La flamante ley de prensa de Marruecos creó un consejo regulatorio de la actividad periodística, que, según activistas, aumenta la posibilidad de censura. La ley establece un Consejo Nacional de Prensa para tratar acusaciones contra los medios. La ley no especifica cuáles podrían ser estas demandas, pero sí lo que el Consejo podría hacer al […]
La flamante ley de prensa de Marruecos creó un consejo regulatorio de la actividad periodística, que, según activistas, aumenta la posibilidad de censura.
La ley establece un Consejo Nacional de Prensa para tratar acusaciones contra los medios. La ley no especifica cuáles podrían ser estas demandas, pero sí lo que el Consejo podría hacer al respecto.
«Hay sanciones disciplinarias, tales como cartas de advertencia, la cancelación del permiso profesional por entre tres y cinco años y multas», dijo a IPS Said Essoulami, director ejecutivo del Centro para la Libertad de los Medios en Medio Oriente y África Septentrional.
Este Centro independiente con sede central en Londres cuenta con una oficina en la occidental ciudad marroquí de Casablanca.
Antes de la nueva ley, fueron sancionadas otras que tenían el objetivo de defender y promover la libertad de prensa.
«Desde que el país ingresó en lo que comúnmente se conoce como ‘transición democrática’, se hicieron frecuentes enmiendas a la ley de prensa», explicó a IPS Youssef Saket, periodista del diario Assabah.
La transición democrática en esta monarquía constitucional comenzó en 1998, cuando el rey Hassan II designó primer ministro al líder opositor Abderrahmane Youssoufi.
Pero este proceso de transición, que supuestamente continuó bajo el actual rey Mohammed VI, quien llegó al trono el 30 de julio de 1999, incluye el mantenimiento en vigor de leyes muy duras, que prevén el encarcelamiento de periodistas por publicar ofensas.
«Por eso tenemos reservas en torno de la ley, cuya vigencia puede, incluso, dificultar nuestro trabajo porque el propio Poder Judicial no es plenamente independiente», dijo Saket.
El Sindicato de Periodistas y la Federación de Editores reclaman desde 2002 la aprobación de una ley que acabe con la posibilidad de que los profesionales de los medios sean encarcelados por su trabajo.
Además de las implicancias en materia de derechos humanos, «encarcelar periodistas da una imagen inadecuada en el exterior sobre los esfuerzos que se hacen dentro de Marruecos hacia la democracia y las libertades públicas», señaló Saket.
En el marco del nuevo proyecto, los periodistas pueden ser llevados a prisión por difamar al rey y a los príncipes, y por poner en peligro la unidad territorial, en una obvia referencia a Sahara Occidental, donde el insurgente Frente Polisario lucha por independizarse de Marruecos.
El Frente Polisario se creó en 1973. El conflicto en torno a Sahara Occidental continúa, aunque líderes marroquíes y separatistas mantuvieron dos rondas de negociaciones en Estados Unidos y volverán a reunirse en Suiza.
Pero pese a las promesas del pasado, se implementaron severas leyes. Youssoufi, primer ministro entre 1998 y 2003, mantuvo la ley que permitía la clausura de un periódico sin derecho a apelación. Esa ley fue invocada en 2000 para prohibir dos publicaciones: Assahifa y Le Journal.
Debido a esas leyes y prácticas, muchos periodistas temen que el Consejo Nacional de Prensa pueda convertirse en un instrumento de censura.
«El Consejo hará lo que el gobierno ya no hace: prohibir periódicos. Esto significa que los periodistas comenzarán a censurar a otros periodistas, y esto es muy peligroso», opinó Saket.
Essoulami dijo que el mandato del Consejo va más allá de la responsabilidad profesional. En el marco del proyecto, ese organismo puede regir la conducta social e incluso privada de los periodistas.
«Todos sabemos, a partir de la experiencia, que intentar modelar a las personas para que parezcan todas iguales es puro fascismo», agregó.
Ésta sería una política antidemocrática, dijo, añadiendo que «sólo las dictaduras toman semejantes medidas de control sobre los periodistas».
Otros periodistas temen que representantes de la sociedad civil promuevan en el Consejo Nacional de Prensa fallos equivocados porque no son profesionales de los medios de comunicación.
También se teme que los representantes de la sociedad civil en el Consejo tampoco sean independientes de partidos políticos.
Mientras los periodistas aguardan con cierta aprensión la instauración del Consejo, continúan haciendo frente a los encarcelamientos bajo la actual ley.
Abderrahim Ariri, director del periódico Al-Watan al-Ane, y Mustapha Hormatallah, redactor del mismo diario, fueron puestos en prisión, acusados de publicar secretos de seguridad nacional.
