Como era de esperar, el diario El País dedicaba en el pasado día, 17 de mayo, uno de sus editoriales a la cuestión de Bolivia y los pasos que ésta va dando en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Con un lenguaje rayano en lo intolerable para referirse a las actuaciones legítimas que el […]
Como era de esperar, el diario El País dedicaba en el pasado día, 17 de mayo, uno de sus editoriales a la cuestión de Bolivia y los pasos que ésta va dando en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
Con un lenguaje rayano en lo intolerable para referirse a las actuaciones legítimas que el estado soberano de Bolivia está realizando a tal efecto, el editorial critica, no el objetivo de dichas actuaciones -a las que El País, magnánimamente, le reconoce el derecho por dos veces en el mismo texto-, sino las formas y los modales que rodean esas decisiones.
Y, así, por ejemplo, le parece «rimbombante» el Decreto Supremo de nacionalización; considera que la firmeza con la que se quiere llevar a cabo la misma tan sólo es «presunta»; estima que la reclamación al BBVA y a Zurich ha sido una carga «sin ton ni son» contra ambas entidades; y destaca, reiterándolo varias veces, que ha utilizado contra las mismas un tono y una retórica «amenazadoras» que son «un puro disparate». Para, finalmente, terminar con una sugerencia ofensiva y soberbia cuando se permite recomendar al presidente Evo Morales que «cuide sus modales» sobre todo con sus aliados estratégicos.
Esos términos se insertan en un editorial cuyo fin, al margen de amenazar al gobierno boliviano con que eso no son formas de tratar a sus «supuestos amigos» (la expresión es textual), trata de justificar la insensatez que supone el que se le reclamen al BBVA y Zurich las acciones de las empresas de hidrocarburos en poder de dichas entidades.
Y, en ese sentido, afirma que «ni el BBVA ni Zurich pretendían la propiedad de las mismas, así que el gesto de reclamación es probablemente innecesario y un poco ridículo».
Es más, El País se permite el lujo de afirmar que «no sería necesario que los bancos devolvieran físicamente las acciones en cuestión, puesto que siguen siendo de los pensionistas bolivianos, y del Estado, con independencia del lugar donde estén depositadas».
Y, para concluir, el editorial de El País se atreve a señalarle al gobierno de Bolivia que debe exonerar «por escrito» a los bancos español y suizo de la responsabilidad de pago futuro de las pensiones a las que la titularidad de tales acciones daba derecho. Y que, si quieren nacionalizar que lo hagan, «siempre y cuando respeten los contratos y hagan honor a las indemnizaciones que en su caso decidan los tribunales internacionales».
Cuando las formas dependen del fondo
Las expresiones y planteamientos de este editorial, tanto en lo que dice de forma explícita como en lo que subliminalmente deja escapar, constituyen una muestra más de lo fiel que sigue siendo El País a sus propios intereses y a los de los grupos económicos y políticos a los que sirve. Y ello a costa de mantener una relación distante, cuando no nula, con la información veraz y el juicio ponderado.
De entrada, comencemos por las cuestiones de fondo que son mucho más importantes que las de forma. Sobre todo si se tiene en cuenta que, muchas veces, las formas dependen del fondo y el carácter que aquéllas revistan obedece a razones dictadas por la hostilidad o la anuencia del entorno hacia las cuestiones de fondo. O, expresado en otros términos y aplicado a este caso concreto, las formas serán distintas cuando la comunidad internacional aplaude el proceso de nacionalización considerándolo una reivindicación legítima y justa del pueblo boliviano tras siglos de explotación que cuando dicha comunidad, en estrecha comunión con la clase empresarial, presiona para tratar de salvar los intereses de las empresas afectadas cuestionando, incluso, que la nacionalización pueda beneficiar a dicho pueblo.
Y, así, afirmar que ni el BBVA ni Zurich pretendían la propiedad de las acciones petroleras es un juicio de intenciones excesivamente gratuito dada la historia reciente de algunas empresas españolas en Bolivia.
Porque, si no recordamos mal, ahora va a parecer que Repsol-YPF tampoco quiso quedarse con la propiedad del gas boliviano cuando registró como propias sus reservas en aquel país y, al ser descubierta, tuvo que reajustarlas en más de un 25%, lo que provocó una caída cercana al 8% de su valor bursátil.
