El nuevo Estatuto del Periodista propuesto por el primer ministro de Portugal, José Sócrates, levantó una ola de protestas de los profesionales del sector, incluidos aquellos que nunca ocultaron sus simpatías hacia el gobernante, por entender que está hecho a la medida de los dueños de las empresas. Así lo demuestra la petición contra las […]
El nuevo Estatuto del Periodista propuesto por el primer ministro de Portugal, José Sócrates, levantó una ola de protestas de los profesionales del sector, incluidos aquellos que nunca ocultaron sus simpatías hacia el gobernante, por entender que está hecho a la medida de los dueños de las empresas.
Así lo demuestra la petición contra las alteraciones sugeridas por el gobierno, promovida por el Sindicato de los Periodistas (Sindicato dos Jornalistas-SJ) y acompañada de más de 2.000 firmas, entre las cuales se cuentan las de altisonantes nombres de los medios de información, a los que se unió el ganador del premio Nobel de Literatura en 1998, José Saramago.
En sustancia, el nuevo Estatuto del Periodista que propone el gobierno de Sócrates permitiría a las firmas propietarias de los medios de comunicación alterar cualquier texto sin consentimiento del autor, situación que en los hechos, colocaría a los gerentes como eventuales censores de los reporteros.
El hemiciclo unicameral de São Bento, formado por 230 diputados, con mayoría absoluta del Partido Socialista (PS), comenzó esta penúltima semana del mes la discusión sobre las alteraciones al Estatuto a nivel de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías.
La Comisión recibió el día 19 al ministro para Asuntos Parlamentarios, Augusto Santos Silva, mientras que el día siguiente fue el turno para el SJ. También lo era para la asociación empresarial Confederación Portuguesa de los Medios de Comunicación Social, que apoya sin reservas el proyecto, pero cuya cita fue postergada.
El SJ hizo especial hincapié ante la Comisión que, al conceder a los superiores jerárquicos la facultad de alterar obras sin el consentimiento del autor, siempre que los patrones invoquen «necesidades de espacio o adecuación al estilo», se abren las puertas a «la manipulación de la información con meros propósitos mercantiles».
El caso ha causado tal revuelo, que hasta legisladores del propio PS, entre ellos Helena Roseta, dirigente destacada y presidenta del influyente Colegio de Arquitectos, han firmado el documento del sindicato de periodistas.
Fue suscrito además por los más diversos profesionales, tales como médicos, abogados, economistas, sociólogos, diseñadores de arte, ingenieros, directores de cine, así como sacerdotes católicos.
El SJ considera que la ley que el gobierno de Sócrates pretende imponer contiene «graves atentados a los derechos y a la propia libertad de creación y de expresión», por lo cual exhorta al parlamento a que «altere el tenor de la propuesta».
Al lanzar el debate a la opinión pública, el sindicato, que reúne a unos 5.000 profesionales de la información, identificó dos grandes objeciones al proyecto de ley.
La primera es que, en caso de aprobarse el texto presentado, «los periodistas no se podrán oponer a ‘modificaciones formales introducidas en sus trabajos’ por sus superiores jerárquicos», una disposición que según el SJ anula cuestiones centrales amparadas por la Constitución, en sus artículos 37 y 38, como son el derecho a las libertades de creación y de expresión.
La segunda objeción indica que la propuesta del gobierno permite a los propietarios del medio de comunicación o al eventual consorcio económico que integre «el derecho a la libre utilización, en todo órgano de información perteneciente a la empresa o al grupo, de obras destinadas al medio al cual el periodista pertenece».
La aprobación de una cláusula de este tenor, colocaría a Portugal en ruta de colisión con el resto de la Unión Europea y sus principios básicos de la propiedad intelectual, porque según el SJ, se trata de «una violación grosera del principio del derecho de autor», dando protección legal «a una verdadera usurpación».
