano, del diario Primera Hora; Rafael Lenín López, de Televicentro, o Daisy Sánchez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), son en realidad violaciones a sus derechos ciudadanos, a sus derechos civiles, que al mismo tiempo exacerban los ánimos de fanáticos partidistas con miras a que se pase del acoso verbal al ataque físico, como ya hemos visto intentos.
Y mientras esto se hace contra esos compañeros periodistas, el pueblo puertorriqueño espera respuestas a las preguntas formuladas al candidato a la gobernación del PNP, Pedro Rosselló, para saber cómo hizo para agenciarse una pensión de $52.500 anuales en las postrimerías de su segundo mandato, cuando todo indica que no tenía derecho a ello.
Para estos ataques se ha esgrimido una presunta falta de imparcialidad de los periodistas, intereses ideológicos y otras motivaciones que van en dirección de la conculcación de sus derechos ciudadanos y profesionales. Y es que olvidan estos personeros que entre la mentira y la verdad, el periodista honesto, consciente, sabe que no hay punto medio. El periodista comprometido con su pueblo sabe que la verdad debe resplandecer, máxime cuando se trata de desnudar el proceder impropio de quienes están llamados a dar el ejemplo ciudadano y quieren erigirse en conductores del país.
La actitud de estos políticos evidencia lo que la FELAP denominó en su VIII Congreso en 1999, celebrado en La Habana (Cuba), como «mentira organizada», la que en estos últimos tiempos hemos escuchado en distintas conferencias de prensa, en las que por cierto los reporteros apegados a la verdad son acosados, y en entrevistas radiales y de televisión.
En ese mismo contexto de intolerancia y de falta de respeto se inscribió también la agresión que hace varias semanas fuera objeto el fotoperiodista Gerardo Bello, del diario El Vocero, cuando cumplía con su responsabilidad de informar la excarcelación del pastor religioso José Candelario, imputado de violación a feligreses menores de edad con la presunta anuencia de sus padres.
Estos hechos ya fueron condenados en mayo por el Comité Ejecutivo de la FELAP, en su más reciente reunión en Veracruz (México), donde se puso en perspectiva la peligrosa situación de acoso que experimentan los periodistas puertorriqueños por parte del liderazgo del PNP.
Estos hechos no podemos dejarlos pasar con indiferencia, porque al insuflar las pasiones políticas, los extremistas ponen en juego la vida de los periodistas, como lo evidencian las agresiones, expresadas de varias formas, incluso mediante el asesinato.
Tal como consigna la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-FELAP) en un reciente informe, tan solo en el primer trimestre de este año 2004 se produjo el asesinato de seis periodistas en cinco países de América Latina. Algunos pensarán que esto no ocurre en Puerto Rico, a pesar de su elevada incidencia delincuencial. Pero no por ello podemos mostrar indiferencia frente a los agitadores políticos profesionales que intentan estimular agresiones contra los reporteros; no podemos sentarnos a esperar que ocurra una desgracia de esa magnitud para levantar nuestra voz.
Y es que, como recordó el presidente de la FELAP, Juan Carlos Camaño, en el IX Congreso celebrado en Pátzcuaro, Michoacán (México), en noviembre del año pasado, en el último cuarto de siglo han sido asesinados en América Latina más de 700 periodistas en acciones promovidas por sectores políticos y las mafias, que tantas veces se dan la mano.
Conclusiones
No quiero terminar esta intervención, sin reiterar la exhortación a los periodistas a mantenerse al lado de los reclamos justos del pueblo puertorriqueño y mantenerse como abanderados de la verdad, a asumir también una postura de denuncia abierta contra la discriminación en cualquiera de sus vertientes.
Los periodistas debemos evitar a toda costa el formar parte de la correa de transmisión de los ataques gratuitos contra las mujeres, como hemos visto con estupor en los últimos días en algunas producciones de televisión, o contra aquellos que por razón de origen o clase social son sometidos a la más despreciable humillación.
El periodista de nuestros tiempos no sólo debe ser responsable de transmitir la verdad, sino de combatir los prejuicios contra los sectores marginados de la sociedad, porque de ese modo estaremos cumpliendo con el principio sagrado de la construcción de un mundo mejor, que es también nuestra obligación.
San Juan, Puerto Rico
A 29 de junio de 2004