La primera noticia ‘más censurada’ en EEUU reportada por el Project Censored 2006 describe los esfuerzos de la administración Bush por imponer -en sigilo- el secretismo en los actos del gobierno, sepultando la tradición del ‘gobierno abierto’.A través de los años 80, el Proyecto Censurado destacó un alarmante número de reducciones del acceso a la […]
La primera noticia ‘más censurada’ en EEUU reportada por el Project Censored 2006 describe los esfuerzos de la administración Bush por imponer -en sigilo- el secretismo en los actos del gobierno, sepultando la tradición del ‘gobierno abierto’.
A través de los años 80, el Proyecto Censurado destacó un alarmante número de reducciones del acceso a la información de gobierno y a su responsabilidad (Véase Project Censored 1982 # 6, 1984 # 8, 1985 #3 y 1986 # 2). Después siguió una pequeña pero sistemática adición de cambios a las leyes y órdenes ejecutivas vigentes. Hoy parece que estas acciones fueron algo más que el preludio de la tranca al libre acceso a la información pública construida por el actual gobierno.
‘La administración Bush tiene obsesión por el secreto’, dijo el representante demócrata por California Henry Waxman, comisionado por el Congreso en septiembre de 2004 para emitir un informe sobre el secretismo en la administración Bush. ‘Se han reescrito repetidamente leyes y cambiado las prácticas para reducir el escrutinio del público y de los congresistas sobre las actividades gubernamentales. El efecto acumulativo es un asalto sin precedentes contra las leyes que hicieron a nuestro gobierno abierto y responsable’.
Cambios en las leyes que proporcionan acceso público a los expedientes federales
La ley de libertad de información, en inglés Freedom of Information Act (FOIA), otorga a los ciudadanos la capacidad de reclamar información específica a cualquier agencia del Estado y faculta a las cortes federales para someter a las agencias que no cumplan lo dispuesto por la ley FOIA. Durante las dos décadas pasadas, comenzando con Reagan, esta ley se ha diluido cada vez más y ha sido sucesivamente eludida por cada administración.
Bajo la administración Bush, las agencias hacen uso extensivo y arbitrario de las excepciones de la ley FOIA, a menudo inapropiado o con justificación inadecuada (tales como aquellas que afectan a la información clasificada, el privilegio de documentos abogado-cliente y cierta información compilada para propósitos de aplicación de la ley). Evidencias recientes muestran a las agencias haciendo frivolidades (a menudo absurdas) como cuando reclaman excepciones abusando del privilegio del proceso deliberativo, abusando de las excepciones para la aplicación de la ley y reteniendo datos sobre interrupciones del servicio telefónico.
Con demasiada frecuencia, la administración Bush simplemente no responde a todos los requerimientos que invocan la ley FOIA. Nunca se informa al solicitante si simplemente se trata de un retraso excesivo o de una negativa final a responder al requerimiento específico. Pero el efecto es el mismo: se niega al público el acceso a la información.
La administración Bush también abrazó una agresiva política de cuestionar desafiante los pedidos legítimos usando variadas tácticas, hasta provocar la renuncia del requirente FOIA. Las medidas incluyen minimizar la definición de ‘representante de medios de prensa’, alegando que la información demandada no contribuirá al conocimiento público.
Hace diez años, el gobierno exhortó a las agencias federales a liberar documentos al amparo de la ley FOIA –incluso si cupieran argumentos técnicos para negarlos–, a menos que pudiera resultar algún ‘daño previsible’. Pero, según el informe de Waxman, un memorándum emitido en octubre de 2001 por John Ashcroft, ministro de Justicia de Bush, ordenó a las agencias negar la información si existían argumentos técnicos para retenerla, torciendo así la ley FOIA.
En 2003, la administración Bush obtuvo una nueva exención legislativa de la FOIA para todos los ‘archivos operacionales» de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA)’. El principal razonamiento del gobierno para imponer esta nueva excepción fue que las búsquedas permitidas por la FOIA conducían a desviar los esfuerzos de la misión de la agencia. Por supuesto, este razonamiento podía aplicarse a todas las agencias. Si la NSA ha funcionado por décadas acatando a la ley FOIA, no está claro por qué ahora la agencia necesita esta exención.
