Hace unas semanas era impensado un escenario político como el que se presenta por estos días en la provincia de Jujuy. Nada parecía hacer peligrar el triunfo del Frente Para la Victoria en la gobernación y en la mayoría de las ciudades de la provincia. Precisamente Eduardo Fellner, promocionado como el mayor responsable de restablecer […]
Hace unas semanas era impensado un escenario político como el que se presenta por estos días en la provincia de Jujuy. Nada parecía hacer peligrar el triunfo del Frente Para la Victoria en la gobernación y en la mayoría de las ciudades de la provincia. Precisamente Eduardo Fellner, promocionado como el mayor responsable de restablecer la institucionalidad en una encendida provincia que fue ejemplo de resistencia contra el neoliberalismo en los 90, reconoció esta semana que «en la provincia de Jujuy hay caos». El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y candidato a la gobernación hacía este comentario en referencia al masivo proceso de tomas de tierras que se desencadenó en toda la provincia posteriormente a los asesinatos del 28 de julio en Libertador General San Martín y de los anuncios por parte del actual gobernador Walter Barrionuevo del programa «Un lote para cada familia que lo necesite».
El 3 de agosto el gobierno provincial anunció mediante un decreto el plan de reparto de tierras fiscales. Los terrenos serían adjudicados por los municipios o comisionados municipales. El Estado entregaría un lote con apertura de calles, luz y agua. Para tal fin se creará un Registro Único de Aspirantes al que podrán acceder a través de cada municipio los interesados, que deberán tener como mínimo dos años de residencia continua y no deberán estar ocupando de manera ilegal un terreno o vivienda adjudicada o privada.
A las horas del anuncio las tomas de tierras se multiplicaron por toda la provincia. Las familias se lanzaron masivamente a ocupar terrenos fiscales y privados, en forma organizada y a veces espontánea. Numerosas tomas se dieron en varias de las ciudades más pobladas y donde la crisis habitacional se siente con mayor profundidad. San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Palpalá, Perico, San Pedro, son algunas de las localidades donde más se percibió este fenómeno. Espacios verdes, predios ferroviarios y hasta tierras del aeropuerto «Doctor Horacio Guzmán» fueron ocupados por centenares de familias necesitadas. La policía caminera se apostó en los límites fronterizos provinciales revisando a camionetas y camiones que lleven materiales (o personas) «sospechosos» tratando de evitar la migración de quienes quieran aprovechar el momento de desborde que se vivía en Jujuy.
¿A qué se debe que el gobierno provincial haga el lanzamiento de este decreto? La pregunta surge porque es un gesto descolgado de lo que significó la gestión en referencia a la temática habitacional del gobernador Barrionuevo. Luego de las muertes en Libertador General San Martín existieron numerosas movilizaciones y críticas que apuntaron principalmente al abuso represivo y a la lógica feudal de la empresa Ledesma, pidiendo esclarecimiento y responsabilidades de los asesinatos. El eje fundamentalmente estaba puesto ahí y no -a pesar de que es la punta del ovillo de toda esta situación- en la crisis habitacional y el latifundio. Las tomas de tierras se venían incrementando paulatinamente en la zona del ramal (Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro) y esta podría llegar a ser una forma de burocratizar-institucionalizar este proceso para dormirlo. Lo que sí se puede asegurar son dos cosas: el decreto fue un intento de apagar el fuego con nafta y la explosión de las tomas de tierras fue el debate que se presentó como principal, dejando en segundo plano lo de los asesinatos. Este es otro punto que denuncia parte de la oposición: usar este anuncio como una forma de callar las muertes de la represión a tan pocos días de las elecciones.
El pedido imperioso de ordenamiento y paz social no tardó en llegar. En este sentido el operativo de descompresión social comenzó a rodar a partir de las intimaciones que realizó el juez penal Juan Carlos Nieves. Barrionuevo le hizo conocer al cónsul de Bolivia que los bolivianos que sean acusados de tomar tierras serán deportados. El jueves 4 de agosto el gobernador convocó a Milagro Sala para que jugara un rol activo para certificar la paz social en la provincia realizando un trabajo de persuasión de los ocupantes para descomprimir la crisis. Así fue que la dirigente social encabezó una comisión con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Secretario de Infraestructura de Jujuy e intendentes y funcionarios comunales, recorría uno por uno los asentamientos de la provincia proponiendo a los ocupantes censarse enmarcados en el nuevo programa de emergencia habitacional y una tregua de 15 días (después de las primarias). Según comentó Sala: «No podemos seguir viviendo como vivimos..Ni siquiera en la década del ’90 había ocurrido algo así. Nosotros, desde la Tupac, y a pedido del Gobierno, estamos aportando nuestro granito de arena para recuperar la tranquilidad en la Provincia.»
Terminando la semana no hubo quórum en la sesión del parlamento provincial donde se iba a aprobar el proyecto del programa «Un lote para cada familia que lo necesite». No se presentaron a la Legislatura jujeña la UCR, Lyder y el Frente Primero Jujuy. Tampoco estaban todos los legisladores del Frente Para la Victoria. Este bajo consenso de la clase política provincial puede ser uno de los indicadores de los verdaderos alcances de este programa de emergencia habitacional. Afortunadamente muchas de las ocupaciones siguen firmes y se resisten a dormirse en los laberintos de la burocracia.
Fuente: http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/08/08/p6619