En ese caso, El País, tan benevolente cuando se trata de defender determinados intereses, argumentaba que se había tratado de «contabilizaciones defectuosas de las reservas probadas, claramente sobrevaloradas por motivos que van desde el cálculo incompetente hasta la valoración optimista» («Reservas evaporadas», editorial del pasado 6 de febrero de 2006).
Claro está que sus accionistas que, gracias a esa incompetencia, perdieron más de 2.200 millones de euros quizás tenían una opinión diferente al respecto, sobre todo aquellos que han denunciado a la compañía. Y, desde luego, el pueblo boliviano también la tenía cuando, a través de su actual Ministro de Hidrocarburos, lo denominaba en sus justos términos calificándolo de «fraude contable».
Así es que, cuando se trate de juicios de intenciones para el caso de las empresas española en Bolivia, más vale recordar que la carga de la prueba en ningún caso corresponde al gobierno de ese país sino a quienes tienen a sus espaldas, directa o indirectamente, un oprobioso pasado que soportar y reparar.
Pero si gratuito es el juicio de intenciones anterior, el colmo de la soberbia se alcanza cuando se permite plantear que ni siquiera sería necesario que los bancos devolvieran físicamente las acciones porque, de todas formas, son de los bolivianos con independencia del lugar en donde se encuentren.
¿A alguien se le puede ocurrir pensar en ir a retirar sus activos de una entidad financiera y que ésta le diga que no se preocupe, que para qué se las va a llevar si todo el mundo sabe que son suyas con independencia de donde las ingrese? ¿Tolerarían ese planteamiento los gestores financieros del Grupo Prisa o el propio Polanco sobre dónde quieren y desean mantener sus activos?
Hay que partir del más absoluto desprecio hacia lo que significa la soberanía de un estado para permitirse poner por escrito esa frase y hacerla pública para que la lean millones de personas. Hay que mirar a Bolivia desde la soberbia y el cinismo. Hay que ser irreverente con los principios más básicos de una democracia e, incluso, hasta con los del mismo liberalismo que predica El País desde sus páginas.
Eso sí, la cosa cambia «siempre y cuando se exonere por escrito a los bancos español y suizo de la responsabilidad de pago futuro de las pensiones».
A pesar de que esto puede resultar hasta razonable, lo que no se dice, como se desprende de la lectura de la última Memoria disponible de Previsión-BBVA correspondiente al año 2004, es que entre 1997 y 2003 no se pagó un solo boliviano en concepto de Bonosol, esto es, la pensión a la que tienen derecho todos los ciudadanos de Bolivia mayores de 21 años en 1995 al llegar a los 65 años; pensión que se encuentra respaldada por los ingresos a los que dan derecho las acciones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Es decir, desde 1997 y hasta que entró en vigor la Ley reguladora del pago del Bonosol (Ley 2427), en noviembre de 2002, las instituciones financieras en cuestión no tuvieron que hacer frente a ningún tipo de gasto por ese rubro y todo fueron ingresos por dividendos devengados por las empresas capitalizadas.
¿No estará pensando El País en publicar un editorial solicitando que sería justa la devolución de esos dividendos junto con las acciones, no?
Y tampoco se dice que cuando el Bonosol comenzó a pagarse en el año 2004, el negocio resultaba casi perfecto porque la esperanza de vida al nacer de los bolivianos, según el último Informe de la Salud de la OMS, era en esa fecha de 63 años para los hombres y 67 para las mujeres (la tercera más baja de todo el continente americano, sólo superior a las de Guyana y Haití). Y a ello se sumaba que la probabilidad de que un adulto muriera entre los 15 y los 59 años era de casi el 25% para los hombres y del 18,4% para las mujeres.
Una circunstancia que, casualmente, queda perfectamente reflejada en las cuentas presentadas por la institución financiera en la referida Memoria. Y es que, junto a la minúscula pensión que supone el Bonosol (1800 bolivianos anuales, es decir, unos 200 dólares), esas acciones también dan derecho a cubrir los gastos funerarios de aquellos bolivianos que tuvieran 21 años a finales de 1995 y que murieran a partir de entonces.
