La «causa maldita» para la Justicia Federal de Córdoba -según la definiera Rubén Arroyo- irá a juicio. «Maldita» porque en la llamada causa de los magistrados, los mismos funcionarios judiciales, ya en democracia, debían apuntar sobre los delitos cometidos por quienes hasta poco tiempo antes habían compartido tareas en la Justicia Federal de Córdoba. Si […]
La «causa maldita» para la Justicia Federal de Córdoba -según la definiera Rubén Arroyo- irá a juicio. «Maldita» porque en la llamada causa de los magistrados, los mismos funcionarios judiciales, ya en democracia, debían apuntar sobre los delitos cometidos por quienes hasta poco tiempo antes habían compartido tareas en la Justicia Federal de Córdoba.
Si nada se cruza en el camino, el 27 de abril, será la primera audiencia donde se leerá la larga lista de delitos imputados a los exfuncionarios judiciales Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Haro. En este demorado proceso ya quedó apartado el fiscal Alí Fuad Alí y a fines del año pasado el ex defensor oficial Luis Eduardo Molina.
Desde los inicios de nuestra denuncia de los fusilamientos de presos políticos en la cárcel de San Martín, a poco de recuperar la libertad y restablecerse la democracia, la Justicia Federal de Córdoba se mostró remisa a incluir a sus pares que habían tenido protagonismo en 1976 y autorizaron los traslados para la muerte, sin investigar lo sucedido.
Eran detenidos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y de la Justicia Federal de Córdoba. La «sagrada familia» cubrió a sus congéneres. Avanzó correctamente sobre la responsabilidad de militares y policías, pero lamentablemente protegió a los funcionarios judiciales. Vinieron luego las leyes de impunidad que los amparó por igual a todos los criminales.
Por intervención de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se abrió en 1998 el llamado «juicio por la verdad histórica» que documentó los crímenes en la cárcel, pero con el impedimento de juzgar penalmente a sus autores.
Anuladas las leyes de obediencia debida y punto final se reabrieron las causas. Sin embargo la Justicia Federal de la democracia, en expediente aparte, separó a los funcionarios judiciales, alguno de ellos aún con altas funciones.
En el 2010 fueron condenados militares y policías en la causa de la UP1. Pero siguieron cajoneadas las actuaciones desmembradas que incriminaban a los cofrades judiciales de Córdoba.
Dilaciones
Buenos conocedores de los pasillos y la burocracia juridicista los acusados lograron dilatar los trámites con apartamientos, recusaciones y apelaciones, especulando con el olvido, cambios políticos o la propia acción erosiva del tiempo, para seguir amparados en la impunidad que lograron mantener en estos 41años.
Un rancio tufillo de anquilosamiento pareciera rondar en algunos despachos. Algunos organismos y ámbitos impulsores de los juicios por delitos de lesa humanidad han advertido el retroceso que significa la reducción de recursos, en personal y presupuesto. Esto, al compás de reiterados pronunciamientos de altas autoridades nacionales que propugnan dar vuelta la página, para que las investigaciones no los alcance cuando se profundice en la complicidad civil, ya sea mediática, empresarial o judicial.
El freno favorecerá a quienes, ya condenados en cárcel común, van logrando la prisión domiciliaria con diversos subterfugios. El ex teniente Gustavo Adolfo Alsina, condenado a perpetuidad por los crímenes de la cárcel San Martín, acaba de obtener el beneficio por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, de la Cámara de Casación Penal.
Córdoba puede celebrar este 24 de marzo el final del juicio de La Perla. Eso se expresó con regocijo esperanzado como justa memoria en la marcha por los 30.000, el pasado viernes. Pero poniendo también en la balanza que de los 300 militares y policías identificados en la represión del terrorismo de estado en Córdoba, un 20 por ciento ha sido alcanzado por la Justicia.
Impunidad biológica
Si los procesos en curso no se aceleran, (y las maniobras para impugnar jueces ha prosperado otra vez aquí en estos días) ganará la impunidad biológica, gracias al pié del acelerador que han levantado los funcionarios judiciales para acomodar el cuerpo a la nueva situación. Nos quedará la satisfacción de lo logrado, pero también el sabor amargo de injusticias que el tiempo se llevó.
El juicio a los magistrados nos incentiva a refrescar la memoria de las complicidades judiciales, así como valorar las actuaciones firmes y comprometidas a derecho que han posibilitado hacer Justicia. Si los jueces y fiscales que ahora les corresponde actuar asumen la verdad investigada desde hace 30 años seguramente cimentarán la credibilidad en un poder judicial no pocas veces sospechado de correrse el velo. La condena de quienes sabían que sin su actuación nunca podrían haber sido asesinados los 29 presos políticos debe tener también un sentido pedagógico para la salud democrática.
Fue la coautoría civil que pocos señalaron desde el principio. Entre esos pocos, el reconocimiento a la labor de los doctores Rubén Arroyo y María Elba Martínez que con los familiares de los fusilados, promovieron las primeras actuaciones.
Miembros de destacada actuación en los juicios de lesa humanidad han adelantado opinión a favor de ex funcionarios acusados. Otros especulan con la avanzada edad o el deterioro de la salud, para que no les llegue la condena. Es la impunidad biológica, que el mismo poder judicial cordobés facilitó al dilatar el proceso.
La Justicia seguirá incompleta si no prima el espíritu de la ley; y se limita a las formalidades rituales que se acomodan a las circunstancias, como abundan en las pruebas del juicio a los magistrados.
Flaco favor a la institucionalidad democrática. Sucedió con los funcionarios judiciales que ahora van a juicio: No investigaron las detenciones sin orden judicial, que en la práctica eran secuestros; ni las denuncias de torturas en la D2 declaradas en las actuaciones judiciales de 1975.
Juraron por los estatutos de la dictadura militar que sobrepusieron a la Constitución Nacional. Sabiendo cómo fusilaban a los presos políticos, siguieron autorizando su salida del penal en ocho ocasiones posteriores. Pero además nunca investigaron estas muertes de presos bajo su jurisdicción; y profesaron ciega fe a las comunicaciones mendaces del ex general Menéndez, ya condenado a prisión perpetua por estos hechos.
Nunca ordenaron hacer autopsias, ni citaron a los militares o policías que efectuaron los traslados y los supuestos enfrentamientos. Si los funcionarios judiciales hubiesen investigado en ese momento era posible identificar a los miembros de las patrullas actuantes.
Ahora deberán responder por su complicidad, encubrimiento o incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Y esta justicia de la democracia tendrá la oportunidad de diferenciarse del negacionismo que en algunos ámbitos, también políticos, se promueven lamentablemente en desmedro de la democracia.
Luis Miguel Baronetto. Querellante. Director de Tiempo Latinoamericano, exdirector de DD.HH de la municipalidad de Córdoba
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