Investigadores que estudian cómo se propaga la desinformación están siendo investigados en Estados Unidos por ayudar presuntamente a censurar opiniones conservadoras sobre las vacunas COVID-19 y las elecciones gubernamentales. Jim Jordan, representante estadounidense por Ohio, encabeza la acusación contra los científicos. También es uno de los líderes republicanos que han sugerido que los demócratas han robado las elecciones presidenciales de 2020 al expresidente Donald Trump, y que han hecho acusaciones infundadas de fraude electoral.
El comité judicial de la Cámara de Representantes que preside Jordan es uno de los tres que están investigando un supuesto «régimen de censura» en el que están implicados investigadores académicos, programas del Gobierno estadounidense diseñados para contrarrestar la desinformación y plataformas de medios sociales, como Twitter y Facebook. Los comités han enviado cartas exigiendo comunicaciones y registros a numerosos científicos e instituciones, en algunos casos bajo amenaza de emprender acciones legales. Paralelamente, un grupo de grupos activistas y estados liderados por republicanos que cuestionaron los resultados de las elecciones de 2020 han lanzado demandas contra la administración del Presidente Joe Biden, así como contra investigadores individuales.
En respuesta a una de estas demandas, el 4 de julio, un juez federal de Luisiana emitió una orden preliminar que prohíbe a las agencias estadounidenses interactuar con las empresas de medios sociales con el fin de «instarlas, animarlas, presionarlas o inducirlas» a retirar contenidos. La orden del juez Terry Doughty, nombrado por Trump en 2017, también prohibió a las agencias federales trabajar con investigadores de la desinformación.
Hemos visto este libro de jugadas antes, dice Rebekah Tromble, quien dirige el Instituto de Datos, Democracia y Política en la Universidad George Washington en Washington DC. Muchos científicos del clima, por ejemplo, han sido objeto de acciones legales y peticiones de información por parte de activistas y líderes conservadores. «Es una práctica que va a afectar cada vez a más investigadores».
Nature habló con científicos y responsables universitarios sobre el origen de estas investigaciones, y analiza lo que podría venir después para la investigación sobre la desinformación.
¿Por qué están en el punto de mira estos investigadores?
Varios grupos de investigación estadounidenses han estado tratando de entender cómo se propagan las falsedades en las redes sociales y otros medios. Esto incluye desde inexactitudes sobre las vacunas y la COVID-19 hasta elaboradas teorías conspirativas como QAnon, una narrativa en evolución que comenzó con la acusación de que poderosos demócratas traficaban con niños y abusaban de ellos.
Esta investigación saltó a la palestra después de que Trump y sus partidarios empezaran a plantear dudas sobre el fraude electoral antes de las elecciones de 2020, y después se negaran a aceptar los resultados, cuando Trump perdió frente al presidente Joe Biden. Antes de las elecciones, una coalición de grupos de investigación había formado la Election Integrity Partnership, con el objetivo de rastrear las falsedades y la desinformación sobre el evento. La organización promovió la comunicación con funcionarios electorales, agencias gubernamentales, grupos de defensa y empresas de medios sociales, algunas de las cuales habían desarrollado sus propias normas para frenar la propagación de la desinformación. Los investigadores notificarían a las empresas cuando encontraran afirmaciones falsas.
Después de que el 6 de enero de 2021 los partidarios de Trump se manifestaran en el Capitolio estadounidense amenazando a los legisladores mientras se preparaban para certificar los resultados de las elecciones de 2020, Twitter eliminó las cuentas de Trump y de unos 70.000 usuarios que habían promovido la desinformación sobre el robo de las elecciones y otras teorías conspirativas. La mayoría de esas cuentas estaban vinculadas a la extrema derecha política, lo que ha alimentado la sugerencia de Jordan y otros de que las voces conservadoras han sido censuradas.
Los investigadores de la desinformación continuaron su trabajo sobre las elecciones con el Proyecto Viralidad, que se puso en marcha durante la pandemia de COVID-19 para rastrear la desinformación sobre las vacunas COVID-19. Este proyecto también se ha enfrentado a reacciones políticas en contra. También se ha encontrado con reacciones políticas adversas, porque los conservadores han cuestionado las políticas sobre la pandemia y la seguridad de las vacunas.
