A partir de abril de 2003, un mes después de la invasión de Iraq, y continuando por poco más de un año, la Reserva Federal de EEUU envió divisas por 12 mil millones de dólares a Iraq. Los militares de EEUU entregaron los billetes de banco a la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, su […]
A partir de abril de 2003, un mes después de la invasión de Iraq, y continuando por poco más de un año, la Reserva Federal de EEUU envió divisas por 12 mil millones de dólares a Iraq. Los militares de EEUU entregaron los billetes de banco a la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, su sigla en inglés), para que estuvieran disponibles en «la reconstrucción» del país. Por lo menos 9 mil millones desaparecieron completamente debido a un inexplicable descuido.
Los primeros 20 millones de dólares que llegaron provenían exclusivamente de los activos iraquíes que habían sido congelados en los bancos de EEUU desde la primera guerra del Golfo en 1990. Los subsiguientes puentes aéreos de efectivo incluyeron miles de millones de dólares por las ventas de petróleo iraquíes controladas antes por Naciones Unidas. Después de la creación del Fondo para el Desarrollo de Iraq -una fórmula para mantener el hoyo del dinero que se pasaba para «propósitos que beneficiaban al pueblo de Iraq»-, la ONU puso fin al control de miles de millones de dólares de Iraq por los réditos del petróleo en Estados Unidos.
Cuando los militares de EEUU entregaron el efectivo a Bagdad, el dinero pasó enteramente a las manos de un nuevo equipo de jugadores: la Autoridad Provisional de la Coalición. La CPA fue creada precipitadamente por el Pentágono para servir como gobierno interino en Iraq. El 9 de mayo de 2003, el presidente Bush designó a Lewis Paul Bremer III como administrador de la CPA. Durante el año siguiente, un Congreso obediente dio 1,6 mil millones de dólares a Bremer para administrar la CPA. Estos deben añadirse a los 12 mil millones de dólares en efectivo que fueron entregados a la CPA una vez desembolsados de los réditos del petróleo y de los activos iraquíes no congelados.
Pocos en el Congreso tenían alguna idea sobre la verdadera naturaleza de la CPA como institución. Los legisladores nunca habían discutido el establecimiento de la CPA, mucho menos la habían autorizado, dado que la agencia estaría recibiendo dólares de los contribuyentes. Los confundidos miembros del poder legislativo creían que la CPA era una agencia gubernamental de EEUU -que no lo era- o que, por lo menos, había sido autorizada por las Naciones Unidas, que tampoco era cierto.
La Autoridad fue, en efecto, establecida por un decreto fuera del marco tradicional del gobierno estadounidense. Porque fue una operación de granujas, donde nadie se hizo responsable de qué sucedió con ese dinero. Responsable ante nadie, ni a las finanzas «de los libros» que registran los gastos de los propósitos de gobierno de EEUU, la CPA proporcionó una oportunidad sin precedentes para que el fraude, la suciedad y la corrupción envolviera a los funcionarios del gobierno estadounidense, a los contratistas norteamericanos, a los renegados iraquíes y a muchos otros. En su corta vida pasarían a través de sus manos más de 23 mil millones de dólares. Y eso no incluyó potencialmente miles de millones de dólares más por embarques de petróleo que la CPA no tuvo cuidado en medir.
Los incidentes sobre abuso flagrante eran desenfrenados. De 8.206 «vigilantes» que aparecen en los cheques de pago de la CPA, sólo 602 existieron realmente; los otros 7.604 fueron guardianes fantasmas. Halliburton cargó a la CPA 42.000 comidas para los soldados mientras que efectivamente sólo se sirvieron 14.000. Los contratistas jugaron al fútbol con ladrillos de 100.000 dólares que en las cuentas se encogieron a 100 dólares.
Con todo, el precedente para la impunidad legal fue establecido cuando el trabajo de los fiscalizadores sacó a la luz el Caso de las Batallas de Custer, considerado uno de los peores casos de fraude en la historia de EEUU. La administración Bush no solamente rechazó procesar a los contratistas sino que intentó detener un pleito iniciado por denunciantes que esperaban recuperar el dinero robado en la CPA. La administración argumentó como en las batallas de Custer: que no se podrían encontrar culpables de defraudar al gobierno de EEUU porque la CPA no era parte del gobierno de EEUU. Cuando el pleito siguió adelante a pesar de las objeciones de la administración, las Batallas de Custer montaron una defensa basada en que los implicados no podrían ser culpables de hurto puesto que el robo se hizo con la aprobación del gobierno.
En el meollo de esta sanción al gobierno por la generosidad del «sírvase usted mismo» estuvo la concesión de un contrato de la CPA a NorthStar por servicios de contabilidad y auditoría. La nota discordante sobre este servicio de contabilidad fue que no había ningún contable público certificado entre el personal. El hombre de negocios Thomas Howell operó a NorthStar desde su hogar en la Jolla, California, junto con otros tres negocios sin relación, incluyendo uno dedicado a la remodelación y equipamiento de hogares. La compañía tenía la ventaja de una casilla de correos en Las Bahamas que apareció en el expediente como su dirección legal.
NorthStar fue transformada en las Bahamas en Compañía Internacional de Negocio (IBC, en inglés). A pesar de su nombre impresionante, las IBCs no son más que empresas de papel. En general, no llevan adelante ningún negocio; son recipientes vacíos que se pueden utilizar para cualquier cosa. No tienen ningún cuadro superior o junta directiva y no publican estados financieros. Los libros de una IBC, si existiera alguno, se pueden mantener dondequiera en el mundo, pero nadie puede examinarlos. Las IBCs no necesitan archivar informes anuales ni tampoco divulgar la identidad de sus dueños. Son cáscaras que funcionan en secreto total.
