Kevin J. Martin, el Presidente de la Federal Communications Comission (FCC), la agencia estadounidense encargada de regular las telecomunicaciones, ha preparado un plan para relajar las normas de propiedad de medios de comunicación, incluyendo la supresión de las que prohíben que una misma empresa sea propietaria de un periódico y de un canal de televisión o estación de radio en una misma ciudad.
La FCC está formada por 5 miembros designados por el Presidente del país, con un máximo de 3 miembros de un mismo partido. El Presidente de la comisión y otros 2 pertenecen al Partido Republicano por lo que lo más probable es que el plan acabe fructificando. Martin quiere que se vote la propuesta el 18 de diciembre. Para Michael J. Copps, miembro Demócrata opuesto al plan, un plazo de tiempo tan breve es insuficiente para que el público y los expertos puedan debatirlo.
El plan tiene el apoyo de poderosos conglomerados mediáticos como News Corporation de Rupert Murdoch que han presionado para que se desregule más el mercado comunicativo. Otro grupo mediático que desde hace años ha ejercido de lobby en contra de las (escasas) restricciones para las propiedades cruzadas es Tribune Company (LA Times, Chicago Tribune…), la segunda editorial de periódicos más grande del país tras Gannet (USA Today y otros 87 diarios), cuyo futuro propietario Samuel Zell sería el más beneficiado a corto plazo. Actualmente Tribune posee tanto periódicos como canales de televisión en una misma ciudad debido a unas exenciones temporales que dejarán de tener validez en caso de que Zell compre la compañía. El magnate, que ha anunciado querer adquirir Tribune Company por $8,2 mil millones antes de que termine el año, solamente podría quedarse con las propiedades cruzadas en cinco ciudades si se cumple la agenda de aprobación del plan propuesta por Kevin J. Martin.
Los partidarios del plan argumentan que han gastado $368,000 realizando 10 estudios sobre la propiedad de los medios que demuestran la necesidad de adoptar la medida. Gene Kimmelman, de la asociación defensora de los consumidores Consumers Union, califica los estudios de sesgados y parciales y ha asegurado que «demostraremos que esto es simplemente una iniciativa ideológica y política para permitir que las empresas propietarias de los medios de comunicación se fusionen y dominen los mercados locales».
La aprobación de la propuesta sería el último paso en la consolidación de los grandes grupos de la comunicación que comenzó a hacerse efectiva, sobretodo, a partir de los años 80. Y no vendría a demostrar (de nuevo) mas que la connivencia entre los conglomerados mediáticos, una agencia de regulación supuestamente independiente como La FCC y los gobernantes, que se refleja en la práctica en una disminución de la diversidad de contenidos y la desaparición de soportes locales. El propio miembro de la comisión Michael J. Copps reconoció este año (1) que «la FCC no ha hecho suficiente para defender el interés público». Añadía que:
«Cada 8 años, los medios de radiodifusión y teledifusión deben probar que han servido al interés público para que se les renueve la licencia. Si no pueden, la licencia pasa a otro (…) El problema es que, bajo la presión de conglomerados mediáticos, comisiones previas han eviscerado el proceso de renovación (…) Ahora la agencia da el visto bueno a las solicitudes sin una revisión sustancial. Denegaciones sobre la base del interés público son extraordinariamente raras (…) No siempre fue así. Antes de la manía desreguladora de los 80 la comisión escrutaba la renovación de licencias cada 3 años, aplicando criterios específicos de interés público».
No sólo la relación entre la FCC y los medios no fue siempre así, sino que el modelo mediático estadounidense tampoco. A mediados del siglo XIX había una gran cantidad y variedad de publicaciones de distintos espectros políticos: desde las más conservadoras hasta las más radicales de izquierda defensoras de los intereses de la clase obrera pasando por innumerables publicaciones locales. Pero con la aparición del modelo comercial moderno a finales de siglo, sobretodo con la publicidad y la concentración de capital, el espectro y variedad de opinión empieza a disminuir dramáticamente. A principios del siglo XX un 99% de los diarios nacionales eran de propiedad individual mientras que a mediados de los años 80, tras décadas de comercialización, desregulación y liberalización, más del 70% formaba parte de una cadena (2). Al mismo tiempo la información pasa cada vez a estar más condicionada por intereses económicos y políticos.