Las acciones emprendidas contra los conservadores no prueban que exista un esfuerzo sistemático por poner en desventaja sus opiniones, afirma Paul Barrett, subdirector del Centro Stern de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York. Barrett estudia la industria de las redes sociales y sus efectos en la democracia. En todo caso, afirma, su investigación demuestra que las empresas de medios sociales «han hecho repetidamente todo lo posible por complacer a los conservadores que infringen sus normas, porque temen la reacción violenta».
Antiguos ejecutivos de Twitter han declarado lo mismo en el Congreso. Por ejemplo, señalaron que, en 2019, Twitter cambió una norma que pretendía evitar la denigración de los inmigrantes, para acomodar un tuit de Trump que atacaba a varios legisladores liberales -y de minorías-. Los responsables de Twitter han negado haber sido presionados o coaccionados por el Gobierno estadounidense para eliminar contenidos.
Funcionarios del comité judicial de la Cámara de Representantes no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios de Nature.
Así que los investigadores que estudian las teorías de la conspiración dicen que ahora se ven envueltos en una. ¿Cómo empezó la cosa?
La idea de un régimen de censura coordinado surgió el año pasado a raíz de una serie de informes de la Foundation for Freedom Online, una organización de vigilancia creada por un ex diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos. El multimillonario conservador Elon Musk echó más leña al fuego de la idea cuando hizo públicos archivos internos de Twitter a algunos articulistas tras comprar la empresa en 2022. Esos archivos revelaban las deliberaciones de la empresa sobre las normas de contenido, así como comunicaciones relativas a la «asociación» de Twitter con el FBI, agencias de seguridad y otras organizaciones externas, incluidos grupos académicos que estudian la desinformación.
Los republicanos iniciaron sus investigaciones este año, tras hacerse con el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones de mitad de mandato, pero aún no han publicado ningún informe formal que documente sus hallazgos. Para Barrett, la imagen que se desprende de los documentos y testimonios hasta la fecha es la de una industria de medios sociales grande y poderosa que lucha constantemente con la difícil tarea de arbitrar los hechos y vigilar los contenidos potencialmente peligrosos.
«Cometen errores y tienen que corregirse regularmente», afirma. «Todo eso, a mí, me parece producto de una tecnología muy imperfecta, en contraposición a una campaña partidista».
La Fundación para la Libertad en Línea no respondió a las solicitudes de comentarios.
¿Qué dicen los científicos sobre ser investigados?
Nature se ha puesto en contacto con numerosos investigadores que estudian la desinformación, y la mayoría intenta mantener la cabeza gacha, bien porque ya están en el punto de mira del Congreso, bien porque les gustaría evitar atraerlo.
Un científico familiarizado con la situación expresó su frustración, afirmando que no hay forma de contrarrestar la teoría de la conspiración que sugiere que formaban parte de un esfuerzo por censurar las voces conservadoras. Señalan que los investigadores llevaron a cabo sus estudios abiertamente y a la vista del público, y se preguntan por qué la comisión judicial está llevando a cabo su investigación a puerta cerrada, en lugar de permitir que los científicos testifiquen públicamente sobre su trabajo y sus hallazgos.
«No creo que quieran testimonios públicos, porque no quieren que se produzcan esos efectos», dice el científico, que pidió el anonimato para poder hablar con libertad. «Es una represalia política», afirma, y los investigadores que están en el punto de mira tienen poco que hacer para defenderse.
Jeff Hancock, director del Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford (California), una de las principales instituciones de la Asociación para la Integridad de las Elecciones y del Proyecto Viralidad, afirma que las investigaciones y acusaciones están afectando especialmente a los científicos que han sido señalados públicamente. Añade que Stanford sigue negociando con el Congreso la forma en que entregará los registros pertinentes; en particular, la universidad quiere proteger a los estudiantes investigadores que también han sido objeto de las cartas del Congreso.
Aunque la universidad respalda a sus investigadores, a Hancock le preocupa el futuro. «Comprender la desinformación es importante para una democracia sana», afirma. «Si eres un joven investigador y estás viendo cómo ocurre esto, creo que eso puede pesar en tu decisión sobre si quieres hacer esta investigación».
5 julio 2023
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02195-3
https://www.nature.com/articles/d41586-023-02195-3
Fuentes: https://vientosur.info/investigadores-de-desinformacion-bajo-investigacion-que-ocurre-y-por-que/