El capitalismo, al que se hace indispensable en estos tiempos añadir el adjetivo salvaje, se ha encargado de trastocar los valores sociales para dictaminar qué es conveniente y qué no para los pueblos del mundo, en particular de Nuestra América, donde hace más de una centuria hemos experimentado la dolorosa presencia del más voraz de […]
El capitalismo, al que se hace indispensable en estos tiempos añadir el adjetivo salvaje, se ha encargado de trastocar los valores sociales para dictaminar qué es conveniente y qué no para los pueblos del mundo, en particular de Nuestra América, donde hace más de una centuria hemos experimentado la dolorosa presencia del más voraz de los imperios que la Humanidad ha conocido.
Desde finales del siglo XIX nuestros pueblos han sido víctimas de un periodismo que se ha encargado de ser la punta de lanza de la agresión de Estados Unidos. Verdad o no, ronda desde entonces el dictamen del magnate periodístico William Randolph Hearst a su enviado especial a La Habana: «Usted suministre los dibujos que yo pondré la guerra» en su afán de apuntalar la naciente política imperialista norteamericana que arrojó como balance la apropiación de Cuba y Puerto Rico, en el Caribe, y Filipinas y Guam en el Pacífico como secuela de la voladura en 1897 del buque «Maine» en el puerto habanero.
La estructuración de unos mecanismos de comunicación y una manipulación semántica para apropiarse de los valores de las palabras, ha permitido una asociación intrínseca de capitalismo-democracia que lleva, incluso a personas honestas, a cuestionar que en aquellos procedimientos políticos que buscan ser verdaderos instrumentos democráticos de poder popular, como es el caso ahora de la República Bolivariana de Venezuela.
Es necesario repetirlo hasta el cansancio, pero este secuestro de la palabra es uno de los mayores instrumentos que usan los enemigos del progreso de los pueblos de América Latina y el Caribe, pues su efectiva propaganda siembra confusión hasta en sectores que pueden clasificarse de progresistas que, sin la menor documentación, dan validez a un manipulador discurso mediático.
La fuerza con que se dispara la propaganda continental contra la República Bolivariana de Venezuela y su presidente Hugo Rafael Chávez, hace olvidar a muchos que ningún gobierno en el mundo se ha sometido a una validación tan amplia y sistemática en las urnas desde que en 1998 ganó las primeras elecciones. Esto, sin duda, lo hace más democrático que la mayoría de aquellos que lo objetan, incluido el presidente estadounidense George W. Bush, cuyas dos victorias electorales permanecen cuestionadas.
No es de extrañar que este aspecto se pase por alto, porque el objetivo definitivo de los enemigos del progreso de nuestros pueblos latinoamericanos es destruir cualquier proceso que aspire, aún de forma mínima, a la distribución de la riqueza colectiva, permanentemente en manos de unos pocos.
Para comprender lo que ocurre en este sentido se hace necesaria la referencia inicial de la manipulación informativa que Hearst empleaba en sus diarios para atizar la guerra que permitió a Estados Unidos colocarse la corona imperialista antes de que concluyera el siglo XIX.
Sistemáticamente, a partir de entonces, la prensa estadounidense -a la que permanece sujeta como si se tratase de una relación de siameses la prensa latinoamericana- se ha encargado de trazar las coordenadas de lo que es bueno o malo para nuestras naciones a partir de los intereses económicos imperialistas.
Fundada hace treinta años en México, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) no ha estado al margen de la lucha librada por los pueblos de este continente en sus deseos de alcanzar un justo equilibrio económico y social que permita a las grandes mayorías apartarse de la marginación absoluta a que son sometidas desde antes de ser fecundadas en el vientre materno.
Como protagonista de la historia del periodismo latinoamericano de las últimas tres décadas, la FELAP es consciente de que, tal como ha emanado de su seno bajo la conducción del compañero presidente Juan Carlos Camaño, «en la lucha de ideas, las ideas que no se conocen no luchan». De ahí la necesidad de mantener un papel formador interactuando con el movimiento social para romper con la concepción de que el periodismo es privativo de ciertos sectores económicos que se consideran predestinados.
En esa tesitura, y en el marco de los principios que le dieron origen, la FELAP celebró en México los 30 años de su fundación, ocurrida el 7 de junio de 1976, bajo la consigna «Ni ajena, ni callada, ni neutral». Y ésa es la razón que nos trae hasta aquí, para cumplir con nuestra responsabilidad institucional en este foro «Prensa, conspiración y bloqueo en Venezuela», al que hemos sido invitados por representantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) legítimamente preocupados por la avasalladora propaganda que se mantiene en contra de las aspiraciones de las mayorías de nuestros hermanos en la República Bolivariana de Venezuela, bajo la conducción de su líder Hugo Rafael Chávez.
Un método de viejo cuño
La situación de conspiración y bloqueo a que es hoy sometida Venezuela, tiene un viejo cuño que se evidencia en el esbozo inicial de esta exposición, y que se ha reproducido sistemáticamente en ocasiones puntuales de la historia de Latinoamérica, como puede ser la campaña contra el presidente constitucional guatemalteco Jacobo Árbenz (Quetzaltenango, 14 de septiembre de 1913 – México, 27 de enero de 1971).