La FCC se crea a partir de la Communication Act de 1934 como una agencia reguladora que ejercerá una contención moderada decreciente durante las décadas siguientes. Paradójicamente, cada nueva desregulación se presenta como un avance en la libertad de prensa, cuando sucede todo lo contrario ya que cada vez menos personas tienen la opción de expresarse a través de los medios. Ya en 1960 el periodista A.J. Liebling dio en el clavo al afirmar que «la libertad de prensa está garantizada sólo para los que la poseen».
Con la llegada de Reagan a la presidencia en 1981 se acelera intensamente el proceso de consolidación de un sistema mediático de «libre mercado» en el que los medios más poderosos absorben a los menos y bajo el paraguas de la «libertad de expresión» escapan de cualquier control ciudadano y abandonan por completo su función pública en favor de su función económica. En 1987 Reagan suprime la Fairness Doctrine que exigía que los soportes radiofónicos y televisivos proporcionaran cierto grado de equilibrio e imparcialidad en la presentación de asuntos controvertidos. Bajo el argumento de que la Doctrina dañaba el interés público y violaba la Primera Enmienda, el entonces Presidente de la FCC Mark S. Fowler, que había formado parte del equipo de Reagan entre 1976 y 1980, fue revocando algunas partes hasta finalmente acabar con ella. También se adoptan medidas desreguladoras que promovieron el aumento de las propiedades cruzadas entre radio y prensa y un salto cuantitativo importante en el número de corporaciones y bancos ajenos al sector de la comunicación que adquirieron la propiedad de distintos medios de difusión.
Desde Reagan, no sólo aumentó la concentración vertical de los medios, es decir que un mismo grupo lograse controlar el proceso de producción, los canales de distribución y los de exhibición (hoy día todos los grandes conglomerados pueden controlar el proceso entero, por ejemplo, en el caso de Viacom, Paramount Pictures produce una película que se distribuye a otra de sus subcompañías como Paramount Theaters o United Cinemas International y que posteriormente podrá ser vista en CBS y comprada en http://hollywood.com), sino que se comenzó a consolidar la diversificación multisectorial: Hoy tenemos compañías como General Electric que además de poseer un imperio mediático con NBC Universal (de la que forma parte la cadena NBC, Vivendi, MSNBC, Telemundo, iVillage…) también tiene propiedades en los sectores industrial y financiero. Como indicaron Herman y Chomsky, General Electric (y Westinghouse) está muy implicada «en las controvertidas áreas de la producción de armamentos y la energía nuclear.» David Edwards añadía que «es difícil concebir que la neutralidad de la prensa no se vea comprometida en estas áreas» (3).
La Telecommunications Act de 1996 aprobada por Bill Clinton dio el espaldarazo definitivo a los grandes conglomerados mediáticos. Permitió que cualquier empresa pudiese entrar en cualquier negocio de la comunicación y que empresas de distintos sectores, como una compañía de teléfonos y otra de cable, compitiesen. Un mismo propietario podría poseer 8 estaciones de radio en los grandes mercados y 5 en los pequeños, sin ningún límite en el total de las propiedades. En definitiva suponía eliminar trabas a la compra de empresas. Eric Klinenberg señaló que se «desreguló de tal manera el mercado de la difusión radiofónica que el número de propietarios de estaciones disminuyó en un 34% en siete años. Hoy día Clear Channel cuenta ella sola con más de 1200 radios. En algunas ciudades una única empresa posee la totalidad de las estaciones locales (…). Las cadenas televisivas están en la misma situación» (4). En 2000 el 77,5% de los ingresos de la radio fue a parar a las arcas de las cinco compañías principales. (5)
Si desde la época de Reagan cuando había unas 50 empresas mediáticas principales en 1983 se pasó a 10 en 1996, desde 1996 se pasó a 6 en 2001 como señalaron Herman y McChesney (6). Un estudio secreto de la propia FCC que sacó a la luz la Senadora Barbara Boxer en 2006, mostraba que entre 1996 y 2003 el número de estaciones de radio aumentó un 5,9% mientras que el número de propietarios cayó en un 35% (7).
