Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Caty R.
Una expresión se está trivializando en los medios de comunicación y entre ciertos políticos: «emigración ilegal». Se utiliza muy a menudo desde hace algunos días a propósito de los africanos que, primero por el desierto y luego por el mar, intentan atravesar lo desconocido para alcanzar las costas europeas.
La noción de «emigración ilegal» nos alarma, porque parece anunciar un futuro peligroso. No es nueva; Le Monde publicaba el 23 de junio de 2003: «los Quince no sancionarán a los países con emigración ilegal». Poco después el gobierno marroquí promulgaba la ley n° 02-03 de 11 de noviembre de 2003 «relativa a la entrada y estancia de los extranjeros en Marruecos y a la inmigración y la emigración irregulares», cuyos artículos 50-52 castigan severamente (hasta con veinte años de prisión) a quien salga o ayude a otros a salir «del territorio marroquí de forma clandestina». Presionado por la Unión Europea (UE), Marruecos se ha acostumbrado a perseguir a las personas que salen del país, hecho que, como todos sabemos, se saldó con una quincena de muertos por disparos en Ceuta y Melilla en el otoño de 2005.
Hoy, la expresión «emigración ilegal» está muy difundida y transforma el solo hecho de emprender el camino en un acto censurable. Acaba de recibir el aval de la Conferencia de los ministros del interior del Mediterráneo Occidental (CIMO), que se celebró en Niza el 11 y 12 de mayo de 2006, bajo la presidencia de Nicolás Sarkozy, en un comunicado que «alaba los esfuerzos de los países de la orilla meridional del Mediterráneo para contener la emigración ilegal a Europa».
Más al sur, las autoridades senegalesas comunicaron que habían detenido en su territorio a 1.500 «candidatos a la emigración clandestina» que pretendían llegar a las islas Canarias en pateras (AFP, del 22 de mayo de 2006).
Sin embargo, ni el concepto que convierte al emigrante en delincuente, ni las prácticas que se pretenden autorizar tienen legitimidad si nos atenemos a un texto de 1948 que vincula a todos los Estados miembros de la ONU. El artículo 13, párrafo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) dice que: «toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.» Este derecho ha sido ratificado por varios textos internacionales vinculados al Pacto internacional de los derechos civiles y políticos de 1966. Por tanto únicamente la inmigración podría «no ser legal» puesto que se considera que la entrada en un país depende de la voluntad de cada Estado soberano. La idea de «emigración ilegal» se crea a partir de una simetría engañosa, ya que si ningún país está dispuesto a acoger al viajero, entonces éste pierde el derecho a viajar.
La criminalización del emigrante en su país de origen no es nueva. Ha sido y sigue siendo un atributo de los países que se inspiran en el modelo soviético según el cual al emigrante se le considera un fugitivo. En esto se inspiraron diversos regímenes autoritarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sirvió precisamente para eso: siendo «ilegal» en su tierra, el emigrante se convertía en un inmigrante bienvenido en el país de acogida. Resulta irónico -como tantas veces en la política- que esa misma referencia a la ilegalidad de salida se invoque ahora como un pecado contra nuestra hospitalidad. Y así se trampean los principios jurídicos universalmente reconocidos.
Con el electoralismo racista al fondo, la creación de este concepto esconde un regateo. Por un lado, la UE saca partido de su «liberalidad» bautizada astutamente como «ayuda a la vigilancia de las fronteras» y «ayuda al desarrollo» y en el lado de los países dominados, hay una competición para ser el alumno favorito de una UE que ya no esconde que distribuye sus prebendas al son de su capacidad para encauzar los flujos migratorios. Así en Rabat se quejan de que los 40 millones de euros prometidos por la UE por este concepto no se han pagado a pesar de los esfuerzos de la policía y el ejército marroquíes para detener los flujos «ilegales» hacia el norte. Y sabemos que, si en 2005 Libia hablaba de lanzar dos millones de emigrantes sobre Italia era para obtener, como así fue, agradecimiento y apoyo económico de América y Europa.
Más que nunca florece la estrategia de «hacer caja» y se atascan las ventanillas de la UE. Dirigiéndose a los españoles que quieren devolverle a sus emigrantes varados en las Canarias, el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, clama para estar a la altura: «que me los devuelvan pero que me den también dinero para la irrigación». (Journal du Dimanche, 21 mai 2006).
Los gobiernos europeos y africanos están imponiendo un concepto para luchar contra la inmigración ilegal que no tiene ningún fundamento jurídico. Lo más inquietante es lo que todo esto implica de regresión hacia un sistema que generaliza la postura de encerrar a los indeseables; así quedarían, a un lado el santuario de los países ricos y al otro la zona de donde estaría prohibido salir, que se convertiría en un gran campo de concentración [1]. Y Europa sigue su construcción produciendo cada vez más violencia en sus márgenes. Mientras tanto en los países situados en medio de este cara a cara, se desarrolla un racismo atizado por los países dominantes, especialmente hacia los emigrantes del África negra atrapados por una trayectoria migratoria interrumpida. La estigmatización de la emigración calificada como ilegal, contribuye a reforzar el arsenal policial de los países que colaboran, de buen grado o a la fuerza, en las políticas europeas cuyo fin es mantener a raya a los extranjeros.
[1] África: la gran cárcel http://www.rebelion.org
Fuente: http://lmsi.net/article.php3
Caty R. es miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala (www.tlaxcala.es), la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción es copyleft.