La Ley de Archivos Presidenciales (Presidential Records Act) asegura que, una vez que un Presidente abandona el cargo, el público tenga completo acceso a todos los documentos de la Casa Blanca usados para desarrollar políticas públicas. Bajo esta ley y una orden ejecutiva de Ronald Reagan, se creyó que sería liberada la mayoría de los documentos. Sin embargo, el presidente Bush publicó una orden ejecutiva estableciendo un procedimiento nuevo, que generalmente bloquea la liberación de papeles presidenciales.
Cambios en leyes que restringen el acceso público a los expedientes federales
La administración Bush aumentó dramáticamente el volumen de información del gobierno vedada a la visión pública. En una orden ejecutiva de marzo de 2003, el presidente Bush amplió el uso de la clasificación de seguridad nacional. La orden eliminó la presunción de desocultar, pospuso o evitó la desclasificación automática, protegió la información gubernamental extranjera y reclasificó cierta información, debilitando el panel que decide los documentos a eximir de desclasificación, adjudicó clasificaciones arbitrarias y exceptuó a los expedientes vice presidenciales de la revisión obligatoria de desclasificación.
La administración Bush también obtuvo una autoridad sin precedentes para conducir operaciones secretas del gobierno, con poca o ninguna supervisión judicial. Con la ampliación de autoridad legal conferida por la Ley Patriótica (Patriot Act), el departamento de Justicia puede emitir más fácilmente órdenes secretas para obtener bibliotecas y otros archivos privados, conseguir autorizaciones para conducir búsquedas secretas con ‘vigilancia furtiva» y disponer intercepciones telefónicas secretas. Además, la administración Bush utiliza novísimas interpretaciones legales para ampliar su autoridad y poder detener, juzgar y deportar individuos en secreto.
Desde los ataques del 11 de septiembre 2001, la administración Bush detenta una autoridad sin precedente para detener a una persona bajo la etiqueta de ‘combatiente enemigo’ adjudicada indefinida y secretamente por cualquier rama ejecutiva. Se establecieron juicios militares que pueden ocultarse no sólo al público sino también a los demandados y a sus propios abogados. Y la administración autorizó procedimientos para la detención y deportación en secreto de extranjeros residentes en EEUU.
Acceso del Congreso a la información
En comparación con los gobiernos anteriores, la administración Bush opera con una notable y escasa vigilancia del Congreso, atribuible parcialmente a la alineación de los partidos. La mayoría republicana ha frenado en el Senado los intentos por investigar mala conducta de la Casa Blanca.
Otro factor importante ha sido la resistencia del gobierno a la supervisión. La administración Bush rehúsa constantemente proporcionar la información necesaria para investigar y efectuar revisiones significativas de actos del gobierno, solicitada por miembros del Congreso, funcionarios de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (Government Accountability Office) y comisiones del Congreso.
Por ejemplo, la administración cuestionó en las cortes de justicia la prerrogativa de conducir investigaciones independientes de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno y ha rechazado aceptar la regla que permite a los miembros del Comité de la Reforma de la Casa de Gobierno obtener información del ejecutivo, forzándolos a recurrir a los tribunales para reclamar los derechos que le otorga la ley. También ha ignorado y rechazado numerosas peticiones de información de miembros del Congreso que intentaron ejercer su responsabilidad de vigilar actividades del poder ejecutivo, y repetidamente bloqueó la información requerida por la comisión establecida por el Congreso para investigar los ataques del 11 septiembre.
El informe del representante Waxman no fue escuchado por el Congreso antes del receso de invierno de diciembre, y su cuenta tampoco fue reintroducida en la sesión de apertura de enero 2005. Sin embargo, el 16 de febrero, después del inicio del período de sesiones Nº 109 del Congreso, Juan Cornyn (republicano de Texas) y Patrick Leahy (demócrata de Vermont.) introdujeron una cuenta francamente favorable al gobierno, titulada en inglés Openness Promotes Effectiveness in our National Government Act of 2005, S. 394. En sus propias palabras, la cuenta fue ‘diseñada para consolidar las leyes de interés del gobierno sobre acceso a la información gubernamental, particularmente la Freedom of Information Act’. En el mismo día, otra cuenta idéntica, H.R. 867, fue introducida en la Cámara de Representantes por Lamar Smith (republicano por Texas)**.
Para más información sobre la legislación del representante Waxman y el trabajo por un gobierno abierto, ver el sitio www.democrats.reform.house.gov .
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)