Momentos antes de aprobarse en el Congreso, una misteriosa disposición fue incluida en la nueva ley Military Commission Act (MCA), firmada por el presidente Bush el 17 de octubre de 2006 (véase la historia nº 1). La norma redefine la tortura, quitándole lo más riguroso a la mayoría de las técnicas polémicas que tipifican los crímenes […]
Momentos antes de aprobarse en el Congreso, una misteriosa disposición fue incluida en la nueva ley Military Commission Act (MCA), firmada por el presidente Bush el 17 de octubre de 2006 (véase la historia nº 1). La norma redefine la tortura, quitándole lo más riguroso a la mayoría de las técnicas polémicas que tipifican los crímenes de guerra y exime de proceso judicial a los interrogadores que hayan cometido tales ultrajes desde noviembre de 1997.
El periodista Jeff Stein preguntó: «¿Quién deslizó en la ley MCA esas disposiciones que de lejos eximirán de proceso judicial a los torturadores?» La Casa Blanca niega cualquier implicación o conocimiento respecto a la inserción de tal normativa, dejando en el misterio el origen del ajuste de esta parte significativa de la ley MCA.
El motivo para esta provisión, sin embargo, conduce claramente a la cabeza de la administración Bush, como un pasadizo eficaz en los esfuerzos de EEUU por reescribir la Convención de Ginebra sobre Crímenes de Guerra, tal como indican los testimonios bajo juramento del teniente general Randall M. Schmidt, mayor general Mike Dunlavey y el brigadier comandante general Janis Karpinski, cuando se debatió la responsabilidad del ex secretario de defensa Donald Rumsfeld, del vice presidente Dick Cheney y del presidente George Bush en la dirección de los actos de tortura sobre los detenidos de Guantánamo y Abu Ghraib (ver censura 2007, historia nº 7).
Un portavoz del Centro por los Derechos Constitucionales comentó: «Las discutibles definiciones restringidas de la MCA eximirían a ciertos funcionarios de EEUU que han puesto en ejecución técnicas coactivas de interrogación o tuvieron responsabilidad de comando en el procesamiento de crímenes de guerra». Esta enmienda se diseñó para proteger a los autores del gobierno de EEUU de los abusos cometidos durante la prosecución de la ‘guerra contra el terrorismo’.
Joanne Mariner, de Human Rights Watch, agregó que el efecto de esta disposición de la MCA ‘es que los perpetradores de diferentes categorías de variados crímenes de guerra cometidos podrán quedar largamente sin castigo bajo ley de EEUU».
En su totalidad, la MCA se desarrolló fuera de la necesidad de eliminar la declaración del Tribunal Supremo de junio de 2006 sobre la inconstitucionalidad de las comisiones militares montadas precipitadamente por la administración. Esa decisión trascendental del Tribunal Supremo confirmó que todos los presos bajo custodia de EEUU deben ser mantenidos de acuerdo con el artículo 3 de la Convención de Ginebra, que prohíbe ‘ultrajes sobre la dignidad personal, en particular un trato humillante y degradante». A través de la aprobación de la MCA, el Congreso y el presidente negaron el papel correctivo de las cortes en la comprobación del equilibrio de los actos del poder ejecutivo.
Un ayudante del senado involucrado en el diseño de la versión del proyecto patrocinado por John McCain, Lindsey Graham y John Warner dijo: ‘Nosotros no teníamos ninguna idea de que [la disposición relativa a la impunidad] vino o cómo llegó’. La portavoz de la Casa Blanca Dana Perrino dijo que los cambios no vinieron de la oficina del consejo. ‘Pudieron venir de otra parte de dentro de la Casa Blanca o del departamento de Justicia,’ dijo. ‘Pero no vino de nosotros’.
Sea como fuere, la enmendada disposición fue aprobada y ahora forma parte de la ley de EEUU.
Fuente:
Congressional Quarterly, November 22, 2006
Título: «A Senate Mystery Keeps Torture Alive-and Its Practitioners Free»
Autor: Jeff Stein
http://public.cq.com/public/20061122_homeland.html
Estudiante Investigador: Marley Miller
Evaluador Académico, James Dean Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)