Prosiguiendo con sus habituales editoriales, este 30 de abril El País calificó de «populista», en su acepción despectiva, al Presidente constitucional de Venezuela, a pesar de tratarse de un mandatario que ha cumplido con sus promesas electorales, sin recurrir, con posterioridad a su victoria, a agendas ocultas negociadas con el poder económico; que jamás ha […]
Prosiguiendo con sus habituales editoriales, este 30 de abril El País calificó de «populista», en su acepción despectiva, al Presidente constitucional de Venezuela, a pesar de tratarse de un mandatario que ha cumplido con sus promesas electorales, sin recurrir, con posterioridad a su victoria, a agendas ocultas negociadas con el poder económico; que jamás ha practicado la política de repartir dádivas públicas como sustitución de una auténtica justicia social, conducta ejercitada por los líderes políticos del pasado, y a los que jamás ningún editorialista les arrostrara populismo alguno; y que nunca ha utilizado su ingente apoyo popular en beneficio personal o de algún grupo específico de poder. Exaspera además observar el criterio discriminante utilizado al editorializar sobre el Presidente Chávez, un líder que denuncia persistentemente las injusticias mundiales y trabaja activamente por erradicarlas, tildándosele de «caudillo populista», siendo probable que si aceptara el actual orden económico internacional, reformismo mediante, se le presentaría como un estadista, adjetivando como admirables las masivas misiones sociales que implementa su Gobierno.
El artículo, un lamento concatenado sobre acontecimientos mortificantes para el editorialista, obvia mencionar que la suspensión del acuerdo de cooperación militar con EEUU ocurre tras tres años de la controvertida actuación de oficiales de ese país en el golpe de Estado de abril de 2002, habiéndole sobrado tiempo a los cooperantes para mostrar su voluntad de enmienda; que la renovación de equipamiento en las Fuerzas Armadas venezolanas es una decisión soberana acorde con todos los tratados y leyes vigentes, por lo que desaconsejamos la retransmisión de propaganda pentagonal; que los acuerdos de integración firmados con la República de Cuba son un paso del proyecto solidario y continental contrapuesto al anexionismo multiplicador de miseria; que la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, redactada con el concurso de propietarios, periodistas y usuarios, plasma el anhelo social de que los medios tengan no sólo derechos sino también deberes; y, por último, es conocida internacionalmente la censura impuesta a la población por la alianza orgánica entre oposición y medios, patente durante el golpe de Estado de 2002, cuando sólo la prensa extranjera informó de la recuperación popular de la democracia en Venezuela.
Gladys María Gutiérrez Alvarado
Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela/Madrid