En 1997 Clinton nombra miembro de la comisión a Michael Powell, hijo de Colin Powell, y en 2001 Bush lo nombra Presidente. Seguidor de la escuela de Chicago, -afirmó que la desregulación era su religión- pronto pasó a ser conocido como «Mr. Deregulation». Se trata de otro funcionario con claras relaciones políticas que trabajó por el robustecimiento de un poder mediático cada vez más monopolístico en lugar de velar por el interés público. Fue muy sonado el hecho de que su voto resultase decisivo para permitir que el pro-republicano Fox Television Holding de News Corporation adquiriese Chris-Craft y sus 10 canales de televisión. También cabe destacar que en 2000 cuando su padre, por aquel entonces Secretario de Estado, formaba parte del Consejo de Administración de America On Line (AOL) se produjo la famosa fusión con Time Warner con el apoyo determinante de Michael Powell. También Time Warner está bien relacionada con el poder político ya que ha donado un total de $14,120,917 a los partidos de EEUU de los cuales el 75% fue al Partido Demócrata y el resto al Republicano (datos hasta 2005) (8).
Otro dato que demuestra la colisión de intereses entre los poderes mediático y político es que «entre 1993 y junio de 2000, la industria de los medios de comunicación destinó 75 millones de dólares al financiamiento de las campañas electorales de los candidatos de los dos principales partidos que aspiraban a cargos federales». Peor aún, los favores y simpatías llegan hasta la FCC a cuyos miembros se les ofrecieron «1400 viajes, con todos los gastos pagados, entre 1995 y 2000» (9).
Es en este contexto de erosión democrática por incompatibilidad con el monopolio de la información por parte de compañías mediáticas entrelazadas con el poder político y económico que el presidente de la FCC Kevin J. Martin ha presentado un plan destinado a consolidar más aún esta situación. También Martin tiene amistades e intereses políticos ya que fue Ayudante Especial del Presidente en Política Económica (Special Assistant to the President for Economic Policy) y también Vice Director Jurídico (Deputy General Counsel) de Bush-Cheney en el Equipo de Recuento (Recount Team) de Florida en 2000.
Pero la experiencia del pasado nos demuestra que la sociedad civil junto a algún político decente es capaz de tumbar una propuesta de índole similar. La sociedad estadounidense aún tiene fresca en la memoria la incapacidad de Michael Powell de sobreponerse a la protesta popular frente a una reforma parecida a la que ahora plantea Martin. Tras ser validada por la FCC en 2003 se produjo, en palabras de Scott y McChesney, «una campaña publica masiva sin precedentes para anular la relajación en las normas de propiedad mediática de la Federal Communications Commission» (10). Más de 3 millones de ciudadanos contactaron a la FCC y al Congreso demandando que los controles contra los monopolios mediáticos se mantuviesen. Organizaciones sociales de todo tipo y color político se opusieron firmemente y las encuestas demostraban que la mayor parte de los estadounidenses se oponían a la reforma de la FCC. Debido a la presión pública finalmente fue invalidada por los tribunales. Esperemos que ese «gigante durmiente» que, según el miembro de la comisión Copps, despertó entonces vuelva a rugir.
Notas
(2) Gans, H.J. (2003), Democracy and the News. Oxford: Oxford University Press. 3)
