Acostumbrado a que los medios de comunicación españoles muestren una gran preocupación ante las posibles restricciones a la libertad de expresión y prensa en «algunos» países latinoamericanos (expresada habitualmente mediante noticias sobre el cierre puntual de algún medio), me «extrañaba» la pasada semana tener que enterarme mediante un breve publicado en Gara y rebotado por […]
Acostumbrado a que los medios de comunicación españoles muestren una gran preocupación ante las posibles restricciones a la libertad de expresión y prensa en «algunos» países latinoamericanos (expresada habitualmente mediante noticias sobre el cierre puntual de algún medio), me «extrañaba» la pasada semana tener que enterarme mediante un breve publicado en Gara y rebotado por un amigo en Facebook de una importante medida tomada en Ecuador y que afectaba sustancialmente el panorama mediático de aquel país. La medida, tomada hace tiempo pero cuyo cumplimiento vencía hace unos días, obligaba a los banqueros a deshacerse del control accionarial que tuvieran en los medios de comunicación. ¿El objetivo? Evidente. Tratar de evitar que los medios de comunicación privada sean un mero portavoz -revestido de la apariencia informativa y la relativa veracidad que se les supone- de los intereses económicos de los más poderosos del país; unos poderosos que, en el caso de Ecuador, son muy pocos.
La medida, qué quieren que les diga, me parece brillante, a pesar de que los banqueros ecuatorianos ya han buscado resquicios para atenuar los efectos de la ley (como el de colocar sus acciones a sus primos, tíos o amigos), y de que, obviamente, el hecho de que los medios no estén en manos de banqueros no significa en absoluto que estén apartados de los intereses de otros oligarcas del país o de fuera de él. Pero pese a ello me parece una medida buena, interesante por lo que plantea, y además, ejemplar. ¿Por qué entonces no se ha aireado en España? La respuesta es tan evidente como la anterior: porque hacerlo supondría, si no exponer cuál es la situación de los grandes medios en España, al menos que un buen puñado de personas se preguntaran qué es lo que sucede aquí.
¿Y qué es lo que sucede? Si prueban a preguntar a su buscador de internet favorito cuál es el reparto accionarial de los principales grupos de comunicación del país, lo más fácil es que le respondan con el silencio más absoluto. Y es que el asunto, al margen de los artículos de algunos periodistas outsiders -como el gran Pascual Serrano, que en su web ejemplifica cómo está el asunto relatando una anécdota personal de más que recomendable lectura- y de estudiosos que lo han volcado en sus investigaciones (como Nuria Almirón), permanece en la más discreta penumbra. No obstante, estos trabajos coinciden al apuntar que el control accionarial de los grandes grupos de comunicación en nuestro país -Prisa, Unidad Editorial, Vocento, etc.- reside en gran parte en manos de los amos del Santander, Central Hispano y BBVA; bancos que, como sucedió recientemente con el primero y Prisa, se muestran a su vez muy flexibles con las deudas contraídas con ellos por parte de estos mismos grupos de comunicación. La dependencia de los grandes grupos mediáticos del país respecto a los dos grandes bancos españoles y las personas que los comandan es absoluta. ¿No mereceríamos nosotros el establecimiento de una medida como la ecuatoriana? ¿Qué grado de credibilidad debemos dar de la información financiera, económica y general que nos ofrecen los medios privados del estado [y los públicos, que dependen de partidos con enormes deudas contraídas con esos mismos bancos]? ¿Le pondrá alguien el cascabel al gato o estamos perdidos? Mientras se lo piensan, si quieren seguimos dando lecciones de democracia.
Fuente original: http://www.linformatiu.com/nc/opinio/detalle/articulo/en-espana-eso-no-pasa/