Con la aprobación del Congreso y sin ninguna protesta de los medios corporativos, la ley Military Commissions Act de 2006 (MCA), firmada por Bush el 17 de octubre de 2006, aplicará la ley militar por igual a los ciudadanos y no-ciudadanos de EEUU. Mientras los medios, incluyendo un editorial principal del New York Times del […]
Con la aprobación del Congreso y sin ninguna protesta de los medios corporativos, la ley Military Commissions Act de 2006 (MCA), firmada por Bush el 17 de octubre de 2006, aplicará la ley militar por igual a los ciudadanos y no-ciudadanos de EEUU. Mientras los medios, incluyendo un editorial principal del New York Times del 19 de octubre, han dado la falsa tranquilidad de que, como ciudadanos estadounidenses, no seremos víctima de las medidas draconianas legalizadas por esta ley -tales como prisiones militares y largas detenciones sin derecho a la protección constitucional- Robert Parry precisó que el texto de la MCA permite la institución de un alternativa militar al sistema constitucional de justicia para ‘cualquier persona’ sin importar la ciudadanía estadounidense. La MCA elimina efectivamente los derechos de habeas corpus para ‘cualquier persona’ juzgada arbitrariamente como ‘enemigo del estado’.
El enjuiciamiento de alguien acusado de ‘combatiente enemigo’ depende enteramente de la voluntad del presidente Bush. El más antiguoderecho humano definido en la historia de la civilización de habla es el derecho a desafiar el poder gubernamental de arrestar y detener mediante el uso del recurso legal del habeas corpus, considerado como la parte más crítica de la Carta Magna firmada por el rey Juan en 1215. Alexander Hamilton escribió en The Federalist #84, en agosto de 1788:
‘El establecimiento de la escritura de habeas corpus … quizás sea la mayor seguridad para la libertad y el republicanismo que cualquiera otro contenido [de la constitución ] … La práctica del encarcelamiento arbitrario ha sido el instrumento más formidable y favorito de las tiranías de todas las épocas.»
Las observaciones sobre este tema del jurisconsulto británico y académico legal J. Blackstone, del siglo XVIII, son dignas de un decreto:
»Privar a un hombre de la vida’ -ha dicho- ‘o confiscar su estado por violencia, sin acusación o juicio, sería un acto de despotismo tan grueso y notorio que necesariamente transportaría de inmediato la alarma sobre la tiranía a través de toda la nación; pero el confinamiento secreto de una persona encerrada en una cárcel donde sus sufrimientos son desconocidos u olvidados, es menos público, es menos llamativo y, por lo tanto, es un acicate más peligroso para la arbitrariedad del gobierno.»
Mientras que es verdad que algunas disposiciones de la MCA apuntan a no-ciudadanos, otras secciones se aplican también claramente a los ciudadanos de EEUU, poniéndolos dentro del mismo sistema de tribunales reservado a los residentes y a los extranjeros no ciudadanos.
La Sección 950q de la MCA indica esto: ‘Cualquier persona es castigable como principal bajo este capítulo [de la MCA ], así haya cometido la ofensa penalizada por este capítulo, o ayudado, incitado, aconsejado, comandado o procurado su comisión’.
La Sección 950v, ‘Crimes Triable by Military Commissions’, (26) de la MCA, parece apuntar específicamente a ciudadanos americanos, indicando esto: ‘Cualquier persona que, conforme a este capítulo, rompa su lealtad o su deber con Estados Unidos, y con conocimiento e intencionalmente ayude a un enemigo de Estados Unidos, o a una de las co-beligerancias del enemigo, será castigado por una comisión militar de manera directa, bajo este capítulo’.
¿A quiénes puede aplicarse este capítulo? ‘¿Quién -pregunta Parry- tiene ‘una lealtad o un deber con EEUU’ si no es ciudadano estadounidense? Además permite [la MCA] que ‘cualquier persona’ sea sometida al sistema de Bush. Una vez adentro de la jurisdicción de las cortes tradicionales norteamericanas la ley prohíbe la detención hasta después del procesamiento y la sentencia, pero ahora podría imponerse un encarcelamiento indefinido puesto que no hay horarios para el desarrollo de los procesos del tribunal de Bush.
La Sección 950j de la ley da mayores atribuciones a los estados una vez que detengan a una persona ‘… por encima de cualquier otra disposición de la ley (incluyendo la sección 2241 del título 28 o cualquier otra provisión de habeas corpus) ninguna corte, justicia o juez tendrá jurisdicción para oír o considerar cualquier demanda relativa a la prosecución del juicio o procesamiento de una comisión militar bajo este capítulo, incluyendo desafíos a la legitimidad de los procedimientos de la comisión militar’.
También parecerían estar fuera del alcance de un detenido otras protecciones constitucionales del sistema de derechos, tales como un juicio rápido, el derecho a una fianza razonable y evitar ‘un castigo cruel e inusual’.
Parry advierte que ‘en efecto, la nueva ley parece establecer un sistema compartimentado privilegiado y paralelo para el procesamiento, encarcelamiento y posible ejecución de los enemigos del estado, sean estos enemigos extranjeros o nacionales».