En su discurso inaugural el 15 de marzo de 1951 Árbenz trazó su objetivo político: «Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; convertir a Guatemala de país atrasado y de economía predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer que esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo».
Este discurso, en el que claramente se hablaba de construir «un país moderno y capitalista», resultó excesivamente provocador para los intereses multinacionales de Estados Unidos, por lo que la CIA se puso a trabajar de inmediato para derrocar el gobierno democrático, principalmente a partir de la aprobación del decreto de reforma agraria para poner fin a la relación de latifundios y minifundios prevalecientes, el cual encontró la resistencia de los terratenientes, empresarios y la Iglesia Católica, además de la empresa norteamericana United Fruit Company, que poseía grandes extensiones de tierra en Guatemala, donde controlaba la exportación de bananos.
Con la anuencia del presidente estadounidense Eisenhower, la CIA puso en marcha su maquinaria para derrocar el 27 de junio de 1954 a Árbenz, al patrocinar una invasión del coronel Carlos Castillo Armas contra su propio país, lo que desembocó en una dictadura militar que trajo décadas de luchas y cientos de miles de asesinatos.
Este mismo método se intentó reproducir en Cuba a partir de 1959, a raíz del triunfo de la Revolución comandada por Fidel Castro. Pese a que la mayoría de los dueños de medios de comunicación abandonaron por iniciativa propia la patria de Martí para instalarse en Miami en espera de los resultados de las acciones conspirativas de la CIA, esto se utilizó para intentar desprestigiar al naciente gobierno revolucionario y a sus máximos dirigentes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) montó una campaña continental contra Cuba, a la vez que la CIA preparaba la fracasada invasión de Playa Girón, que se produjo el 15 de abril de 1961, mediante el entrenamiento de mercenarios de origen cubano en Guatemala, Nicaragua y Puerto Rico. La derrota en 72 horas de las fuerzas invasoras mercenarias impidió el plan de instalar un gobierno provisional procedente de Miami que tenía previsto solicitar una intervención militar de Estados Unidos. Este fracaso no ha impedido, como bien se conoce, que permanezca un criminal bloqueo contra Cuba que afecta a su pueblo en instancias tan sensibles como la adquisición de medicamentos vitales elaborados bajo licencia estadounidense.
Ese fracaso no impidió que dos años después la CIA estableciera un programa en la República Dominicana para hacer colapsar el proceso democrático encabezado por el escritor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre de 1963, a sólo siete meses de haber asumido el gobierno constitucional electo en diciembre de 1962.
Como en Guatemala y Cuba, en la nación dominicana se pusieron en marcha los mismos elementos conspirativos: la CIA, la Iglesia Católica, los empresarios y los medios de comunicación. A esto siguió, en 1965 la invasión militar de Estados Unidos con 42.000 soldados, que posteriormente avaló con una denominada Fuerza Interamericana la Organización de Estados Americanos (OEA), misma que en 1962 había expulsado a Cuba de su seno respondiendo a una determinación de Estados Unidos.
Este éxito en obstruir en República Dominicana el desarrollo democrático bajo el pretexto de la «amenaza comunista» que representaba Bosch, quizás sirvió de estímulo a Estados Unidos para emprender en 1970 la sangrienta jornada para impedir en Chile el ascenso al gobierno del presidente constitucional Salvador Allende, que finalmente fue derrocado en un cruento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, primer 11 de septiembre luctuoso de América, antes del trágico ataque terrorista que destruyó las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.
Los elementos conspirativos en Chile fueron similares a los que hoy vemos en Venezuela, aparte de que el diario El Mercurio recibió, con otros medios de comunicación, más de un millón de dólares para estimular el caos y azuzar el derrocamiento del socialista Salvador Allende, que pagó con su vida la osadía de querer dar a Chile un sistema auténticamente democrático. 17 años de sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet, miles de muertos y exiliados, fue el saldo inconcluso de esta tragedia.
Considero necesario hacer estas anotaciones porque a veces pensamos que en Venezuela se están utilizando métodos nuevos, y no es así. Son los viejos métodos con las nuevas tecnologías y una que otra estrategia propagandística que hasta ahora no les han resultado a los elementos golpistas que han intentado cortar el proceso revolucionario venezolano.
La campaña internacional orquestada contra el gobierno constitucional de Hugo Rafael Chávez, a la luz de la terminación de la concesión para transmitir en espacio abierto a RCTV (Radio Caracas Televisión) contrasta con el silencio cómplice o la deformación noticiosa de que hicieran galas muchos medios de comunicación en la propia Venezuela y en el exterior cuando se pretendió terminar el 11 de abril de 2002 con el proceso revolucionario que ha devuelto las esperanzas a las grandes masas desposeídas.
A nadie debe extrañar el despliegue realizado por la SIP, al punto de orquestar la reproducción simultánea en varios diarios de América de una serie de reportajes que pretenden dañar el proceso bolivariano.
