He venido destacando en artículos previos las influencias mutuas y los paralelismos programáticos de los gobiernos ultraderechistas del Río de la Plata, sus convergencias con las expresiones políticas afines del norte, y sus peculiares particularidades locales particularmente hospitalarias con los capitales.
Ya sea de manera paulatina y tenaz en la ribera oriental, o repentina y de choque en la contraria, las iniciativas legislativas, las agendas y las medidas tienen repercusiones indisimulables sobre el tejido social, parcialmente por acción y también por omisión, o más precisamente, por el desmonte de las formas institucionales de protección y amparo para la posterior criminalización de la intemperie patrimonial. Por ejemplo, en Argentina, la semana política comenzó con el decreto 696/24 que establece la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), argumentando la necesidad de recortar el déficit de las cuentas públicas, así como la ineficiencia en el ejercicio de sus funciones y en la resolución de casos. No fue un gobierno progresista el que lo creó, sino en 1995 bajo la administración de Carlos Menem, tras los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. El INADI fue crucial en la promoción de denuncias y acciones contra la discriminación por orientación sexual y abusos contra las minorías, algo esencial y particularmente útil actualmente frente al énfasis narrativo patriarcal y antifeminista del gobierno, además de sus diatribas ideológicas. Desarrolló programas de capacitación del personal de instituciones públicas y privadas a favor del pluralismo y la tolerancia, en un contraste agudo con el modo virulento y denigrante de Milei y sus funcionarios. Presentó amparos ante derechos alimentarios conculcados. La desaparición del organismo es funcional al avasallamiento oficialista de las fracciones más vulnerables de la sociedad, que se ensanchan vertiginosamente con cada medida gubernamental en un círculo morboso de realimentación positiva de la crueldad.
La Universidad Torcuato Di Tella emitió un informe cuantificando en 54,9% el nivel de pobreza y en 20,3% la indigencia, lo que significa un crecimiento de 16,2 y 11 puntos porcentuales respectivamente, comparando el primer trimestre de este año con el mismo período del año anterior. En términos absolutos, implica que en un año 4,9 millones de personas cayeron en la pobreza y 3,4 millones más en la indigencia en el período considerado. Si bien la variación es desigual según regiones, en todas ellas se expresa esta tendencia. Mientras la pobreza aumentó mucho más en el noroeste que en el resto del país y en mucho menor medida en la Patagonia respecto al promedio, la indigencia creció mucho más en los grandes conglomerados urbanos, especialmente el bonaerense. Además de frías estadísticas, los guarismos relatan el drama humano de millones de vidas desmoronadas, desamparos en la miseria que se cuela por las grietas de la insensibilidad. La respuesta ante las consecuencias inmediatas de las agendas económico-sociales implementadas es la más dura crueldad y sadismo. Mientras la inmigración será el sujeto prioritario de la exclusión en el primer mundo, en este sur, el hambriento y desclasado, cualquiera sea su origen, a excepción del que posea fortuna, que popularmente llamamos afortunado. Mientras allá conviven tendencias parcialmente keynesianas de cúneo proteccionista en tensión con dosis neoliberales, aquí la hegemonía monetarista que sustenta el nirvana neoliberal, no reconoce tensión alguna.
Ante el drama insoslayable, la respuesta será la criminalización. El actual Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, primo hermano del ex presidente homónimo e integrante del partido derechista aliado al de Milei, durante su campaña electoral del año pasado, sostuvo que su propuesta para las personas en situación de calle sería evitar que “se apropien de algunos sectores de la ciudad” y propuso “recuperar para el vecino” algunos de los lugares ocupados por quienes no tienen dónde dormir. Así, apuntó contra quienes buscan refugio del frío en lugares cerrados de acceso público, como los cajeros automáticos, donde algunas noches duermen familias enteras. “Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos” (Diario Clarín 2/6/23). Ya en ejercicio de sus funciones, implementó esta visión en el “Operativo Especial Orden y Limpieza”, mostrando fotográficamente el desalojo de personas en situación de calle con un antes y después en su propio perfil de Instagram. No casualmente, comenzó por los barrios más acomodados, precisamente donde habitan ciudadanos más proclives a la asociación de basura con pobreza y consecuentemente más urgidos de este tipo de “limpieza”. Luego del escándalo, reconoció que la publicación había sido “poco feliz” aunque sostuvo la necesidad de resolver el problema frente a situaciones de adicción y salud mental (Diario La Nación, 26/4/24). Desde entonces, sin publicidad alguna, se suceden razias, no solo con empleados municipales sino también con policías, cuyo fin es destruir las ranchadas, obligando a las víctimas a acudir a los refugios, verdaderos aguantaderos semi carcelarios de la nocturnidad. Son acciones que se complementan con la persecución a cartoneros y hurgadores que encuentran en las calles un escaso paliativo a la creciente desocupación. El frío del gobernador no lo refleja el mercurio, sino el filo agudo de su insensibilidad. El único refugio que ofrece ante el frío, es tan solo el manto de la desvergüenza.
A pesar de estas políticas “disuasivas”, en la ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor proporción de población en situación de calle, se incrementó un 34%, llegando a 4.500 personas, de las cuales dos terceras partes están incluidas en los paradores municipales, mientras la tercera restante carece de todo tipo de asistencia estatal, incrementándose además el número de familias en esta condición. No obstante, contrastan con relevamientos informales que hablan de una duplicación de la magnitud, además de la insuficiencia de plazas en los paradores. Por si quedaran dudas sobre la consistencia de la política de perversión “higienista”, cuasi decimonónica, el secretario de seguridad de la ciudad, Diego Kravetz, se propone llevar al resto a paradores, porque “estructuran la vida y por eso muchos de los hombres y mujeres que viven en la calle no quieren ir (…) Allí hay reglas, como despertarse a tal hora, bañarse sí o sí, no se puede tomar alcohol, y hay quienes no lo quieren hacer porque tienen en la cabeza otra forma de vida”; caso contrario -exige- que abandonen la ciudad. Para rematar y alentar su propósito migratorio y disciplinador, concluyó aconsejando que, “como vecino, no está de acuerdo en que otro habitante baje con la comida para darle a quien está en esa situación porque lo acomodás en la pobreza”. “Vos te sentís mejor porque le diste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito, que te aseguro no es virtuoso” (Diario La Nación 16/7/24). Durante la ola de frío polar de dos semanas atrás habrían fallecido 15 personas de hipotermia. Un modo de sacarlas de ese circuito como desea el secretario Kravetz.
Para confirmar las confluencias rioplatenses a las que aludí al comienzo, en Uruguay, el senador y exministro del interior del actual gobierno, Luis Alberto Heber, sostuvo que «lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en materia de reconocer, investigar, atender, tratar de recuperar a la gente en situación de calle, es impresionante, pero hay que ir un paso más en materia de convivencia. Y el paso que nosotros proponemos es que vivir en la calle, que hoy es una falta, transformarlo en un delito» (Diario El Observador 27/7/24). Sin contradecir al reconocido título del libro de Foucault, “Vigilar y Castigar”, la consigna rioplatense, no excluyente, podría sintetizarse como “marginalizar y criminalizar”. En esta lógica perversa, las víctimas devienen victimarias.
Para el exministro renunciado ante un caso de gravísima corrupción, pilar del herrerismo (corriente de derecha extrema del gobernante Partido Nacional), “la gente está siendo violenta porque no aguanta más que estén viviendo en frente a su comercio, haciendo sus necesidades”. Para quien suscribe, estos exponentes de la criminalización, la encarnación humana de tales necesidades.
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).
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