Un fallo del tribunal de casación de Argentina allanó este viernes el camino para que la Corte Suprema de Justicia anule finalmente los indultos a jefes militares de la última dictadura, otorgados hace más de 15 años por el entonces presidente Carlos Menem. La Cámara Nacional de Casación Penal, que es la máxima instancia en […]
Un fallo del tribunal de casación de Argentina allanó este viernes el camino para que la Corte Suprema de Justicia anule finalmente los indultos a jefes militares de la última dictadura, otorgados hace más de 15 años por el entonces presidente Carlos Menem.
La Cámara Nacional de Casación Penal, que es la máxima instancia en su fuero, declaró «inconstitucional» el indulto al ex general Santiago Omar Riveros, quien se desempeñó como comandante de Institutos Militares durante el régimen dictatorial que se extendió de 1976 a 1983.
Ahora la Corte Suprema de Justicia, cuya jurisprudencia se orientó ya a declarar inconstitucionales las normas o medidas que amparaban los responsables de delitos contra la humanidad, está en condiciones de fallar sobre este tema.
De hecho, hace 14 meses, la Corte le había remitido a la Cámara dos expedientes, entre ellos el de Riveros, para que se pronunciase antes de adoptar una decisión.
«Estamos muy satisfechas con esta decisión», dijo a IPS Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que representa a un grupo de mujeres cuyas hijas e hijos fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar.
«Esperamos que se anulen todos los indultos y que se pueda condenar a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos de esa época, sean militares, civiles o religiosos», opinó la mujer.
Bonafini y otras madres se habían reunido este año con miembros de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se acelere la anulación de los indultos, pero los magistrados derivaron el pedido a Casación Penal.
Asimismo, el presidente Néstor Kirchner, durante la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio paso a la dictadura, advirtió que no sería él quien anulara el perdón con un nuevo decreto.
«Hay que esperar que la justicia determine la validez o, como pienso yo, la inconstitucionalidad de los indultos», explicó entonces Kirchner. «No puedo yo anular por decreto un decreto anterior», explicó el gobernante del sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista).
El indulto fue otorgado en dos etapas por Menem (1989-1999), del mismo partido que Kirchner pero ubicado en las antípodas ideológicas.
Una primera tanda dejó libres en 1989 a oficiales de la dictadura condenados o en proceso de serlo por violaciones a los derechos humanos y que no habían sido amparados por las llamadas leyes del perdón, la de «punto final» de 1986 y la de «obediencia debida» de 1987. También hizo lo propio con los cabecillas de los frustrados alzamientos militares de 1987 y 1988.
La segunda etapa, en 1990, benefició a los ex jefes de las juntas militares de gobierno y a civiles destacados de la dictadura, así como a algunos ex guerrilleros.
Pero desde 2000 comenzó a virar la jurisprudencia. Primero, los jueces de primera instancia avanzaron en los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes del perdón que alejaron de los tribunales a los represores, hasta que, luego, la Corte Suprema avaló esos fallos.
Paralelamente a ese proceso, desde 2004 se registraron cuatro sentencias de jueces federales en las que fue declarado inconstitucional también el indulto. Posteriormente, distintas cámaras de apelación confirmaron esos dictámenes en dos casos.
Todos los procesos se mantenían frenados en las diversas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, hasta que este viernes uno de los tribunales se pronunció en el llamado caso «Riveros, Santiago, por privación ilegal de la libertad, homicidio, y otros».
Los jueces sostuvieron que, antes de conceder el perdón presidencial, «se debieron haber tenido en cuenta las previsiones de los tratados sobre derechos humanos que habían sido firmados y aprobados por autoridades del país».
Esos tratados declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a los que además se considera crímenes que no pueden ser objetos de amnistía o indulto.
Como jefe de Institutos Militares, Riveros estuvo a cargo de la sección militar con epicentro en Campo de Mayo, ubicado en la oriental provincia de Buenos Aires en las cercanías de la capital del país. Ese cuartel fue uno de los más grandes centros clandestino de detención ilegal del régimen.
Riveros fue responsable de las operaciones represivas de su zona entre 1976 y 1979, incluida la actividad del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde hubo ocho nacimientos clandestinos, precisó ante IPS Alberto Pedroncini, abogado de organizaciones humanitarias.
Esas personas nacidas durante el cautiverio de sus padres aún permanecen desaparecidas en manos de familias apropiadoras o que le fueron entregados los bebés sin saber su procedencia.
Este militar, hoy de 82 años, ya cumple prisión preventiva acusado de delitos relacionados con su actuación en Campo de Mayo, por la causa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur de América, y por apropiación ilegal de menores.
Asimismo, Riveros fue enjuiciado en ausencia en 2004 por un tribunal de Italia, que lo sentenció a prisión perpetua por el secuestro y desaparición forzosa de ciudadanos originarios de ese país durante la dictadura en Argentina.
Una vez conocido el fallo de la Cámara de Casación, los abogados defensores del imputado anunciaron que acudirán a la Corte Suprema de Justicia, que será la que finalmente siente posición sobre el indulto, en este y en los casos que sigan.
Según el abogado Florencio Varela, representante de Riveros y de otros ex jefes militares, el fallo «afecta la seguridad jurídica» porque anula el beneficio otorgado.