Pues bien, en el año 2003, por ejemplo, el BBVA tramitó 7832 operaciones de pago de Bonosol, mientras que el número de trámites de gastos funerarios fue de 5798. Es decir, el número de beneficiarios de una pensión fue apenas superior en algo más de mil al de «beneficiarios» de gastos de entierro.
En definitiva, pues, pocos bolivianos llegan al momento de poder reclamar y disfrutar su mínima pensión y lo que, paradójicamente, se estaba convirtiendo en un mal negocio para el BBVA es que se murieran en el intento.
A El País no le gusta la firmeza boliviana
Todo lo anterior no preocupa al periódico El País; es más, no tardó en hacerse eco de las impresentables declaraciones al respecto del ministro de Economía español, Pedro Solbes.
Y es que, en opinión de Solbes, la retirada de la gestión de esos activos a la entidad financiera debería realizarse a cambio de una «compensación». Opinión que no sólo es absurda sino que, fíjense por dónde, es contraria a la que mantiene el propio BBVA, desde donde se ha afirmado que «no pedirá indemnizaciones al Ejecutivo» boliviano por la entrega de las acciones.
Pareciera, pues, que Solbes está mucho más preocupado por los negocios del BBVA que la propia entidad. Una preocupación que, además, tiene el gusto de compartir con el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que se expresó en los mismos términos que aquél sobre la cuestión.
Una coincidencia que debería ser motivo de preocupación, al menos para el presidente Zapatero, cuyo ministro de Economía no sólo se vanagloria de ser neoliberal sino que ejerce de tal.
En todo caso, de nuevo se impone el símil más cercano a la cotidianeidad de cada ciudadano para desvelar la mayúscula sandez que Solbes estaba planteando en su declaración sin ningún tipo de rubor.
Y, así, imagínense ustedes que van al banco a retirar sus ahorros y el director de la entidad le exige que debe compensarles por el dinero que ellos van a dejar de ganar tras haber estado varios años obteniendo beneficios a cuenta de esos ahorros. ¿Estarían conformes? Pues, en opinión de Solbes, así deberían ser las cosas. Ni más ni menos.
Pero es más, no puede entenderse que El País sea incapaz de comprender que las empresas transnacionales parecen no atender a razones si no es a través de una retórica de confrontación directa y, sin embargo, esa postura sí sea comprendida por la entidad afectada, el BBVA.
Y es que si uno lee varias páginas atrás en ese mismo periódico, (El BBVA busca un pacto con Bolivia para entregar las acciones de las petroleras) se encuentra con unas sorprendentes declaraciones del gerente general del BBVA, Ildefonso Núñez, cuando explica que desde el día 4 de mayo, tres días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno de Bolivia ha mantenido conversaciones con el banco sobre la cuestión de la entrega de las acciones sin que se hubieran producido avances al respecto. Por esa razón, el gerente «comprende» el ultimátum de tres días dado por el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
En suma, en El País ha podido nuevamente el exceso de celo en la preservación hasta límites indecentes de los intereses que le son afines frente a la imparcialidad y la objetividad que debería caracterizar a un medio de comunicación que, de forma «rimbombante» -y ahora sí que cuadra bien el adjetivo-, se autodefine como «Diario independiente de la mañana».
Esa obcecación les impide percibir que lo que considera que son malas formas del gobierno boliviano -y que llega a particularizar en la figura de su Presidente, cuando afirma que éste «debería cuidar sus modales»- ni son tales ni son gratuitas. Son, simple y llanamente, la contundente respuesta de dicho gobierno ante la pertinaz política de las empresas transnacionales de desoír sus requerimientos y eludir el cumplimiento estricto de las leyes bolivianas,
Porque, en definitiva, lo único que está pidiendo el gobierno de Bolivia y, al frente del mismo, su presidente es que se cumplan las leyes sin más negociación; como se cumplen en cualquier parte del mundo. ¿O es que Bolivia tiene que conformarse con menos?
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.
Artículo relacionado: Pero, ¿pensaban que Evo Morales no iba en serio? (16/05/2006)