En la óptica de los profesionales afectados, una medida de este carácter podría contribuir en forma decisiva para agravar el empobrecimiento de la diversidad informativa y estrangular el pluralismo de la comunicación social. En defensa de la total independencia de los periodistas, se han unido a Saramago otros destacados exponentes de la cultura que han firmado la petición del SJ, tales como los también escritores Agustina Bessa-Luís, Baptista Bastos y Casimiro de Brito, y el pintor Armando Alves.
Sin embargo, no todo ha sido apoyo de la ciudadanía a la batalla de los periodistas. En publicaciones electrónicas, han aparecido severos cuestionamientos y acusaciones de «corporativismo» de la clase profesional.
En una de estas críticas a los periodistas, el ciudadano Pedro Moreira, de la septentrional ciudad de Oporto, sintetiza un sentir que se ha hecho presente ante el caso del Estatuto.
Los periodistas «talvez comprendan y aprendan: ¿Será esta vez que van a tener conciencia del apoyo ciego que han dado a este gobierno? ¿Sólo ahora que vieron atacados sus privilegios?», interrogó.
En alusión a las medidas drásticas adoptadas por Sócrates, especialmente en los sectores de educación, seguridad social y salud, recomendadas por economistas liberales y apoyadas unánimemente por la prensa, Moreira sostiene que «cuando se hace el ataque más vil y feroz a otras profesiones en este país, los periodistas o guardan silencio o bien defienden la publicidad oficial».
Manuel, un periodista de vasta experiencia en Lisboa y en el ex enclave luso-chino de Macao, dijo a IPS que el nuevo estatuto tiene el agravante de «crear un ambiente de autocensura tendiente a agradar a los patrones, así como de cautela, que me hace pedir no ser identificado con el apellido, por posibles represalias».
«A mi edad, perder el trabajo…», expresó con una buena dosis de ironía este periodista de 63 años.
Opinó que el presidente del SJ, Alfredo Maia, «tiene toda la razón cuando dice que el Estatuto pone en riesgo un aspecto tan importante como la relación de confianza entre el periodista y sus fuentes», porque se legitima «la adulteración de los originales y así el sentido de las declaraciones de los hechos recompilados».
Otro peligro apuntado es que el Estatuto abre camino a la censura interna en las redacciones y contribuye en forma decisiva para agravar la pobreza de la diversidad noticiosa y a estrangular el pluralismo.
En este sentido, Manuel concluyó enfatizando que «no se puede transformar un bien esencial como la información en una mera mercadería, adaptable a los apetitos e intereses del mercado, susceptible de condicionar las opciones de la ciudadanía».
En sustancia, el nuevo Estatuto del Periodista que propone el gobierno de Sócrates permitiría a las firmas propietarias de los medios de comunicación alterar cualquier texto sin consentimiento del autor, situación que en los hechos, colocaría a los gerentes como eventuales censores de los reporteros.
El hemiciclo unicameral de São Bento, formado por 230 diputados, con mayoría absoluta del Partido Socialista (PS), comenzó esta penúltima semana del mes la discusión sobre las alteraciones al Estatuto a nivel de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías.
La Comisión recibió el día 19 al ministro para Asuntos Parlamentarios, Augusto Santos Silva, mientras que el día siguiente fue el turno para el SJ. También lo era para la asociación empresarial Confederación Portuguesa de los Medios de Comunicación Social, que apoya sin reservas el proyecto, pero cuya cita fue postergada.
El SJ hizo especial hincapié ante la Comisión que, al conceder a los superiores jerárquicos la facultad de alterar obras sin el consentimiento del autor, siempre que los patrones invoquen «necesidades de espacio o adecuación al estilo», se abren las puertas a «la manipulación de la información con meros propósitos mercantiles».
El caso ha causado tal revuelo, que hasta legisladores del propio PS, entre ellos Helena Roseta, dirigente destacada y presidenta del influyente Colegio de Arquitectos, han firmado el documento del sindicato de periodistas.
Fue suscrito además por los más diversos profesionales, tales como médicos, abogados, economistas, sociólogos, diseñadores de arte, ingenieros, directores de cine, así como sacerdotes católicos.
