Al calificar de ilegal la investigación ordenada por el Fiscal General del Estado contra un diario, la justicia de Portugal envió este jueves un claro mensaje al Ministerio Público: los derechos fundamentales, el secreto profesional y la libertad de prensa no pueden ser violados. El fallo del Tribunal de Segunda Instancia (TSI) de Lisboa considera […]
Al calificar de ilegal la investigación ordenada por el Fiscal General del Estado contra un diario, la justicia de Portugal envió este jueves un claro mensaje al Ministerio Público: los derechos fundamentales, el secreto profesional y la libertad de prensa no pueden ser violados.
El fallo del Tribunal de Segunda Instancia (TSI) de Lisboa considera que la fiscalía usó «medios ilegales» en una investigación cuyos orígenes se remontan a enero pasado, cuando el matutino 24Horas reveló el contenido de un disquete en el que aparecía una lista de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por altos funcionarios estatales.
En el extenso listado, pedido a Portugal Telecom por la fiscalía en el contexto de un proceso de paidofilia, figuraban el entonces presidente de Portugal, Jorge Sampaio, y decenas de personas que nada tenían que ver con el juicio por violación de menores en el internado estatal Casa Pía, que ya se arrastra por tres años.
Sin embargo, el único punto en común de los miembros de la lista de los titulares de los teléfonos controlados, era su actividad en la alta política, lo que llevó a Sampaio a pedir al Fiscal General del Estado, José de Souto Moura, que realizara una investigación para determinar responsabilidades.
Por orden de Souto Moura, agentes de la policía irrumpieron a fines de febrero en la redacción de 24Horas, confiscando las computadoras, el tiempo de abrir un proceso contra tres periodistas, los dos autores del artículo y el director del diario, mientras ignoró eventuales responsabilidades del Ministerio Público en el control de los políticos.
La fiscalía logró hacer valer su postura y consiguió que de un juez de instrucción criminal apoyase la acción de allanamiento y declarase reos a los periodistas, decisiones ahora anuladas por el TSI, un tribunal superior en la jerarquía judicial.
El histórico dictamen de los jueces Telo Lucas, José Rodrígues Simão y Carlos de Sousa, declara la nulidad de los mandatos emitidos contra los periodistas, de los allanamientos (a la redacción y domicilios) y de las incautaciones (de las computadoras), considerándolos «un medio ilegal de obtención de pruebas».
En sus fundamentos del fallo, los jueces consideran que la conducta de los reporteros acusados y el crimen de acceso indebido a datos personales en que podrían incurrir, no justifica que sean violados derechos fundamentales, tales como el del secreto profesional y la libertad de prensa, consagrados en el artículo 38 de la Constitución de la República Portuguesa.
«Nos parece que una sociedad de un Estado de Derecho democrático, subordinada a la Constitución y fundado en la legalidad, en el caso que se aprecia, no reclama que sea colocada en causa la libertad de prensa», se lee en una de los pasajes del dictamen del TSI de Lisboa.
En declaraciones a varios medios de información, el director de 24Horas, Pedro Tadeu, dijo que esta decisión judicial «significa que no era preciso ser un perito en cuestiones de derecho para comprender que se estaba cometiendo un tremendo disparate».
«Estoy sumamente satisfecho, porque quedó probado que el Ministerio Público actuó en la ilegalidad», añadió.
Según Tadeu, la decisión de los tres jueces «beneficia a todos los periodistas» y es un dictamen que demuestra «que la ley portuguesa tiene capacidad para salvaguardar la confidencialidad de las fuentes», precisamente el argumento que no fue atendido en febrero por el juez de instrucción criminal ahora desautorizado.
El periodismo en Portugal, ha enfrentado problemas de diversa índole, en especial derivados de una notoria falta de rigor, divulgación de información exageradamente «colorida» para hacerla «vendible» y en muchos casos falsa, que merece frecuentes desmentidos y procesos judiciales contra responsables editoriales.
En este ambiente, unido a un férreo control político de los portavoces gubernamentales, la fiscalía llevó su acción contra 24Horas, un periódico que se ha destacado por revelar los mayores escándalos del país, pero cuya dimensión no siempre ha sido demostrada por sus profesionales.
Consultado por IPS, José Carlos de Vasconcelos, director editorial del grupo Edimpresa, calificó de «extremamente positivo el hecho que un tribunal superior no valide una acción de la Fiscalía, que podría haber sido grave para el periodismo portugués».
Sin embargo, apuntó que «el periodismo es sobretodo y antes que todo, responsabilidad y no poder».
En defensa de la democracia, de la ética y del prestigio de los medios, «el periodista tiene el deber de informar con rigor y calidad, muy atento a las posibles graves consecuencias que puede acarrear una información distorsionada», advirtió Vasconcelos, director del grupo que publica Expresso y Visão, los dos mayores y más influyentes semanarios de Portugal.
