Cuando menos lo esperaba, el gobierno acaba de experimentar una derrota política aplastante en el Senado, cámara en la que hasta el momento contaba con una segura mayoría. El propósito de convalidar el régimen de retenciones a las exportaciones agrarias mediante una ley se volvió contra sus inspiradores, y ahora son las organizaciones rurales las […]
Cuando menos lo esperaba, el gobierno acaba de experimentar una derrota política aplastante en el Senado, cámara en la que hasta el momento contaba con una segura mayoría. El propósito de convalidar el régimen de retenciones a las exportaciones agrarias mediante una ley se volvió contra sus inspiradores, y ahora son las organizaciones rurales las que tienen a su favor un antecedente institucional en medio de una disputa que se mantiene abierta.
Confiado en una situación política que lo había favorecido hasta el presente, y respaldado en el principio justo de gravar la renta extraordinaria generada por el precio récord de los granos en el mercado mundial, el gobierno avanzó en línea recta sin advertir que en los últimos tres meses el balance de fuerzas había cambiado. En este sentido el principal responsable de la derrota es el puesto de mando compartido por Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Presionado por las obligaciones de la deuda pública y por la necesidad de financiar los aumentos de los subsidios al capital, construyó un régimen de retenciones uniforme, que no reconocía las diferencias de fertilidad natural por región, ni de extensión de las explotaciones, ni de escalas de producción.
El resultado de esta política fue la configuración de un extenso frente de resistencia que tuvo en las capas bajas de la burguesía agraria su base social más sólida y la fuerza militante de la movilización. Precisamente, la unificación de la tasa de retenciones aplicada por el gobierno significó una nueva vuelta de tuerca en el proceso de concentración de la propiedad y del capital a favor de las grandes corporaciones y el capital financiero invertido en los pooles de siembra. Por contrapartida, el negocio extraordinario del gran capital llevaba a los pequeños propietarios a vender la tierra o convertirse en rentistas y condenaba a los arrendatarios a la extinción. Las posteriores correcciones mediante el reintegro de un porcentaje de las retenciones a una parte de los productores de soja y girasol, no modificaron la situación: el nuevo régimen fue aprobado con fecha fija de finalización el próximo 31 de octubre, y con un mecanismo de cálculo que reduce sustancialmente el reintegro.
Sin embargo a esa altura hacía ya tiempo que el movimiento reivindicativo había adquirido un inconfundible contenido político. Además del respaldo que encontró en los pueblos del interior del país, contó con la simpatía de buena parte de la clase media de las grandes ciudades; simpatía que se convirtió en una manifestación decididamente antikirchnerista en el caso de las capas más acomodadas, una masa profundamente reaccionaria, nostálgica en muchos casos del terrorismo de Estado, que ve en Kirchner a Hugo Chávez y en Cristina Fernández a Eva Perón, y cree estar en presencia de un gobierno montonero con planes de «cubanización». Hacia ese campo de fuerzas convergió la oposición partidocrática integrada por radicales, cívicos, macristas y socialistas a la que se sumaron viejas figuras desplazadas del aparato justicialista y la burocracia sindical opuesta a Moyano. Se trata de un realineamiento antipopular y antinacional, que gira en torno a una nueva construcción hegemónica homogeneizada por el discurso de los grupos económicos que se expresan a través de Clarín, La Nación, TN o Ámbito Financiero.
En cinco años de gobierno el kirchnerismo no removió los fundamentos del modelo de la dependencia que instauró la dictadura a mediados de los 70 y profundizó el menemismo en los 90. Incluso, en algunos casos, como la política petrolera, lo consolidó. Su programa ha reflejado los intereses de la gran burguesía exportadora y, particularmente, los de las corporaciones industriales. Ese programa fue desarrollado dentro de un equilibrio que incluye concesiones a la dirigencia sindical y la marcada centralización de los resortes institucionales, como reaseguro en la negociación con los distintos grupos económicos.
Durante esos cinco años esa política no encontró serias resistencias. Sin embargo la situación cambió en los últimos meses. Una fracción de los círculos dominantes ha dado aviso que no está dispuesta a ceder la parte de la renta que pretende el gobierno, y demostró que está dispuesta a dar batalla. Ha afirmado su posición en el descontento y la agitación que despertó en las capas de pequeños propietarios y arrendatarios el impacto de las retenciones, y cuenta con capacidad para gravitar políticamente sobre importantes franjas de clase media, tradicionalmente influenciadas por el discurso del liberalismo oligárquico. Su propósito es debilitar, condicionar y preparar un próximo relevo, vía electoral, del gobierno. El kirchnerismo fue sorprendido por el giro de la situación. El día 15 sus enemigos le hicieron ver que tenían mayor poder de movilización callejera y el 17 comprobó, por primera vez, que podía perder una batalla legislativa. De nada valen sus amargos reproches a la Unión Industrial por no haberlo socorrido durante el conflicto. Dentro del bloque de las clases dominantes pueden desencadenarse tensiones y producirse desplazamientos, como ocurrió durante 2001 y los primeros meses de 2002, pero su unidad termina prevaleciendo.
Durante la confrontación las grandes masas obreras y populares estuvieron prácticamente ausentes. Carentes de una dirección política y con direcciones sindicales que han ceñido las reivindicaciones de clase a los límites de un modelo económico que opera una marcada concentración del capital y la riqueza, esa ausencia es el rasgo característico de la actual situación. En los planes de kirchnerismo -paradógicamente plagado de menemistas y del ala «progresista» de la partidocracia- no figura la movilización de los trabajadores ni tampoco la formulación de un programa antiimperialista, expresión política de un Frente Nacional en condiciones de restablecer la continuidad con las luchas populares que provocaron el colapso del régimen de la convertibilidad en diciembre de 2001 y abrieron una crisis de representatividad no resuelta. Ésta es la tarea central del momento. Se trata de desbaratar el realineamiento reaccionario en curso, cuyo primer objetivo es el gobierno kirchnerista, pero en cuya mira está el ajuste del programa económico a costa de los trabajadores y las grandes masas populares.