Al-Watan al-Ane había publicado extractos de informes de los servicios de inteligencia sobre el combate al terrorismo. Las autoridades exigieron a Ariri y Hormatallah que revelaran los nombres de las fuentes que consultaron para el artículo. La ley no permite a los periodistas mantener en secreto la identidad de sus informantes.
«Hay sanciones disciplinarias, tales como cartas de advertencia, la cancelación del permiso profesional por entre tres y cinco años y multas», dijo a IPS Said Essoulami, director ejecutivo del Centro para la Libertad de los Medios en Medio Oriente y África Septentrional.
Este Centro independiente con sede central en Londres cuenta con una oficina en la occidental ciudad marroquí de Casablanca.
Antes de la nueva ley, fueron sancionadas otras que tenían el objetivo de defender y promover la libertad de prensa.
«Desde que el país ingresó en lo que comúnmente se conoce como ‘transición democrática’, se hicieron frecuentes enmiendas a la ley de prensa», explicó a IPS Youssef Saket, periodista del diario Assabah.
La transición democrática en esta monarquía constitucional comenzó en 1998, cuando el rey Hassan II designó primer ministro al líder opositor Abderrahmane Youssoufi.
Pero este proceso de transición, que supuestamente continuó bajo el actual rey Mohammed VI, quien llegó al trono el 30 de julio de 1999, incluye el mantenimiento en vigor de leyes muy duras, que prevén el encarcelamiento de periodistas por publicar ofensas.
«Por eso tenemos reservas en torno de la ley, cuya vigencia puede, incluso, dificultar nuestro trabajo porque el propio Poder Judicial no es plenamente independiente», dijo Saket.
El Sindicato de Periodistas y la Federación de Editores reclaman desde 2002 la aprobación de una ley que acabe con la posibilidad de que los profesionales de los medios sean encarcelados por su trabajo.
Además de las implicancias en materia de derechos humanos, «encarcelar periodistas da una imagen inadecuada en el exterior sobre los esfuerzos que se hacen dentro de Marruecos hacia la democracia y las libertades públicas», señaló Saket.
En el marco del nuevo proyecto, los periodistas pueden ser llevados a prisión por difamar al rey y a los príncipes, y por poner en peligro la unidad territorial, en una obvia referencia a Sahara Occidental, donde el insurgente Frente Polisario lucha por independizarse de Marruecos.
El Frente Polisario se creó en 1973. El conflicto en torno a Sahara Occidental continúa, aunque líderes marroquíes y separatistas mantuvieron dos rondas de negociaciones en Estados Unidos y volverán a reunirse en Suiza.
Pero pese a las promesas del pasado, se implementaron severas leyes. Youssoufi, primer ministro entre 1998 y 2003, mantuvo la ley que permitía la clausura de un periódico sin derecho a apelación. Esa ley fue invocada en 2000 para prohibir dos publicaciones: Assahifa y Le Journal.
Debido a esas leyes y prácticas, muchos periodistas temen que el Consejo Nacional de Prensa pueda convertirse en un instrumento de censura.
«El Consejo hará lo que el gobierno ya no hace: prohibir periódicos. Esto significa que los periodistas comenzarán a censurar a otros periodistas, y esto es muy peligroso», opinó Saket.
Essoulami dijo que el mandato del Consejo va más allá de la responsabilidad profesional. En el marco del proyecto, ese organismo puede regir la conducta social e incluso privada de los periodistas.
«Todos sabemos, a partir de la experiencia, que intentar modelar a las personas para que parezcan todas iguales es puro fascismo», agregó.
Ésta sería una política antidemocrática, dijo, añadiendo que «sólo las dictaduras toman semejantes medidas de control sobre los periodistas».
Otros periodistas temen que representantes de la sociedad civil promuevan en el Consejo Nacional de Prensa fallos equivocados porque no son profesionales de los medios de comunicación.
También se teme que los representantes de la sociedad civil en el Consejo tampoco sean independientes de partidos políticos.
Mientras los periodistas aguardan con cierta aprensión la instauración del Consejo, continúan haciendo frente a los encarcelamientos bajo la actual ley.
Abderrahim Ariri, director del periódico Al-Watan al-Ane, y Mustapha Hormatallah, redactor del mismo diario, fueron puestos en prisión, acusados de publicar secretos de seguridad nacional.
Al-Watan al-Ane había publicado extractos de informes de los servicios de inteligencia sobre el combate al terrorismo. Las autoridades exigieron a Ariri y Hormatallah que revelaran los nombres de las fuentes que consultaron para el artículo. La ley no permite a los periodistas mantener en secreto la identidad de sus informantes.