En efecto, el llamado «periodismo de referencia» no guarda grandes simpatía por el diario dirigido por Tadeu, pero aún así, el columnista Miguel de Sousa Tavares, del semanario Expresso de Lisboa, fustiga la acción ordenada por Souto Moura, pese a que «no da ninguna gana de ser solidario con un periódico como 24 Horas».
Explicó su postura porque «hay momentos en que lo más importante es escoger contra quién y no con quién se está», porque la invasión policial de un diario es «un ensayo de la magistratura contra la prensa, para medir las reacciones, a ver si hay terreno libre para avanzar y crear jurisprudencia».
En el extenso listado, pedido a Portugal Telecom por la fiscalía en el contexto de un proceso de paidofilia, figuraban el entonces presidente de Portugal, Jorge Sampaio, y decenas de personas que nada tenían que ver con el juicio por violación de menores en el internado estatal Casa Pía, que ya se arrastra por tres años.
Sin embargo, el único punto en común de los miembros de la lista de los titulares de los teléfonos controlados, era su actividad en la alta política, lo que llevó a Sampaio a pedir al Fiscal General del Estado, José de Souto Moura, que realizara una investigación para determinar responsabilidades.
Por orden de Souto Moura, agentes de la policía irrumpieron a fines de febrero en la redacción de 24Horas, confiscando las computadoras, el tiempo de abrir un proceso contra tres periodistas, los dos autores del artículo y el director del diario, mientras ignoró eventuales responsabilidades del Ministerio Público en el control de los políticos.
La fiscalía logró hacer valer su postura y consiguió que de un juez de instrucción criminal apoyase la acción de allanamiento y declarase reos a los periodistas, decisiones ahora anuladas por el TSI, un tribunal superior en la jerarquía judicial.
El histórico dictamen de los jueces Telo Lucas, José Rodrígues Simão y Carlos de Sousa, declara la nulidad de los mandatos emitidos contra los periodistas, de los allanamientos (a la redacción y domicilios) y de las incautaciones (de las computadoras), considerándolos «un medio ilegal de obtención de pruebas».
En sus fundamentos del fallo, los jueces consideran que la conducta de los reporteros acusados y el crimen de acceso indebido a datos personales en que podrían incurrir, no justifica que sean violados derechos fundamentales, tales como el del secreto profesional y la libertad de prensa, consagrados en el artículo 38 de la Constitución de la República Portuguesa.
«Nos parece que una sociedad de un Estado de Derecho democrático, subordinada a la Constitución y fundado en la legalidad, en el caso que se aprecia, no reclama que sea colocada en causa la libertad de prensa», se lee en una de los pasajes del dictamen del TSI de Lisboa.
En declaraciones a varios medios de información, el director de 24Horas, Pedro Tadeu, dijo que esta decisión judicial «significa que no era preciso ser un perito en cuestiones de derecho para comprender que se estaba cometiendo un tremendo disparate».
«Estoy sumamente satisfecho, porque quedó probado que el Ministerio Público actuó en la ilegalidad», añadió.
Según Tadeu, la decisión de los tres jueces «beneficia a todos los periodistas» y es un dictamen que demuestra «que la ley portuguesa tiene capacidad para salvaguardar la confidencialidad de las fuentes», precisamente el argumento que no fue atendido en febrero por el juez de instrucción criminal ahora desautorizado.
El periodismo en Portugal, ha enfrentado problemas de diversa índole, en especial derivados de una notoria falta de rigor, divulgación de información exageradamente «colorida» para hacerla «vendible» y en muchos casos falsa, que merece frecuentes desmentidos y procesos judiciales contra responsables editoriales.
En este ambiente, unido a un férreo control político de los portavoces gubernamentales, la fiscalía llevó su acción contra 24Horas, un periódico que se ha destacado por revelar los mayores escándalos del país, pero cuya dimensión no siempre ha sido demostrada por sus profesionales.
Consultado por IPS, José Carlos de Vasconcelos, director editorial del grupo Edimpresa, calificó de «extremamente positivo el hecho que un tribunal superior no valide una acción de la Fiscalía, que podría haber sido grave para el periodismo portugués».
Sin embargo, apuntó que «el periodismo es sobretodo y antes que todo, responsabilidad y no poder».
En defensa de la democracia, de la ética y del prestigio de los medios, «el periodista tiene el deber de informar con rigor y calidad, muy atento a las posibles graves consecuencias que puede acarrear una información distorsionada», advirtió Vasconcelos, director del grupo que publica Expresso y Visão, los dos mayores y más influyentes semanarios de Portugal.
En efecto, el llamado «periodismo de referencia» no guarda grandes simpatía por el diario dirigido por Tadeu, pero aún así, el columnista Miguel de Sousa Tavares, del semanario Expresso de Lisboa, fustiga la acción ordenada por Souto Moura, pese a que «no da ninguna gana de ser solidario con un periódico como 24 Horas».
Explicó su postura porque «hay momentos en que lo más importante es escoger contra quién y no con quién se está», porque la invasión policial de un diario es «un ensayo de la magistratura contra la prensa, para medir las reacciones, a ver si hay terreno libre para avanzar y crear jurisprudencia».