Frente a los ataques de la patronal Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Latinoamericana de Periodista (FELAP) ha mantenido una vertical defensa al derecho del pueblo venezolano a transmutar positivamente su realidad político-social, porque los medios de comunicación no pueden ser meros instrumentos para el enriquecimiento de sus propietarios, sin asumir un verdadero compromiso con la transformación social de los pueblos.
La determinación de no renovar la licencia a RCTV no sólo se dio en un legítimo marco legal, sino que si de algo puede culparse al gobierno bolivariano de Chávez es de la tolerancia que tuvo hacia RCTV, hacia Venevisión y otras empresas de comunicación que abandonaron su responsabilidad social al tratar de descarrillar el proceso democrático venezolano.
En cualquier otro país, incluido Estados Unidos, los propietarios golpistas de esos medios hubieran sido encarcelados y, posiblemente, condenados a las penas máximas correspondientes.
Al principio de esta intervención hablaba yo de la capacidad que tiene el capitalismo de apropiarse de los valores colectivos para manipular. Esto es lo que ocurre con la democracia. A lo largo de mi exposición he hecho hincapié en la palabra constitucional, porque muchas veces se pretender ilegitimar a gobiernos emanados de la voluntad del pueblo a la vez que se aúpan como legítimos aquellos productos de contubernio de intereses económicos nacionales y extranjeros.
Constantemente vemos cómo en las informaciones provenientes de la República Bolivariana de Venezuela se habla del «régimen», porque esto a los ojos y oídos de la gente tiene una carga peyorativa, de modo que pretende ilegitimar a un gobierno constitucional. Y no entremos ya en los epítetos que se endilgan al mandatario bolivariano en los medios de comunicación por petulantes articulistas y comentaristas.
La FELAP no pasa por alto esos detalles, como tampoco lo hace con la particular agresión a que está sometida Cuba a través de las transmisiones que hace Estados Unidos mediante las llamadas Radio y TV Martí que, en violación a las normas internacionales, invaden desde 1985 el espacio público de radiodifusión de la nación socialista antillana.
¿Ha escuchado alguien una sola protesta de la SIP o de la nefasta organización Reporteros Sin Fronteras, digamos, sobre esta invasión al espacio radiofónico de una nación soberana?
Bueno, no espero una respuesta. La pregunta es retórica porque bien sé que no la ha habido ni la habrá. Mas la FELAP no puede guardar silencio ante esa afrenta, como no lo hará nunca ante la campaña en contra del progreso de nuestra Patria grande, contra el progreso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua o Cuba, porque nuestra responsabilidad, nuestra obligación, es estar al lado de los pueblos y enfrentar a sus enemigos.
Lo que hizo el gobierno venezolano respecto a no renovar la licencia a RCTV se hace con mayor frecuencia de lo que uno se imagina, de un extremo a otro del planeta, y jamás se había levantado una campaña mediática como la que ha pretendido ilegitimar esa decisión.
Es más, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) impuso a principios de este año una multa de 24 millones de dólares a la cadena hispana Univisión -cuya programación merece un análisis aparte- por calificar de educativo una telenovela, «Cómplice al rescate», sobre dos gemelas de once años que intercambian sus identidades al saber que fueron separadas al nacer.
Ninguna organización patronal como la SIP o la susodicha Reporteros Sin Fronteras ha protestado esta acción cuando la dio a conocer el presidente de la FCC, Kevin J. Martin, y que constituye la mayor multa impuesta hasta el momento a un canal hispano de Estados Unidos.
Naturalmente, esto no sucedió en Venezuela. Si así hubiera sido, posiblemente seis meses después permanecerían las páginas de los diarios y los espacios de radiofónicos y televisivos preñados de comentarios y de noticias mediatizadas denunciando el estrangulamiento a una cadena de televisión que pretendió engañar a las autoridades reguladoras para no cumplir su función social de brindar programación educativa a la niñez.
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que a través de sus organizaciones representa a 90 mil periodistas y trabajadores de la prensa en el continente, tiene claro su papel histórico, definido en su nacimiento, de estar al lado de los intereses de las grandes mayorías, porque no hay que perder de perspectiva, como ha dicho el compañero Juan Carlos Camaño, que «la batalla en Venezuela es entre los dueños del dinero y las grandes mayorías».
En el «Manifiesto para un Nuevo Periodismo», aprobado en el VIII Congreso realizado en La Habana en 1999, ya anticipábamos en la FELAP: «Nuestra historia y nuestras luchas son ahora el alimento para encarar próximos retos contra la lógica impuesta. De ahí, entonces, que nos convocamos todos y convocamos a todos a un amplio debate por la construcción de un nuevo periodismo».
Cuando la manipulación periodística ha avalado la guerra de ocupación en Iraq; cuando se guarda silencio cómplice ante el bloqueo a Cuba; cuando hace propaganda en contra del proyecto boliviano del presidente Evo Morales; cuando se levantan olas en contra de la política del presidente ecuatoriano Rafael Correa; cuando se pretende socavar la Revolución Bolivariana y se ataca despiadadamente a su conductor Hugo Rafael Chávez, en la FELAP estamos claros de que no podemos permanecer «ni ajenos, ni callados, ni neutrales».
Nelson del Castillo es Secretario General Adjunto de la FELAP