Periodistas y activistas son las principales víctimas de una estrategia judicial ejercida por poderes políticos y empresariales para amedrentarles y acabar con sus denuncias públicas
La UE está en proceso de elaborar una nueva directiva que incluya indicaciones a los jueces para que traten de identificar las demandas que sólo buscan la intimidación así como un fondo para ayudar en la asistencia legal de los demandados
Las noticias incómodas para los poderosos. Los periodistas que investigan. Las acciones de activistas que cuestionan a políticos o grandes empresas. Historiadores que se salen del relato oficial. Estos son algunos ejemplos de los objetivos que buscan las conocidas como demandas SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés, y Demanda Estratégica contra la Participación Pública, en castellano), un acoso en forma de abuso del Derecho dirigido a intimidar y, como fin último, a silenciar a las voces críticas con el poder. Una estrategia a la que la Unión Europea quiere poner freno o, al menos, intentarlo mediante una directiva para que los jueces puedan identificar estas maniobras y deban llevar a cabo un análisis previo para obstaculizarlas.
La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia lo sufrió en primera persona. Recibió a la vez una veintena de demandas por difamación presentadas en su contra por un empresario a quien había señalado por corrupción. La periodista acabó asesinada en 2017 por un coche bomba y en el momento de su muerte estaban activas más de cuarenta demandas contra ella. Este es quizá el caso más extremo de los últimos tiempos, pero la estrategia judicial iniciada contra ella puede servir de claro ejemplo de las maniobras que personas poderosas ponen en marcha contra voces críticas, utilizando para ello todos los medios a su alcance en los tribunales para desgastar a todo el que cuestiona sus métodos.
Esta estrategia maliciosa alcanza a periodistas, por supuesto, pero no son los únicos afectados. Tal y como recuerda la ONG Greenpeace en este artículo, en Europa ha habido otros casos sonados: en Portugal, Celtejo, una empresa explotadora de eucalipto, demandó al activista medioambiental Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales evidenciando su relación con la contaminación del río Tajo; en Polonia, el profesor de Derecho Wojciech Sadurski se ha enfrentado a tres demandas civiles y penales por difamación, a causa de sus críticas en Twitter al partido en el Gobierno; en Francia, las compañías de aceite de palma asociadas al Grupo Bolloré han presentado más de veinte demandas contra periodistas y varias ONG en respuesta a los artículos, informes o programas que han denunciado la vulneración de Derechos Humanos relacionadas con sus actividades en el continente africano; en Reino Unido, el empresario pro Brexit Arron Banks demandó a Carole Cadwalladr, una periodista de investigación, por dos charlas y dos tuits sobre los papeles del paraíso por los que llegó a pedir un millón de libras; en Alemania, el gigante del carbón RWE demandó a un activista climático que había llamado a la desobediencia civil contra la crisis climática.
En España, la ONG destaca el caso de Manuel García, un agricultor de la comarca de A Limia, en Ourense, que denunció en televisión y luego en los juzgados supuestas prácticas contaminantes del Grupo Coren. La respuesta de la compañía fue reclamarle un millón de euros en daños y perjuicios por sus declaraciones.
Objetivo: la extenuación económica para silenciar
Las instituciones europeas ya han mostrado su preocupación por estas estrategias de desgaste e intimidación, cuyo objetivo no es tanto vencer en los tribunales, sino infundir temor en sus víctimas para intentar que en el futuro se lo piensen dos veces antes de denunciar las prácticas sospechosas de políticos o grandes empresas. Los que inician las acciones judiciales, que pueden ser tanto civiles como penales, tienen medios casi ilimitados, en forma de despachos de abogados caros y muy prestigiosos, para iniciar una batalla en los tribunales contra personas de ingresos mucho más modestos que difícilmente pueden costear años de litigios.
Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y director del Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión Libex, utiliza una palabra que resulta muy descriptiva para describir este tipo de prácticas: el fin último es la «extenuación económica» del periodista, activista, escritor, etc., «agotarles» en procesos que se eternizan. Según explica a infoLibre, el miedo que se trata de infundir no viene tanto de exponer a los críticos a una derrota judicial, sino a tener que enfrentarse a los altos costes procesales que toda causa judicial conlleva.