‘Bajo el capote de los tribunales militares creados para procesar a sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda y a otros llamados «combatientes enemigos ilegales» Bush y su controlado Congreso republicano crearon con eficacia un sistema legislativo paralelo para ‘cualquier persona’ -sea o no ciudadano estadounidense- que cruza una cierta línea mejor definida como enferma’.
En una de las más escalofriantes declaraciones públicas hechas jamás por un fiscal general de EEUU, Alberto Gonzáles opinó en una audiencia del Comité Judicial del Senado, el 18 de enero de 2007, que ‘la Constitución no dice que conceda o asegure por este medio el derecho de habeas corpus a cada individualidad o al ciudadano de Estados Unidos. No dice eso. Dice simplemente que el derecho no será suspendido’.
Parry advirtió que más importante que su naturaleza de estudiante de segundo año, es que la declaración de Gonzáles todavía sugiere que está buscando argumentaciones para hacer del habeas corpus un derecho opcional, subordinado al Presidente, cuyo poder ejecutivo sería virtualmente ilimitado durante la ‘época de la guerra’, según los asesores legales neoconservadores de Bush.
Actualización de Robert Parry
La serie de Consortium sobre la Ley de Comisiones Militares 2006 (Military Commissions Act of 2006) precisó que el amplio alcance de la ley parece destinado a aplicarse por igual a ciudadanos y no-ciudadanos de EEUU, al contrario de ciertos comentarios tranquilizadores de los principales medios de noticias respecto a que la ley solamente niega los derechos de habeas corpus a los no-ciudadanos. La aplicación de esta ley sobre ‘cualquier persona’ que ayude e incite a una variedad amplia de crímenes relacionados con el terrorismo -y las provisiones de la ley que regulaban la jurisdicción de las cortes civiles- evidentemente podrían empujar a «cualquier persona» al limbo legal de las comisiones militares, donde sus derechos están firmemente constreñidos y sus casos podrían prolongarse indefinidamente.
A pesar de la extensa difusión de nuestros artículos en Internet, los principales medios de noticias de EEUU continúan sin hacer caso al preocupante alcance para ‘cualquier persona’ como objetivo de este estatuto. Según mi conocimiento, por ejemplo, ninguna corporación importante de noticias ha explicado por qué -si se supone que la ley es para aplicarse solamente a los no-ciudadanos- hay una sección específicamente destinada a ‘cualquier persona [que] infrinja su lealtad o deber a Estados Unidos, ayude con conocimiento e intencionalmente a un enemigo de los Estados Unidos’. De hecho, la alusión a ‘cualquier persona’ en las secciones que se ocupan del amplio arsenal de crímenes, que incluyen ofensas tradicionales, tales como espiar, sugiere que se ha creado un sistema legislativo paralelo fuera de los parámetros de la Constitución de los EEUU.
Desde la publicación de los artículos, los demócratas ganaron el control de ambas cámaras y algunos demócratas prominentes, tales como el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leía, ha expresado su intención de revisar la ley con el propósito de restablecer el habeas corpus y otros derechos. Sin embargo, otros demócratas aparecen vacilantes, temerosos de que cualquier tentativa de cambiar la ley los exponga la acusación de ‘suaves ante el terrorismo’ y, además, que los republicanos de todas maneras torpedearán la legislación de la reforma. Para los grupos pro-Constitución fuera del Congreso, tiene una alta prioridad la reforma de la Ley de Comisiones Militares (Military Commissions Act). Por ejemplo, la Unión Americana por las Llibertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) organizó una reunión nacional de protesta contra la ley. Pero la carencia pública de una comprensión clara del alcance de la ley ha socavado los esfuerzos por construir un movimiento popular por la abrogación o la revisión de la ley.
Para conocer más sobre este movimiento y colaborar con la campaña, ver:
https://secure.aclu.org/site/SPageServer?pagename=DOA
Comentario: El 8 de junio 2007, el Comité Judicial del Senado aprobó la Ley de Restauración del Habeas Corpus (Habeas Corpus Restoration Act) por 11/8 votos. Si el Senado termina aprobando esta iniciativa bipartidaria de los senadores Patrick Leahy, demócrata de Vermont, y Arlen Specter, republicano de Pennsylvania, quedaría restaurado el derecho de Habeas Corpus cercenado el año pasado por la Ley de Comisiones Militares (Military Commissions Act). La votación definitiva ocupará al Senado durante 2007.
Notas:
1) ‘MILITARY COMMISSIONS ACT OF 2006’ Public Law 109-366, 109th Congress:
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=109_con_publila&docid=f:publ366.109
Fuentes:
ConsortiumNews, 19 de octubre, 2006
Título: ‘Who Is ‘Any Person’ in Tribunal Law?’
Autor: Robert Parry
ConsortiumNews, 3 de febrero, 2007
Título: ‘Still No Habeas Rights for You’
Author: Robert Parry
Common Dreams, 2 de febrero, 2007
Título: ‘Repeal the Military Commissions Act and Restore the Most American Human Right’
Autor: Thom Hartmann
Estudiantes Investigadores: Bryce Cook y Julie Bickel
Evaluador de la Facultad: Andrew Roth, Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)