El Pentágono puso a esta compañía a cargo de la supervisión de miles de millones de dólares del dinero de los ciudadanos iraquíes y de los EEUU, con la misión de cerciorarse de que se gastaran honestamente y de manera segura.
En uno de sus últimos actos oficiales antes de abandonar Bagdad, Bremer publicó una orden preparada por el Pentágono, declarando que todos los miembros de las fuerzas de la coalición «serán inmunes ante cualquier forma de arresto o de detención por otras personas que actúen a nombre de sus estados que los envían». Los contratistas también consiguieron la misma tarjeta libre de cárcel. Según la orden de Bremer, los «contratistas serán inmunes de proceso legal iraquí con respecto a los actos realizados por ellos conforme a los términos y a las condiciones de un contrato o también subcontrato». El pueblo iraquí no podría hablar de ninguna conducta ilegal de los estadounidenses en su nueva democracia.
El periodista Matt Taibbi, de la revista Rolling Stone, dijo: «»Lo que la administración Bush ha creado en Iraq es una suerte de paraíso del capitalismo pervertido, en donde los réditos son extraídos forzadamente del cliente por el Estado, y los obscenos beneficios no son repartidos por el mercado, sino por una burocracia gubernamental no controlable».
Y concluyó: «Lo sucedido en Iraq fue más allá de la ineficacia, incluso más allá del fraude. Esto descansó sobre el negocio de un gobierno corrupto motivado por el afán de lucro en un grado tan extraordinario que ahora todos tenemos que preguntarnos cómo seremos capaces de depender siempre del Estado para hacer su trabajo en el futuro. Si la falla catastrófica cuesta miles de millones de dólares, ¿dónde cabe entregar incentivos al éxito?»
Actualización de Donald Barlett y James Steele
Es posible resumir en dos palabras qué ocurrió desde que Vanity Fair publicó «Miles de millones sobre Bagdad» en octubre de 2007: No mucho. A pesar del hurto todavía en curso, apenas han procesado a unos pocos civiles y militares de bajo nivel por malversación, soborno, propinas, mercantilismo y la desaparición de miles de millones de dólares del contribuyente. Para estar seguro, el departamento de Defensa anunció con gran fanfarria que ha iniciado las investigaciones criminales. Pero los resultados finales son pobres.
Pero hay más: muchos en Washington creen que tales investigaciones son injustificables. Dicen que al calor de la guerra no es posible seguir las sutilezas de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero eso no explica por qué el Pentágono corta las comprobaciones para millones de dólares y las envía a apartados de correo anónimos en paraísos tributarios. Ni explica el secreto que acordó con sus contratistas. Pero ayuda a explicar por qué el Pentágono es incapaz de reconciliar más de 1 trillón en el gasto… Es un trillón, no un billón. [Un millón de millones, no mil millones].
El departamento de Justicia de Bush ha dejado en claro con sus acciones que no tiene ninguna intención vigorosa de buscar o de procesar a quienes escamotearon a los contribuyentes. De manera semejante, el Congreso tampoco pudo emprender la clase de juicio con pruebas implacables que ayudó a catapultar a la vice presidencia a un joven senador de Missouri y, eventualmente, a la Casa Blanca durante la Segunda Guerra Mundial.
Al calor de esa guerra, el comité de Truman condujo centenares de audiencias y publicó cuentas e informes. El número de audiencias comparables y de informes que hoy salen del Congreso se puede contar con los dedos de una mano. Quizás.
Una explicación posible es que el funcionamiento para la elección ha llegado a ser hoy tan costoso que las compañías que ayudan a financiar las campañas reciben una inmunidad informal para sus contratos y fraudes. Otra, es que ese Congreso y la Casa Blanca –sea ocupada por un republicano o un demócrata– han asumido el aserto de que algunas corporaciones e instituciones financieras son demasiado grandes como para permitirles que fallen. Piensan en Bear Stearns, el caso más reciente posible.
Ahora, el Congreso y el gobierno federal en general se han aplicado aparentemente al mismo principio que los contratistas del gobierno, quienes son considerados demasiado importantes como para procesarlos, y sus funcionarios de alta jerarquía son tan esenciales que hacen descabellado pensar en enviarlos a la cárcel.
Finalmente, no esperen ninguna prueba desde los medios de noticias. Los periódicos y revistas sufren tanta agitación como resultado de la cambiantes fortunas económica de sus propietarios que son incapaces de montar cualquier examen significativo o sostenido acerca de las operaciones del gobierno. Esas empresas están mucho más preocupadas y demasiado ocupadas por los márgenes de beneficio que caen. Como resultado, sus cometidos periodísticos tienen menos futuro que la siguiente encuesta semanal.
Fuentes:
Vanity Fair 10/2007
Título: «Billions over Baghdad»
Autor: Donald Barlett and James Steele
Rolling Stone 8/23/2007
Título: «The Great American Swindle»
Autor: Matt Taibbi
Estudiantes Investigadores: Brian Gellman, Dan Bluthardt y Bill Gibbons
Evaluador académico: John Kramer, Ph.D.
Título original: Tracking Billions of Dollars Lost in Iraq
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)