Se trata, por tanto, de «una amenaza para el debate público pluralista, ya que pueden conducir a que sus víctimas se autocensuren», en palabras de la Comisión Europea, que advierte además de que las SLAPP «pueden tener un efecto disuasorio sobre otras posibles víctimas, que pueden decidir no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público». Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos están «especialmente expuestos a las demandas estratégicas contra la participación pública».
Así lo destacan también desde EUSurvey, el programa de consultas de la Comisión: las demandas SLAPP son «una forma de acoso relativamente reciente» y su principal objetivo es «intimidar y, en última instancia, silenciar al acusado agotando sus recursos, por ejemplo, presentando elevadas reclamaciones por daños o alargando los procedimientos». El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2021 muestra que las SLAPP son motivo de preocupación en varios Estados miembros. El Consejo de Europa, por su lado, también ha puesto de relieve la creciente presión sobre los periodistas en Europa.
En conversación con infoLibre, Maite Pagazaurtundua, eurodiputada de Ciudadanos, explica que Daphne Caruana había denunciado antes de su muerte ante los grupos parlamentarios la situación insostenible en que se encontraba, en forma de cuentas embargadas, numerosas demandas y ataques a su reputación. El impacto que generó su asesinato fue lo que dio lugar a que se plantearan numerosas iniciativas en el Parlamento dirigidas a pedir a la Comisión Europea una respuesta en forma de directiva contra las SLAPP.
La última, del pasado 11 de noviembre, según resalta el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco. Ese día el Parlamento aprobó por amplia mayoría (444 votos a favor, 48 en contra y 75 abstenciones) un informe titulado Protección para periodistas, ONG y la sociedad civil frente a pleitos abusivos en el que se subrayaba la necesidad de que la UE cuente con «nuevas normas para frenar acciones legales maliciosas cuyo objetivo es silenciar e intimidar a voces críticas». Es una cuestión que «preocupa mucho» y se entiende como «urgente» en la Eurocámara ante el «incremento de denuncias contra periodistas, ONG y otros actores de la sociedad civil», apunta el socialista, porque se trata de un asunto que da muestra del «estado de salud de una democracia».
Por eso, actualmente la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública –hasta enero de 2022– para recopilar opiniones de ciudadanos, periodistas, Estados miembros, ONG, sociedad civil, jueces, profesionales del Derecho y otras partes interesadas en relación con las demandas SLAPP y qué medidas deben tomarse para abordarla en el marco de la UE.
También ha elaborado un cuestionario específico para recabar la visión de los jueces de los Estados miembros, con cuestiones específicas sobre procedimientos que pueden tener relación con demandas SLAPP. Así, por ejemplo, se les pregunta si «alguna vez se ha enfrentado a un caso nacional o transfronterizo que intentaba interferir abusivamente con la libertad de expresión en relación con asuntos de interés público que serían considerados SLAPP»; si las leyes de su país «proporcionan una definición legal y/o recursos procesales civiles específicos contra la SLAPP» y si habría que hacer cambios legislativos; qué elementos específicos le permitieron identificar un caso de SLAPP; qué más elementos se pueden introducir para identificar este tipo de demandas –desequilibrio entre las partes, naturaleza abusiva de la demanda, etc.–; o qué habría que cambiar para mejorar la formación judicial de cara a este tipo de casos.
Desde la Comisión Europea, el compromiso ya es firme. Ahora sólo falta sacar adelante una directiva que frene los casos de SLAPP. Para ello, se ha nombrado un comité de expertos (sus nombres no se han comunicado) que está estudiando las propuestas que han elaborado organizaciones de la sociedad civil, sobre todo relacionadas con la defensa de la libertad de expresión como Artículo 19. Se espera que el futuro borrador se envíe al Parlamento Europeo para su tramitación.
Despenalizar ciertos delitos y reforzar el trámite de admisión de una demanda
Este tipo de demandas no son nuevas en absoluto. Los primeros estudios sobre esta estrategia judicial datan de los años noventa en Estados Unidos, según recuerda el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid Alejandro de Pablo, quien explica que «abusar del Derecho para utilizarlo contra el débil» para intimidarle se ha hecho «desde siempre», pero es cierto que la aparición de las redes sociales ha favorecido que periodistas y activistas tengan más medios para denunciar, lo que ha derivado en más demandas. Lo que es relativamente reciente es el término que se ha acuñado, SLAPP, así como la preocupación de altas instituciones como las europeas.