El SJ considera que la ley que el gobierno de Sócrates pretende imponer contiene «graves atentados a los derechos y a la propia libertad de creación y de expresión», por lo cual exhorta al parlamento a que «altere el tenor de la propuesta».
Al lanzar el debate a la opinión pública, el sindicato, que reúne a unos 5.000 profesionales de la información, identificó dos grandes objeciones al proyecto de ley.
La primera es que, en caso de aprobarse el texto presentado, «los periodistas no se podrán oponer a ‘modificaciones formales introducidas en sus trabajos’ por sus superiores jerárquicos», una disposición que según el SJ anula cuestiones centrales amparadas por la Constitución, en sus artículos 37 y 38, como son el derecho a las libertades de creación y de expresión.
La segunda objeción indica que la propuesta del gobierno permite a los propietarios del medio de comunicación o al eventual consorcio económico que integre «el derecho a la libre utilización, en todo órgano de información perteneciente a la empresa o al grupo, de obras destinadas al medio al cual el periodista pertenece».
La aprobación de una cláusula de este tenor, colocaría a Portugal en ruta de colisión con el resto de la Unión Europea y sus principios básicos de la propiedad intelectual, porque según el SJ, se trata de «una violación grosera del principio del derecho de autor», dando protección legal «a una verdadera usurpación».
En la óptica de los profesionales afectados, una medida de este carácter podría contribuir en forma decisiva para agravar el empobrecimiento de la diversidad informativa y estrangular el pluralismo de la comunicación social. En defensa de la total independencia de los periodistas, se han unido a Saramago otros destacados exponentes de la cultura que han firmado la petición del SJ, tales como los también escritores Agustina Bessa-Luís, Baptista Bastos y Casimiro de Brito, y el pintor Armando Alves.
Sin embargo, no todo ha sido apoyo de la ciudadanía a la batalla de los periodistas. En publicaciones electrónicas, han aparecido severos cuestionamientos y acusaciones de «corporativismo» de la clase profesional.
En una de estas críticas a los periodistas, el ciudadano Pedro Moreira, de la septentrional ciudad de Oporto, sintetiza un sentir que se ha hecho presente ante el caso del Estatuto.
Los periodistas «talvez comprendan y aprendan: ¿Será esta vez que van a tener conciencia del apoyo ciego que han dado a este gobierno? ¿Sólo ahora que vieron atacados sus privilegios?», interrogó.
En alusión a las medidas drásticas adoptadas por Sócrates, especialmente en los sectores de educación, seguridad social y salud, recomendadas por economistas liberales y apoyadas unánimemente por la prensa, Moreira sostiene que «cuando se hace el ataque más vil y feroz a otras profesiones en este país, los periodistas o guardan silencio o bien defienden la publicidad oficial».
Manuel, un periodista de vasta experiencia en Lisboa y en el ex enclave luso-chino de Macao, dijo a IPS que el nuevo estatuto tiene el agravante de «crear un ambiente de autocensura tendiente a agradar a los patrones, así como de cautela, que me hace pedir no ser identificado con el apellido, por posibles represalias».
«A mi edad, perder el trabajo…», expresó con una buena dosis de ironía este periodista de 63 años.
Opinó que el presidente del SJ, Alfredo Maia, «tiene toda la razón cuando dice que el Estatuto pone en riesgo un aspecto tan importante como la relación de confianza entre el periodista y sus fuentes», porque se legitima «la adulteración de los originales y así el sentido de las declaraciones de los hechos recompilados».
Otro peligro apuntado es que el Estatuto abre camino a la censura interna en las redacciones y contribuye en forma decisiva para agravar la pobreza de la diversidad noticiosa y a estrangular el pluralismo.
En este sentido, Manuel concluyó enfatizando que «no se puede transformar un bien esencial como la información en una mera mercadería, adaptable a los apetitos e intereses del mercado, susceptible de condicionar las opciones de la ciudadanía».