En muchos países, las demandas se quedan en la jurisdicción civil, pues suelen ser reclamaciones por cuestiones de honor o de imagen. Sin embargo, en España el Código Penal también establece un delito por injurias y calumnias, lo que puede ampliar el margen de actuación contra los denunciantes. Por eso, señala De Pablo, las propuestas que ha recibido la Comisión Europea para elaborar el borrador de la directiva anti SLAPP incluyen plantear que aquellos Estados miembros que aún mantienen delitos contra el honor rebajen las penas previstas, que no contemplen prisión y se queden en multas, o despenalizarlos directamente.
Otro problema, subrayan tanto Dopico como De Pablo, es que, al menos en España, las admisiones a trámite de demandas civiles son, en ocasiones, «casi automáticas». Esto permite que los demandantes generen un efecto intimidatorio reclamando cantidades muy elevadas y obligan a que el periodista o activista deba realizar un gran esfuerzo económico para pagar los costes procesales (abogado, procurador, etc.). Ciertamente, si la demanda es plenamente desestimada, puede años después recuperar todo o parte de ese esfuerzo financiero; pero ese tiempo puede desgastarle, agotando sus esfuerzos económicos y profesionales. Y la estrategia SLAPP puede alargarse, recurriendo la desestimación de la demanda hasta la última instancia jurisdiccional. Esto genera un estrés difícilmente soportable, pues ¿quién puede asegurarle al periodista o activista que la demanda será desestimada? ¿Tendrá recursos para pagar costes procesales durante años hasta la última instancia?
De este modo, lo que plantean las propuestas enviadas a la Comisión Europea, también desde la Eurocámara, se centran, según explican De Pablo y Pagazaurtundua a este periódico, en que los jueces tengan que hacer un examen preliminar, antes de entrar a investigar el fondo de la cuestión, para valorar si la demanda debe prosperar o si, por el contrario, tiene un ánimo intimidatorio y por tanto se puede contemplar la desestimación.
Para ello, se pueden definir unos parámetros indicativos a la hora de estudiar cada demanda, según resume el profesor de Derecho Penal: expectativa razonable de que la acusación prospere, exigencia de daños desproporcionados, balance de posición entre el demandante y el demandado; previas relaciones entre las partes (incluidas más demandas), las tácticas que utiliza el demandante, los costes estimados del proceso y los potenciales efectos disuasorios sobre el debate público. En caso de que la demanda sea desestimada, la propuesta de directiva anti SLAPP que plantean los actores implicados apuestan por establecer sanciones para el demandante con el objetivo de disuadir ante otras futuras acciones.
Fondo para ayudar a pagar la defensa de periodistas y activistas
Según Pagazaurtundua, la futura directiva debería incluir una parte puramente legislativa, pero también una no legislativa en la que se concrete un catálogo de buenas prácticas pero también se contemple la creación de un fondo europeo para ayudar a la asistencia letrada de los afectados por las SLAPP así como formación para los operadores jurídicos de los Estados.
En un principio, la Comisión Europea iba a hacer su propuesta de directiva en los últimos meses de este año, pero ya ha comunicado al Parlamento Europeo que retrasa su entrega al segundo trimestre de 2022. Para la eurodiputada, es preferible una pequeña demora si ello implica una directiva mejor armada, con «bases sólidas» para defender la libertad de información y de protección de todos aquellos que denuncian prácticas corruptas o contra el medio ambiente, las libertades públicas y los Derechos Humanos.
Un texto bien consolidado también ayudará, dicen Pagazaurtundua y García del Blanco, a que países cuyos poderes públicos participan de ese uso de las SLAPP, como pueden ser Hungría o Polonia, no tengan margen de maniobra para saltárselo. Eso sí, ambos auguran una oposición de estos países, tanto en el Parlamento como en el Consejo y la Comisión, a que se apruebe un texto contundente de tolerancia cero contra estas prácticas judiciales maliciosas.
Una vez que la Comisión Europea haga su propuesta, el borrador se enviará a la Eurocámara para su tramitación, primero en comisión y luego en Pleno. Con el texto definitivo aprobado, llegará el momento de negociarlo con el Consejo Europeo, el órgano que integran los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, y que se hará a través del país que en ese momento ostente la Presidencia de la Unión.